La titular de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y titular del Programa para la Protección de Usuarios y Consumidores (PPUyC), Gabriela Boquin, encabezó la jornada “Los desafíos del derecho de las/os consumidores en la actualidad”. El encuentro, con motivo de los 10 años de creación del PPUyC en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, tuvo lugar el miércoles pasado en el salón auditorio “Nelly Ortíz” de la sede de la Procuración General de la Nación, en avenida de Mayo 760.

Tras la bienvenida y presentación de la jornada -a cargo de las integrantes del PPUyC, Eva Belén Canini y Julia Galina- tuvo lugar el primer panel sobre “La importancia y obligatoriedad de la intervención del MPF en las contiendas jurisdiccionales de relaciones de consumo”.

La integrante y la coordinadora del PPUyC, Julia Galina y Gabriela Nucciarone; la titular del programa y de la Fiscalía General ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín; la secretaría de la Fiscalía General, Mariana Pan Nogueras; el prosecretario del PPUyC, Juan Martín Brun; y el abogado Gastón Zentner. Foto: Programa de Protección de Usuarios y Consumidores.

Allí expuso la fiscal general Boquin, quien recordó las bases fundacionales del programa en esta década de trabajo y los fundamentos normativos que respaldaban su labor. Además, dejó en claro que los desafíos a futuro son muchos y que el derecho elemental a resguardar es el acceso a la justicia por parte de los consumidores.

Luego fue el turno de la coordinadora del programa, Gabriela Nucciarone, quien se refirió a los problemas que enfrentan los consumidores de servicios de medicina prepaga ante la desregulación efectuada por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°70/23. En tal sentido, argumentó que, frente a la falta de un control administrativo previo, la Justicia y el Ministerio Público Fiscal tuvieron que afrontar el desafío de resolver acciones de amparo presentadas por distintos consumidores. Así, señaló que resultaron elementales los dictámenes para prevenir el abuso de posición dominante y equilibrar una relación contractual cada vez más desigual, en la tutela de los consumidores hipervulnerables.

A su turno, la secretaria de la Fiscalía General ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Mariana Pan Nogueras, hizo hincapié en el trabajo conjunto entre el PPUyC y la Fiscalía General en aquellos casos de secuestros prendarios en lo que se demandaba a personas consumidoras. Así, indicó que la Ley de Prenda con Registro -promulgada cuatro décadas antes que la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor (LDC)- no era compatible con derechos elementales de las personas consumidoras contemplados en la Constitución Nacional. Por ello, entendió que el MPF debía intervenir en este tipo de relaciones asimétricas.

Luego, el prosecretario del PPUyC Juan Martín Brun, expuso sobre el rol del MPF en la homologación de acuerdos transaccionales en las acciones colectivas, en tutela de los intereses generales de la sociedad. En ese contexto, planteó la problemática que se daba cuando, en este tipo de procesos, las partes llegaban a un acuerdo sin que los consumidores beneficiados hubieran participado en la organización. Por ello, sostuvo la importancia de que el programa asumiera un rol activo en sus intervenciones y efectuara análisis cualitativos y cuantitativos de los acuerdos, con el fin de resguardar los derechos de los consumidores.

El panel concluyó con las conclusiones del abogado especialista en Derecho del Consumo, Gastón Zentner.

El segundo panel trató sobre “Temas de actualidad y desafíos del derecho y acceso a la jurisdicción en las relaciones de consumo: seguros, Inteligencia Artificial (IA), salud, sistema financiero y créditos para el consumo” y estuvo moderado por la integrante del PPUyC Natalia Di Salvo, quien cedió la palabra a la jueza y presidenta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Alejandra Tevez. La magistrada se explayó sobre las problemáticas actuales en las relaciones de consumo y, muy específicamente, a las estafas virtuales -phishing- donde los usuarios y consumidores ven vulneradas sus cuentas bancarias o billeteras virtuales a través de maniobras fraudulentas. Así, se refirió a la aplicación de la LDC y la normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para abordar la responsabilidad de las entidades financieras, al tiempo que alertó sobre el aumento de este tipo de casos en la jurisdicción.

El abogado Rubén Morcecian; la jueza y presidenta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Alejandra Tevez; el académico Waldo Sobrino; y la integrante del PPUyC, Natalia Di Salvo. Foto: Programa de Protección de Usuarios y Consumidores.

Luego fue el turno de Waldo Sobrino, destacado académico en materia de seguros, quien abordó la relación entre la neurociencia y el derecho, en particular sobre el estudio de la toma de decisiones por parte de los usuarios y consumidores. Así, enfatizó en la necesidad de humanizar el derecho y la incidencia de las nuevas tecnológicas, Big Data e Inteligencia Artificial (IA) en las relaciones de consumo donde se ve involucrada una compañía de seguros.

Finalmente, el panel concluyó con la ponencia del abogado y académico especialista en derecho comercial Rubén Morcencian, quien se refirió al “pagaré de consumo” y la distinta jurisprudencia sobre el tema. Además, puntualizó sobre el riesgo que implica habilitar las prácticas abusivas de la suscripción de dichos instrumentos y la imposibilidad de las/os consumidores de ejercer una adecuada defensa de sus derechos frente a los procesos ejecutivos.

Morcencian también coincidió con Sobrino respecto a la importancia de erradicar aquellas prácticas que agudicen el desequilibrio gestacional de las relaciones de consumo.