El fiscal federal Félix Crous y la auxiliar fiscal Nuria Piñol requirieron este martes la ampliación de la acusación para tres de los cuatro exmilitares de la Fuerza Aérea acusados en el juicio por crímenes de lesa humanidad perpetrados en el circuito represivo de la zona oeste del conurbano bonaerense durante la última dictadura militar, que lleva a cabo el Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín.
En su intervención, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que se intime al exteniente primero de la I Brigada Aérea de El Palomar, Juan Carlos Herrera, al excapitán de la VIII Brigada Aérea de Moreno, Ernesto Rafael Lynch; y al excabo primero de la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA), Julio César Leston, por hechos que calificaron como abusos deshonestos, violaciones, privaciones ilegales de la liberad e imposición de tormentos, abandono de personas y allanamientos ilegales.
En el juicio -iniciado el 27 de agosto del año pasado- también se encuentra acusado el excabo primero de la I Brigada Aérea de El Palomar, José Juan Zyska. Los cuatro exmilitares llegaron a juicio imputados por los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de 112 víctimas en total. Si el tribunal acepta el requerimiento de la fiscalía, aproximadamente 90 hechos se sumarán a los anteriores, que damnifican a más de 75 víctimas que no integraban el objeto procesal del debate.
En el inicio del juicio estuvo imputado el excabo de la Fuerza Aérea Juan Carlos Vázquez Sarmiento, quien falleció. Los hechos por los cuales llegó acusado serán abordados en un “juicio por la verdad” que se realizará al finalizar este juicio, luego de que el tribunal -integrado por María Claudia Morgese Martín, Silvina Mayorga y Walter Venditti- receptara en mayo pasado el pedido que las querellas y la fiscalía realizaron en ese sentido.
“Las mismas personas que fueron privadas de su libertad y sometidas a tormentos sufrieron, en los mismos lugares, diversas formas de abuso sexual, y todos esos ilícitos ocurrieron en un mismo contexto y como consecuencia de decisiones tomadas por los mandos militares que aquí están siendo juzgados”, marcó la fiscalía.
El circuito represivo de la zona oeste del conurbano bonaerense formaba parte de la subzona militar 16 y tuvo sus sedes en la RIBA, la casona de Morón conocida como “Mansión Seré”, la I Brigada Aérea de El Palomar, la VII Brigada Aérea de Morón, la VIII Brigada Aérea de Moreno, y en diferentes dependencias policiales, principalmente las comisarías de Castelar y Moreno, la subcomisaría de Francisco Álvarez y el destacamento de Paso del Rey.
Delitos sexuales y delitos contra infancias y otros familiares
“Las mismas personas que fueron privadas de su libertad y sometidas a tormentos sufrieron, en los mismos lugares, diversas formas de abuso sexual, y todos esos ilícitos ocurrieron en un mismo contexto y como consecuencia de decisiones tomadas por los mandos militares que aquí están siendo juzgados”, marcó la fiscalía, y en tal sentido puso de relieve que “la violencia sexual fue parte de la continuidad delictiva entre el secuestro, tortura y homicidio masivo de personas”.
Como novedad, se incluyó el caso de los abusos sexuales cometidos contra un conscripto en la Base Aérea de Moreno, por parte de un militar de las fuerzas de tareas que dependía de Lynch.
Por otro lado, la ampliación incluyó hechos que tuvieron como víctimas a niños. “En casi todos los casos, se trata de hechos que damnifican a familiares o allegados de las víctimas de la causa, la gran mayoría niños, niñas o adolescentes, que también sufrieron la violencia en carne propia en esos operativos y allanamientos, en los que estaban presentes”, enfatizó la fiscalía.
En este sentido, detalló que niñas y niños “fueron privados de la libertad durante el desarrollo de esos operativos, de diversas formas: fueron amenazados, atados, encerrados, maltratados; en algunos casos golpeados, apuntados con armas y sometidos a tormentos”.
“Las prácticas represivas generaron escenarios en los que numerosos niños, niñas y adolescentes y familiares fueron expuestos a una práctica sistemática de violencia. Este es otro fenómeno que debe ser esclarecido, en el marco del proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad”, puntualizaron los representantes del Ministerio Público Fiscal.
Fundamentación y responsabilidad de los acusados
La fiscalía consideró que los hechos que integran la ampliación de la acusación “son ‘interdependientes’ con aquellos hechos que fueron descriptos en el requerimiento de elevación a juicio, conformando todos ellos una unidad histórica y contextual y vinculados a un grupo de víctimas”.
“Las prácticas represivas generaron escenarios en los que numerosos niños, niñas y adolescentes y familiares fueron expuestos a una práctica sistemática de violencia. Este es otro fenómeno que debe ser esclarecido, en el marco del proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad”, puntualizaron los representantes del Ministerio Público Fiscal.
“Lo que aquí imputamos mediante la regla de la ampliación, versa sobre su intervención en el aparato represivo, que incluyó la comisión de distintos hechos con significación jurídico penal, delitos de diversa índole debido a los diferentes bienes lesionados: secuestro, ingreso al centro clandestino, la permanencia durante largos períodos, el sometimiento a tormentos, el abuso y la violación (prioritariamente de las mujeres), la posterior liberación, el blanqueo o los “traslados”, como eufemísticamente se nombró a los asesinatos”, detalló.
En relación con la responsabilidad de los imputados, la fiscalía sostuvo: “Las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos desarrollados, nos permite ubicar a Herrera, Lynch y Leston entre sus responsables en razón de su dominio sobre el circuito represivo, los centros clandestinos Mansión Seré, VIII Brigada Aérea de Moreno y Comisaría de Moreno y las subdependencias a su cargo; y RIBA y Comisaría de Castelar”.
El detalle de la ampliación
La fiscalía solicitó ampliar la acusación con el siguiente detalle: