El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°7 leyó hoy las acusaciones del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera (UIF), por las irregularidades en la adjudicación de contratos ferroviarios. Se trata de un desprendimiento de la causa “Cuadernos”, seguida a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (72), otros 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos exchoferes.

El tribunal está integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, junto a su colega Néstor Costabel como cuarto juez.

En representación del Ministerio Público Fiscal, interviene la fiscal general Estela Fabiana León -a cargo de la Fiscalía General N°5 ante los TOCF de la Capital Federal- junto al fiscal coadyuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares fiscales Guido Ambrosio y Claudio Nimis.

Finalmente, por la querella que representa a la UIF, participa el abogado Mariano Galpern.

La duodécima jornada

En la audiencia de hoy, que comenzó a las 9.15, se exceptuó de participar a Fernández de Kirchner -la expresidenta fue operada de urgencia el sábado pasado por un cuadro de apendicitis- y a los coimputados Ernesto Clarens -dueño de la financiera Inverness S.A.- y Tito Biagini -integrante de la firma Cartellone Construcciones Civiles S.A.-, por razones de salud.

Luego, se finalizó con la lectura de los restantes fragmentos del requerimiento efectuado por la UIF, del 22 de noviembre de 2019. La presentación, suscripta por los abogados Mariano Federici y Martín Alejandro Olari Ugrotte -extitular y exfuncionario, respectivamente- de ese organismo, se dio en el marco de la causa en la que se investigó a la exmandataria, otros cinco funcionarios y 43 empresarios por la cartelización de la obra pública civil a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales.

Tras ello, se leyeron “Los hechos” del quinto requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal federal Carlos Stornelli, el 16 de julio de 2019, en el marco de la investigación denominada “Trenes”, por la adjudicación de contratos ferroviarios y de subterráneos, y de balizamiento y mantenimiento de la hidrovía del río Paraná.

Allí, el representante del Ministerio Público Fiscal imputó a la expresidenta;  al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido (75); a los exsecretarios de Transporte de la Nación Ricardo Raúl Jaime (70) y Juan Pablo Schiavi (68); y a los empresarios Aldo Benito Roggio (81) -presidente del Grupo Roggio S.A. y titular de Metrovías S.A.- y Benjamín Gabriel Romero (73) -Titular de Hidrovía S.A.-, por las maniobras para garantizar la adjudicación y continuidad de las concesiones y erogaciones estatales a las firmas Metrovías S.A. -que explotaba el ferrocarril Urquiza y los subtes de la Ciudad de Buenos Aires-, Ferrovías -entonces a cargo del Ferrocarril Belgrano Norte-, e Hidrovía S.A. -concesionaria del corredor fluvial del Río Paraná, entre el puerto de Santa Fe y el kilómetro 205,3 del Canal Punta Indio, en la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata exterior-.

En tal sentido, Stornelli consideró que la organización de la asociación ilícita liderada por la exmandataria y organizada por De Vido, “en el área de transporte se encontró a cargo de Ricardo Raúl Jaime, Secretario de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, quien actuó en su establecimiento y ordenamiento, y se encargó de organizar el funcionamiento del sistema participando activamente en los actos de recaudación durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2003 y el 1 de julio de 2009”.

En cuanto a Schiavi, el fiscal federal lo señaló “como miembro de esa asociación ilícita” y consideró que “desplegó las acciones tendientes a concretar la recaudación de fondos y/o reconducción de los mismos hacia los estamentos superiores de la organización desde el 1 de julio de 2009 y hasta el 7 de marzo de 2012”.

Ambos funcionarios habrían recaudado, para las máximas autoridades de la organización, el 5% de los contratos celebrados con los empresarios.

Además, en esta investigación, se le imputó a Fernández de Kirchner, De Vido, Jaime y Schiavi los delitos de cohecho pasivo, al tiempo que se consideró a los empresarios Roggio y Romero como coautores de reiterados cohechos activos.

También, se leyeron los descargos de las personas acusadas -quienes negaron los hechos endilgados-; los aportes de los imputados colaboradores Roggio, Romero, y el fallecido secretario privado de los Kirchner, Víctor Fabián Gutiérrez; y los acápites sobre “La valoración probatoria” y “La calificación jurídica” efectuadas por el fiscal Stornelli.

La duodécima jornada del debate por la causa Cuadernos continuó con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio. Foto: captura de Zoom

La jornada continuó con la lectura de los puntos “Relación circunstanciada de los hechos”, “El vínculo de los imputados Roggio y Romero con los exfuncionarios nacionales” y “Calificación legal y autoría” de la presentación de la UIF del 24 de agosto de 2019, suscripta por su extitular Mariano Federici y el integrante del organismo, Martín Vignale.

Previo a que el TOCF N°7 dispusiera un nuevo cuarto intermedio hasta el 30 de diciembre a las 9 -cuando se leerán los requerimientos del Ministerio Público Fiscal y la UIF, en la causa “Corredores Viales”-, la fiscal general Fabiana León solicitó la palabra y consultó sobre el desarrollo de las próximas audiencias.

“Observo que se pusieron audiencias los martes a partir de las 13.30, los jueves continuarían a las 9. Quería preguntar sobre la audiencia del 19 de febrero”, sostuvo la fiscal general. Ante ello, el presidente del Tribunal confirmó la fijación de las audiencias para febrero de 2026 y aclaró que, en los próximos días, se fijaría un cronograma.

Además, ante la consulta de la fiscal general, el juez Mendez Signori indicó que se seguiría con la modalidad virtual para el tratamiento de las cuestiones preliminares planteadas por 19 defensas, mientras que, las declaraciones indagatorias de las personas imputadas se harán de forma presencial.

El juicio

La investigación desarrollada por Stornelli se centró en cuatro ejes: los cobros a empresarios que el chofer Oscar Bernardo Centeno (70) asentó en sus cuadernos, las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública civil, a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales.

El juicio comenzó el 6 de noviembre pasado, con la lectura de parte del primer requerimiento de elevación a juicio donde se abordaron las imputaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de dádivas atribuidas a los principales funcionarios acusados entre ellos, a la expresidenta Fernández de Kirchner. La lectura continuó en las jornadas del 13, 20, 25 y 27 de noviembre, cuando concluyeron con la primera pieza acusatoria y avanzaron con la acusación por cohecho pasivo, cohecho activo, admisión de dádivas y recepción de dádivas, plasmada en el segundo tramo de la investigación.

También, en la jornada del 27 de noviembre comenzaron a leer el tercer requerimiento de elevación a juicio del fiscal Stornelli, cuya lectura concluyeron el 4 de diciembre pasado, luego de que el martes anterior se destinara la audiencia a dar tratamiento al planteo de recusación formulado por la defensa de De Vido, el cual fue rechazado.

Asimismo, en el 9, 11, 16 y 18 de diciembre pasados se leyó el cuarto requerimiento de elevación a juicio del MPF y se comenzó con el de la UIF, en la causa “Camarita”, en la que se investigó la cartelización de la obra pública civil, a través de los integrantes de la Cámara Argentina de Empresas Viales.

El listado completo de las 86 personas imputadas puede consultarse aquí.