El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 comenzó hoy con el debate por la causa “Sueños Compartidos”, donde se juzga el desvío de más de 200 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales. Entre los imputados se encuentran el exministro de Planificación Federal Julio De Vido junto a otros dos exfuncionarios y los antiguos apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender.

El Ministerio Público Fiscal es representado por la Fiscalía General N°6 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Diego Velasco, junto al fiscal coadyuvante Juan Argibay Molina y el auxiliar fiscal Diego Puñet. 

Ante los magistrados Adriana Palliotti, Horacio Obligado y Adrián Grunberg, se leyeron los requerimientos de elevación a juicio tanto de la fiscalía como de la querella, que es llevada adelante por la Unidad de Información Financiera (UIF). 

Foto: captura de Zoom

En el requerimiento del MPF, realizado por la fiscal federal Paloma Ochoa, se señaló a los nueve imputados como responsables del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, aunque con distintos grados de participación. Mientras De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exsubsecretario Abel Fatala son señalados como coautores; los hermanos Schoklender fueron considerados partícipes necesarios mientras que Daniel y Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin fueron apuntados como partícipes secundarios de la maniobra.

Tras las cuestiones preliminares, varios de los imputados se negaron a declarar en este momento del debate. En el caso de De Vido, negó "total y categóricamente los hechos" y se remitió a la indagatoria que brindó durante la instrucción. El debate continuará el próximo miércoles 11 de agosto, con la indagatoria del imputado Freidin.

Dada la magnitud de la causa, la fiscalía solicitó la citación de 92 testigos mientras que la UIF propuso 17 y las defensas de los hermanos Schoklender ofrecieron más de 120 personas.

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El caso

Según la investigación, los acusados habrían formado parte de una estructura delictiva dedicada, entre 2005 y 2011, a la comisión de diversos hechos ilícitos vinculados con la administración fraudulenta de fondos públicos. El juicio se centra en el tramo de la maniobra donde se orquestó un mecanismo para que obras de construcción de viviendas fueran adjudicadas directa e irregularmente a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Según la hipótesis de la fiscalía, la Secretaría de Obras Públicas transfirió un total de $748.719.414,64 para la ejecución de las obras. De ese monto, se determinó que $206.438.454,05 (un 23,54% de la financiación total) fueron sustraídos de su destino específico para procurar beneficios patrimoniales indebidos a los involucrados y a terceros.

Irregularidades en la ejecución de las obras

La fiscalía sostuvo que las adjudicaciones se concretaron sin licitación previa y bajo un esquema donde el Ministerio de Planificación aportaba el financiamiento mientras que los municipios y provincias quedaban relegados a un rol de fiscalización técnica secundaria. 

Entre las irregularidades detectadas en la ejecución destacaron la ausencia de controles y la debilidad en las inspecciones por parte de las unidades ejecutoras nacionales y locales Además, hicieron foco en la falta de planes de trabajo ajustados a calendario, lo que impidió monitorear el ritmo de las obras.

Otro de los puntos cuestionados fueron los presupuestos realizados sin apertura de ítems, lo que dificultó el cálculo de costos y derivó en valores de metro cuadrado superiores a los fijados por programas oficiales como "Techo Digno".

La acusación señaló que, para asegurar el éxito de la maniobra, los funcionarios nacionales habrían condicionado el envío de fondos a las provincias y municipios a la contratación directa y excluyente de la Fundación.

La maniobra defraudatoria habría tenido como correlato el lavado de activos canalizados en varias operaciones, cuyos responsables serán juzgados en un segundo tramo del caso, sobre el que aún no se ha fijado fecha de inicio.

Entre las operaciones que se encuentran cuestionadas están los giros por más de 100 millones de pesos a empresas agropecuarias y bursátiles y la adquisición de bienes a través de la firma Meldorek S.A., incluyendo inmuebles en La Plata y Capital Federal, una embarcación denominada “Areté” y vehículos.

Además, se cuestionaron las operaciones inmobiliarias y compra de terrenos en las localidades de José C. Paz y Pilar, así como gastos suntuarios en hoteles de Bariloche que no se condicen con la situación patrimonial de los imputados.