La Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM), a cargo del fiscal federal Gabriel González Da Silva, que contó con la coordinación de la auxiliar fiscal Paulina Gómez, presentó su “Informe estadístico de colaboraciones e investigaciones preliminares” correspondiente al primer cuatrimestre de 2025. El documento, elaborado por el área de estadística de la unidad, consigna que en el período comprendido entre enero y abril de 2025, se efectuaron 28 colaboraciones y se iniciaron 39 investigaciones preliminares.

Además, la UFIARM -que tiene competencia en todo el país- destacó el crecimiento sostenido, a través de instancias de cooperación, en su participación junto a las autoridades federales, en comparación a períodos previos. Señala el informe que “muchos de los delitos federales -como el narcotráfico, la trata de personas y los secuestros extorsivos - no pueden pensarse sin armas de fuego” y hace hincapié en la importancia de prevenir el tráfico de armas como medio “para controlar otras actividades delictivas”.

Por otra parte, el documento alertó sobre la tenencia de armas registradas ante los organismos de control aparezcan vinculadas por parte personas no inscriptas en las bases de datos de usuarios. Ello puede ocurrir por maniobras de desvío: sea que el arma sale de la legalidad por ser detentada por un usuario vencido; sea porque el arma aparece como registrada ante un legítimo usuario vigente, pero aparece en manos de una persona no autorizada.

Las cifras de las colaboraciones

De las 28 colaboraciones que prestó la UFIARM durante el primer cuatrimestre de 2025, la mayoría fueron a fiscales y jueces con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), seguidas por las autoridades de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Salta, Catamarca y Santa Cruz.

De esas solicitudes, el 42,9% provino del fuero ordinario. Los datos desagregados indican que, en el caso de la CABA, el 75% de los pedidos de colaboración provinieron del fuero ordinario, mientras que, en el caso de la provincia de Santa Fe, el 37,5% provino del fuero federal, otro 37,5% de áreas especializadas de la Procuración General de la Nación con competencia federal también, y un 25% del fuero ordinario. Finalmente, todos los pedidos efectuados en la provincia de Buenos Aires correspondieron a autoridades federales.

En cuanto al tiempo promedio de respuesta de los pedidos, del documento surge que fue de 2,4 días corridos (1,48 en días hábiles), con un 67,9% con respuesta dentro de las primeras 24 horas hábiles.

El informe también relevó -en la medida de lo posible- la cantidad de personas y armas involucradas en los pedidos de colaboración recibidos, de los que surge que se solicitaron informes sobre 30 armas y 81 personas.

Además, respecto al material controlado sobre el que se realizaron tareas colaborativas, el 77,8% correspondió a armas de uso civil condicional (22), el 14,8% versó sobre armas de uso civil (6) y el 7,4% fue sobre dos equipos contemplados en el Decreto 64/95: armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR.

Respecto a la situación registral de las armas, el informe señala que el 60% estaban registradas (18), el 16,7% no lo estaban (5) y del 26,3% no se pudo determinar (4). De las 18 armas registradas, nueve estaban a nombre de usuarios individuales, siete eran de armerías, una de las fuerzas de seguridad y una pertenecía a un usuario comercial (fábrica). Sin embargo, un solo usuario tenía sus credenciales vigentes.

“En el caso de personas respecto de las cuales se solicitó información en los pedidos de colaboraciones, el porcentaje de no inscriptos sigue siendo muy superior (64,2%) a los que sí lo estaban, de los cuales un 34,6% contaban con material registrado a su nombre, y el restante 1,2% figuraban inscriptos, pero sin material”, consignó el documento.

El informe destacó que “Si se toman en consideración tanto a los no inscriptos como a los inscriptos pero con su condición no vigente, vemos que el número de personas no habilitadas para tener armas de fuego representa el 96,3% del total de personas consultadas”.

Dentro del universo de las colaboraciones en investigaciones ordinarias y federales, se prestó colaboración en ocho casos de delitos vinculados a la Ley 23.737 de Estupefacientes, seis tenencias ilegales de arma de fuego, tres casos de encubrimiento, tres de amenazas y/o coacción, dos de robos y/o hurtos. También se registraron colaboraciones en respectivas investigaciones sobre abuso sexual, acopio de armas o municiones, contrabando, tráfico ilegal de explosivos, un homicidio, un caso de intimidación público, una portación de arma de fuego y tres sucesos sin especificar.

Investigaciones preliminares (IP)

El documento elaborado por la UFIARM también consigna que, durante el primer cuatrimestre de 2025, se iniciaron 39 investigaciones preliminares, que se sumaron a las 29 que continuaban en curso al 1° de enero.

En cuanto a las jurisdicciones desde donde se derivaron las investigaciones, se registró una incidencia de hechos remitidos al fuero ordinario (83,3%) de la provincia de Buenos Aires -por sobre el 16,7% remitido a autoridades federales de esa provincia-, seguido por dos denuncias remitidas al fuero federal y una al ordinario de la provincia de Corrientes.

También, durante el período analizado, se iniciaron seis investigaciones por hechos anoticiados por la Policía Federal Argentina y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que los 33 restantes tuvieron su génesis en denuncias de particulares.

Por otra parte, en los 30 casos relevados durante el primer trimestre, en tres no se pudo identificar a los autores o establecer su situación registral en la base de datos, mientras que en los 27 casos restantes se determinó que el 65,1% de las personas no estaban inscriptas en la base del Banco Nacional Informatizado de Datos (BNID) y el 34,9% sí lo estaba. Ahora bien, de las 15 personas inscriptas, el 53,3% contaba con su inscripción vigente de legítimo usuario de armas, mientras que el 46,7% restante presentaba alguna irregularidad en su condición. Es decir, de todas las personas investigadas, solo el 18,6% exteriorizaba – en principio – una situación registral regular.

Las IP iniciadas durante el período involucraron 62 armas, 54 de las cuales pertenecían a usuarios individuales y las ocho restantes a agencias o empresas de seguridad.

El informe también señaló que en 18 de los casos se investigaba la posible tenencia ilegítima de arma de fuego, en 8 amenazas o coacciones, 6 eran investigaciones por portación de arma de fuego, 4 eran entregas o provisión ilegal de armas, tres eran sobre acopio de armas o municiones y dos sobre falsificación de documentos Además, también se registraron respectivos casos de abuso de autoridad y/o violación de deberes de funcionario público, contrabando, daños, encubrimiento, infracciones a la Ley de Estupefacientes, lesiones, robos y/o hurtos y dos casos que se consignó el delito investigado.