En la décima jornada del juicio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos exchoferes, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°7 continuó ayer con la lectura del requerimiento de elevación a juicio en la investigación por la cartelización de la obra pública civil en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales.

En esta causa -que es un desprendimiento de la causa “Cuadernos”- se les imputan a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (72), otros cinco funcionarios y 43 empresarios, de acuerdo a cada caso, los delitos de asociación ilícita -en calidad de miembros-, cohecho pasivo y cohecho activo. Ello, por los cobros de anticipos financieros a representantes estatales, que facilitaron la cartelización de la obra pública civil, a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales, denominada “La Camarita”.

Así, en la jornada de ayer, se concluyó la lectura de los aportes de los restantes seis imputados colaboradores y se avanzó con la valoración de la prueba efectuada oportunamente por el fiscal Carlos Stornelli, en su requerimiento de elevación a juicio del 20 de noviembre de 2019, ante el fallecido juez Claudio Bonadío.

El TOCF N°7 está integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, junto a su colega Néstor Costabel como cuarto juez.

La acusación está a cargo de la fiscal general Estela Fabiana León, titular de la Fiscalía General N°5 ante los TOCF, junto al fiscal coadyuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares fiscales Guido Ambrosio y Claudio Nimis.

El debate continuará el próximo jueves a las 9, cuando se terminará de leer el acápite sobre “autoría y participación” y se abordará el requerimiento formulado por la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo del abogado Mariano Galpern,

La décima jornada de juicio

El debate se reanudó pasadas las 13.45 y, tras confirmar la presencia de las personas imputadas y sus defensas, el secretario Ernesto Javier Ruíz informó que se eximió de participar en la audiencia de hoy a Juan José Luciano (82) -titular de Luciano S.A.- dado que se encontraba con reposo médico por una descompensación que padeció ayer en la vía pública.

La jornada continuó con la lectura de los aportes brindados, en calidad de colaboradores, de los restantes seis imputados Patricio Gerbi (70) -presidente de Coarco S.A. / Equimac S.A. (UTE)-; el fallecido Juan Chediack -presidente de José Chediack SAICA-; Carlos Guillermo Enrique Wagner (82) -expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), entre 2004 y 2012 y presidente del directorio de la firma ESUCO S.A.-; Aldo Benito Roggio (81) -Presidente del Grupo Roggio S.A.-; Ángel Jorge Antonio Calcaterra (67) -accionista mayoritario de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) S.A. y IECSA S.A.-; y Marcela Edith Sztenberg (59) -vicepresidenta de Equimac S.A.-.

Luego, se leyó la valoración de la prueba efectuada por el fiscal Stornelli en su requerimiento, respecto de Fernández de Kirchner, el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido (75) y del exsecretario de Obras Públicas y de Transporte de la Nación, José Francisco López (65); y al dueño de la financiera Inverness S.A., Ernesto Clarens (74); a quienes se les imputó la coautoría de reiterados cohechos pasivos.

Tras un cuarto intermedio, se reanudó la lectura del análisis de la prueba recabada -para sustentar la acusación como miembros de la asociación ilícita- contra el exgerente de Administración de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y ex empleado de la financiera Inverness S.A. -entre los años 2003 y 2005- Sergio Hernán Passacantando (50); al exadministrador general de la DNV, Nelson Guillermo Periotti (80); y al exgerente de Obras y Servicios Viales y Subadministrador General de Vialidad, Sandro Férgola (60).

Seguidamente, se leyeron los fragmentos de la valoración probatoria atinente a los empresarios, acusados por cohecho activo, Miguel Marcelino Aznar (75) -presidente de Vialco S.A. y Decavial SAICAC-; Hugo Alberto Dragonetti (76) -director de Panedile Argentina S.A.-; Gabriel Pedro Losi (67) -vicepresidente de Losi S.A.-; Gerbi; Chediack; Roggio; Ricardo Santiago Scuncia -integrante del Grupo Roggio S.A.-; Calcaterra; Héctor Javier Sánchez Caballero (70) -directivo de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) S.A. y IECSA S.A.-; Santiago Ramón Altieri (71) -directivo de IECSA S.A.-; Gerardo Luis Ferreyra (75) -exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S. A. y representante de las firmas Grupo Eling S. A. y Vialco S. A.-; Miguel Ángel Marconi (66) -directivo de Supercemento S.A.I.C.-; Osvaldo Atenor Acosta (75) -accionista mayoritario de Electroingeniería S.A.-; Sztenberg; Silvio Mion (89) -integrante de Equimac S.A.-; Daniel Claudio Pitón (60) -integrante de José Eleuterio Pitón S.A.-; Roberto Juan Orazi (72) -presidente de Hidraco S.A.-; y Julio José Paolini (63) -presidente de Paolini Hnos. S.A.-.

En la décima jornada del debate continuaron con la lectura del requerimiento de elevación a juicio del MPF por las maniobras en la cartelización de la obra pública civil. Foto: captura de Zoom

En este apartado de la pieza procesal el representante del Ministerio Público Fiscal recordó lo plasmado en el requerimiento de la causa “Cuadernos”, respecto a la existencia de una asociación ilícita que habría funcionado entre 2003 y 2015, en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, y que estaría encabezada por Fernández de Kirchner y el fallecido expresidente Néstor Kirchner. La misma estaría organizada por el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido (75); el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión esa cartera, Roberto Baratta (52); el empresario Wagner y el dueño de la financiera Inverness S.A., Ernesto Clarens (74).

Por otra parte, señaló que, en calidad de miembros, el secretario privado de Baratta, Nelson Lazarte (47); el extitular del Órgano de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti (67); el secretario privado de De Vido, José María Olazagasti (50); el exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens (56); el exsecretario de Obras Públicas y de Transporte de la Nación, José Francisco López (65); el extitular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas, Germán Nivello (57); el exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S. A. y representante de las firmas Grupo Eling S. A. y Vialco S. A., Gerardo Luis Ferreyra (75); el chofer de Baratta, Oscar Bernardo Centeno (70); y el exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas (70) “desplegaron las acciones tendientes a concretar la recaudación de fondos y/o reconducción de los mismos hacia los estamentos superiores de la organización”.

Stornelli también sostuvo que la organización investigada desarrolló “un plan global en el cual implementaron una logística específica y concreta de recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros, entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.

Así, el fiscal federal indicó que en la causa denominada “La Camarita”, se investigó a “aquella parte de la organización criminal focalizada en el direccionamiento de la adjudicación de licitaciones de obras públicas civiles, desde la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Más precisamente, se ciñó a aquellos pagos ilegales, vinculados a contratos de obra pública civil, coordinados desde la Dirección Nacional de Vialidad que fueron canalizados a través del financista Ernesto Clarens; encargado principal de la faz recaudatoria, junto con José Francisco López”. En este tramo de la pesquisa, Stornelli, imputó también a Passacantando, Periotti y Férgola, como integrantes de la asociación ilícita.

Además, sostuvo que “Wagner diagramó el funcionamiento y puso en práctica el sistema de recolección ilegal en el ámbito de la Cámara Argentina de Empresas Viales, en el marco de la cual se nominaba a las empresas postulantes que podían llegar a ganar una licitación aun sin contar con los requisitos legales establecidos”, señaló Stornelli en su requerimiento y añadió que Clarens “era quien recibía directamente los pagos provenientes de empresas del rubro de la construcción vial, siendo el único encargado, desde un comienzo, de cambiar las divisas y de realizar las tratativas necesarias para poder girarlos luego a los destinatarios finales”.

También, se leyeron los pagos que hicieran los distintos empresarios imputados “a la organización criminal encabezada por Cristina Elisabet Fernández, con el propósito de que funcionarios públicos del entonces Poder Ejecutivo de la Nación, hicieran o dejaran de hacer algo relativo sus funciones” para beneficiar a las compañías que representaban.

A las 18, el Tribunal dispuso un nuevo cuarto intermedio hasta el jueves, cuando se terminará con la lectura de la valoración probatoria respecto de los restantes 24 empresarios imputados, y se leerá el apartado “Autoría y participación” de la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal, y los cinco primeros párrafos de  contestación de la vista del 4 de diciembre de 2019, en la causa “La Camarita”.

El debate

La investigación desarrollada por Stornelli se centró en cuatro ejes: los cobros a empresarios que el chofer Centeno asentó en sus cuadernos, las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública civil, a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales.

El juicio comenzó el 6 de noviembre pasado, con la lectura de parte del primer requerimiento de elevación a juicio donde se abordaron las imputaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de dádivas atribuidas a los principales funcionarios acusados entre ellos, a la expresidenta Fernández de Kirchner. La lectura continuó en las jornadas del 13, 20, 25 y 27 de noviembre, cuando concluyeron con la primera pieza acusatoria y avanzaron con la acusación por cohecho pasivo, cohecho activo, admisión de dádivas y recepción de dádivas, plasmada en el segundo tramo de la investigación.

También, en la jornada del 27 de noviembre comenzaron a leer el tercer requerimiento de elevación a juicio del fiscal Stornelli, cuya lectura concluyeron el 4 de diciembre pasado, luego de que el martes anterior se destinara la audiencia a dar tratamiento al planteo de recusación formulado por la defensa de De Vido, el cual fue rechazado.

Asimismo, en el 9 y 11 de diciembre pasados se leyeron los apartados “El inicio de la causa”, “Los hechos”, “Los descargos” y parte del acápite “Los acuerdos de colaboración” -sobre los aportes efectuados por los imputados López, Aznar, Clarens y Losi- del cuarto requerimiento de elevación a juicio, en el que se investigó la cartelización de la obra pública civil, a través de los integrantes de la Cámara Argentina de Empresas Viales.

El listado completo de las 86 personas imputadas puede consultarse aquí.

Próximas audiencias

Está previsto que el 18 de diciembre próximo se culmine con la lectura de los apartados “La valoración probatoria” y “Autoría y participación” de la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal, y los cinco primeros párrafos de la contestación de la vista del 4 de diciembre de 2019, en la causa “La Camarita”. Asimismo, se estima que leerán los apartados “Relación circunstanciada de los hechos y motivos” y “Calificación legal” del requerimiento formulado por la UIF.

El 23 de diciembre se leerán los requerimientos de la Fiscalía Federal N°4, en las causas “Trenes” y “Corredores Viales”, respecto de las maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos para esas actividades.