La Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM) publicó su tercer informe estadístico sobre colaboraciones e investigaciones preliminares que abarca los datos anuales del 2024 y, tiene un apartado, además, con las estadísticas correspondientes al último cuatrimestre del año pasado.

El documento de la unidad fiscal a cargo del fiscal federal Gabriel González Da Silva, destaca que durante el 2024 prestaron 134 colaboraciones que fueron principalmente requeridas por autoridades fiscales y judiciales con asiento en la provincia de Santa Fe (46,3%), seguidas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (32,1%) y la provincia de Buenos Aires (12,7%).

De acuerdo al informe, respecto a la distribución de los pedidos de colaboración por fuero, la brecha entre las colaboraciones prestadas a autoridades con competencia ordinaria respecto a las autoridades federales sigue siendo amplia. En ese sentido, el primer fuero requirió 86 colaboraciones (64,2%) en tanto el segundo, 38 (28,4%). En base a estos datos.

La UFIARM advierte la necesidad de profundizar la difusión de su trabajo en las restantes provincias, “poniendo énfasis en las autoridades judiciales y fiscales con competencia federal”.

En cuanto al tiempo promedio de respuesta de los pedidos, del documento surge que fue de 4,47 días corridos (3,12 en días hábiles), con un 68,7% con respuesta dentro de las primeras 24 horas.

Sobre ello, el estudio también reporta que los pedidos de colaboración que se resuelven en el mismo día se vinculan a establecer la situación registral de personas y/o armas de fuego y/u otro tipo de colaboración sencilla.

En tanto, el informe destaca que los pedidos que requieren mayores tiempos de resolución normalmente están vinculados al análisis de actuaciones para la sugerencia de medidas de prueba, la asistencia en la formulación y delimitación de la hipótesis de trabajo, la evaluación de situaciones registrales complejas en supuestos de gran cantidad de imputados y/o material secuestrado, u otro tipo de caso que requiere, en muchos casos, la participación de varias personas del equipo de la unidad.

Con este dato, tal como surge en las conclusiones del documento, desde la UFIARM buscan promover que las autoridades fiscales y judiciales sientan confianza en canalizar a través de la oficina especializada lo relativo a la compulsa registral, lo que puede contribuir ágilmente a tener un panorama más certero de la plataforma fáctica cuando hay material controlado involucrado.

El informe resalta, además, que si bien hay colaboraciones que se desarrollan a través del tiempo, con acompañamientos técnico-jurídico a fiscalías en el área de competencia de la UFIARM, el promedio global de respuesta es de menos de cinco días, lo que da la pauta de la capacidad de respuesta instalada en la unidad.

El documento de la unidad fiscal a cargo del fiscal federal Gabriel González Da Silva, destaca que durante el 2024 prestaron 134 colaboraciones que fueron principalmente requeridas por autoridades fiscales y judiciales con asiento en la provincia de Santa Fe (46,3%), seguidas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (32,1%) y la provincia de Buenos Aires (12,7%).

Clasificación del material - ANMAC

Tal como se desprende del documento, el material sobre el que la UFIARM efectuó sus análisis resultó estar en un 60% registrado, esto implica que una persona –física o jurídica– lo declaró ante el organismo de control.

Así, expresa que esa registración pudo haber sido al momento de su fabricación, ante la Agencia Nacional de Marteriales Controlados (ANMAC); la importación al país; el reempadronamiento obligatorio fijado en 1993; la entrega voluntaria del arma para su destrucción a través del Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (cuya última prórroga venció el 31 de diciembre 2023); o alguna otra circunstancia excepcional de registración.

Con respecto a los titulares registrales, la UFIARM aclara que de ese 60% que resultó estar efectivamente inscripto, en la mayoría de los casos, el 84,6%, se trató de usuarios individuales (es decir, personas físicas) y el 8% de miembros de fuerzas de seguridad.

A su vez, desde la unidad reportaron que un 73,2% de las personas compulsadas, no estaba inscripta. En ese sentido, destacaron que en los hechos esto podría traducirse en que un gran número de personas no inscriptas fue hallada con material registrado.

Por estos motivos, para la UFIARM resultan fundamentales las tareas de rastreo para establecer el origen de las armas y, de ser posible, fijar el punto de desvío.

Asimimo, destacaron que el hecho de que del total de las personas efectivamente registradas, el 54,1% se encontrara con su condición de legítimo usuario vencida, con material registrado a su nombre, más allá de la cuestión penal, “invita a reflexionar sobre la necesidad de ajustar los controles estatales sobre esas tenencias”.

Investigaciones preliminares

Respecto a las investigaciones preliminares desarrolladas por la UFIARM, se replica lo ya detallado con respecto a las colaboraciones: un 77% de las investigaciones concluyeron en denuncias/remisiones a órganos con competencia ordinaria, con la mayoría remitidas a la provincia de Buenos Aires. Asimismo, el 67% de las investigaciones preliminares se inició a partir de hechos anoticiados por particulares.

En tanto, respecto de las denuncias al fuero federal, en un 43% de los casos fueron también a esa jurisdicción seguidos de la Capital Federal que registró un 15%.

Por otra parte, el documento refleja que los cinco delitos de competencia ordinaria más representados (73%) son: tenencia ilegal de arma de fuego, amenazas/coacción, entrega ilegal de armas de fuego, portación ilegal de armas de fuego y abuso de armas.

Respecto a las investigaciones preliminares desarrolladas por la UFIARM, se replica lo ya detallado con respecto a las colaboraciones: un 77% de las investigaciones concluyeron en denuncias/remisiones a órganos con competencia ordinaria, con la mayoría remitidas a la provincia de Buenos Aires.

El informe indica que la distancia observada entre las tenencias y portaciones ilegales, por un lado, y la entrega y comercialización ilegítima, por el otro, tanto en los pedidos de colaboración y denuncias recibidos en la UFIARM como en los datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), da la pauta de que un gran número de esos hechos son investigados de manera aislada, sin indagar cómo esas armas llegaron a manos no habilitadas para detentarlas.

La incidencia de los delitos ordinarios por sobre los de competencia federal también se reproduce en los hechos registrados en el SNIC, donde los primeros representan más del 90% de los hechos allí listados.

Tal como se desprende los informes cuatrimestrales pasados, la unidad entiende que corresponde hacer énfasis en la necesidad de investigar el origen de las armas cuando aparecen vinculadas a criminalidad compleja -narcotráfico y trata de personas– ya que según indican, esas organizaciones se sirven de armas de fuego para llevar adelante sus actividades criminales y, en otros casos, incluyen entre sus actividades el tráfico y fabricación ilícitos de armas de fuego y otros materiales controlados.

Para la UFIARM, la inexistencia de un tipo penal expreso que reprima el tráfico nacional e internacional de armas, en sus distintas modalidades, impacta sobre la labor de prevención de las fuerzas de seguridad y, también, respecto de las propias investigaciones judiciales que se orientan más a probar el delito federal específico -infracción a la ley de estupefacientes, trata de personas, etc.- que a indagar respecto de las armas ilícitas, que pasan a ser entonces, una cuestión satelital de aquellas y por las cuales únicamente se pone foco a su tenencia o portación ilegal y no a determinar si se verifica una empresa común que se dedique al comercio o a la adquisición ilícita de ambos elementos prohibidos.

Para concluir, desde la unidad entienden que visibilizar estos datos sumado al permanente ofrecimiento de colaboración a todas las autoridades fiscales y judiciales, servirá para generar conciencia sobre la importancia de poner el foco en las armas ilícitas, aunque no sean el centro de una pesquisa.

Tercer cuatrimestre 2024

De acuerdo al informe, durante el tercer cuatrimestre de 2024, período comprendido entre septiembre y diciembre inclusive, la UFIARM prestó 51 colaboraciones. Comparado con los cuatrimestres anteriores, en este se recibieron 22 pedidos más que en el primero (31) y casi la misma cantidad que el anterior (52), lo que implicó el sostenimiento del incremento logrado a partir de mayo de 2024.

En relación a las jurisdicciones desde donde se solicitaron esas colaboraciones, durante el tercer cuatrimestre, la provincia de Santa Fe abarcó el 56,9% de los pedidos (29) seguidas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (9) con el 17,6% y la provincia de Buenos Aires (7) con el 13,7%.

Según se desprende del documento, la UFIARM durante el tercer cuatrimestre del 2024, continuó con investigaciones de carácter dogmático y en propuestas normativas como, por ejemplo, el informe “Normas nacionales sobre armas de fuego y otros materiales controlados - Primer semestre de 2024”.