El Juzgado Federal N°1 de Tucumán citó hoy a indagatoria a 49 acusados por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 581 víctimas en el marco de la megacausa conocida como “Operativo Independencia III”. El juez José Manuel Díaz Vélez hizo lugar a un pedido formulado por la Oficina de Derechos Humanos y la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, a cargo de Pablo Camuña y Agustín Chit respectivamente, y que había sido reiterado por este último para que se estableciese un cronograma de audiencias.

Las indagatorias se realizarán a través de videoconferencia mediante la plataforma WhatsApp: comenzarán el próximo 31 de marzo y finalizarán el 31 de agosto. Además, para garantizar la comparecencia, el magistrado Díaz Vélez prohibió que las personas imputadas salgan del país sin autorización previa, por lo que ordenó notificar a la Dirección Nacional de Migraciones y al Ministerio de Seguridad de la Nación para que procedan de inmediato a su detención en el caso de que intenten eludir la restricción.

Entre los imputados hay exintegrantes del Ejército Argentino, de Gendarmería Nacional, de la Policía Federal Argentina (PFA), de la policía de la provincia de Tucumán, a un exintegrante del Poder Judicial Federal de Tucumán y a un civil. Del total de personas involucradas, 23 son acusados por primera vez en procesos por crímenes de lesa humanidad. Entre ellos se encuentran exmiembros de la PFA que se desempeñaban en el centro clandestino de detención que funcionó en la Delegación Tucumán de esa fuerza, así como exagentes del Destacamento de Inteligencia 142, de distintos regimientos de infantería y de Gendarmería Nacional.

El caso

Se trata de la tercera acusación vinculada al “Operativo Independencia”. Los dos tramos anteriores fueron juzgados en debates orales entre 2016 y 2020. En esta etapa, se investigan los hechos sufridos por 581 víctimas, lo que convierte al caso en el de mayor volumen procesal tramitado por el Ministerio Público Fiscal en la jurisdicción.

El 29 de diciembre pasado, el Ministerio Público Fiscal realizó el pedido de indagatorias, en el que atribuyó a los imputados su intervención en un ataque generalizado y sistemático contra la población civil tucumana, desplegado entre el 5 de febrero de 1975 y el 23 de marzo de 1976, en el contexto del denominado “Operativo Independencia”. Según la pieza acusatoria, los hechos se enmarcan en un plan criminal de persecución y exterminio de opositores políticos ejecutado por fuerzas armadas y de seguridad, con apoyo de sectores civiles, durante un gobierno constitucional que toleró o dio su consentimiento al desarrollo de esos eventos criminales.

Respecto de las víctimas, la mayoría fue secuestrada en el interior de la provincia, especialmente en la zona sudoeste, epicentro del operativo. De las 581 personas incluidas en este tramo, 50 continúan desaparecidas, cuatro fueron asesinadas y nueve fueron identificadas en fosas de inhumación clandestinas.

La investigación también abordó de manera específica las violencias sexuales padecidas, principalmente por mujeres y niñas —entre ellas 32 niñas y adolescentes—, así como los hechos sufridos por 67 niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, dos de los cuales nacieron durante el cautiverio de sus madres.