El Ministerio Público Fiscal de la Nación participó en la ciudad de Brasilia del séptimo encuentro de la Red de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley Anticorrupción en América Latina y el Caribe (LAC LEN), iniciativa regional impulsada en el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La reunión se desarrolló del 24 al 26 de febrero pasados en la capital de Brasil, bajo el eje temático “La lucha contra la corrupción transnacional como facilitadora del crimen organizado”.

En representación del MPF participaron los fiscales generales Diego Luciani y Diego Velasco, este último titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), la fiscalía especializada con competencia en materia de soborno transnacional y encargada de realizar el seguimiento del estado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas a la Argentina por la OCDE en el marco de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (Convención Antisoborno).

Los fiscales generales Diego Luciani y Diego Velasco representaron al MPF en el séptimo encuentro de la Red LAC LEN. Foto: PROCELAC

Ejes de trabajo

El encuentro congregó a fiscales y autoridades encargadas de la aplicación de la ley de la región, así como a representantes de países miembros del Grupo de Trabajo sobre Soborno de la OCDE y de organismos internacionales.

En esta edición, los debates se centraron en:

• Los vínculos cada vez más sofisticados entre el crimen organizado y los esquemas de corrupción transnacional.
• El fortalecimiento de la cooperación internacional e interinstitucional.
• El uso de herramientas de responsabilidad de las personas jurídicas para enfrentar delitos económicos complejos.
• El recupero de activos.

Durante la segunda jornada, el fiscal general Velasco participó como expositor en el panel “Rastreo, incautación y decomiso de criptoactivos y otros activos digitales en investigaciones de corrupción transnacional y crimen organizado”. En ese espacio, se abordaron los desafíos técnicos y jurídicos para identificar beneficiarios finales detrás de billeteras digitales, rastrear transacciones con criptoactivos y asegurar dichos activos antes de que sean transferidos o disimulados fuera de los sistemas financieros tradicionales.

En la tercera jornada se desarrolló un taller organizado por la Controladoria-Geral da União (CGU) de Brasil, enfocado en la lucha contra el soborno transnacional, la responsabilidad de las personas jurídicas, la cooperación internacional y los sistemas de integridad como herramientas de prevención.

En ese marco, Velasco integró el panel “Costo del delito: Responsabilidad de las Empresas por Soborno Transnacional en Brasil y en el Mundo”, donde compartió la experiencia argentina en la investigación y persecución de estos hechos.

Asimismo, en línea con los objetivos de la Red, se realizaron reuniones bilaterales con fiscales de otros países para profundizar el intercambio de experiencias y fortalecer los canales de cooperación directa en investigaciones de alcance transnacional.

Durante el encuentro, la República Argentina se postuló como sede de la próxima reunión de la Red LAC LEN, que se celebrará en 2027.

¿Qué es la Red LAC LEN?

 La Red LAC LEN es una iniciativa de la OCDE que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en América Latina y el Caribe para investigar y perseguir casos complejos de corrupción —incluidos aquellos de carácter transnacional— mediante capacitaciones prácticas, intercambio de buenas prácticas y cooperación directa entre pares.

La República Argentina es parte de la Convención Antisoborno, instrumento que establece estándares internacionales para la tipificación y persecución del soborno transnacional y que prevé un mecanismo de seguimiento entre pares a cargo de la OCDE.

En ese marco, el país se encuentra actualmente en proceso de evaluación correspondiente a la Fase 4. Esta etapa incluyó la elaboración de un informe por parte del Estado argentino durante 2025 y una visita in situ realizada por el equipo evaluador de la OCDE a fines de septiembre y principios de octubre de ese año.

El proceso culminará con el debate en sesión plenaria y la adopción del informe final durante la reunión del Grupo de Trabajo prevista para la tercera semana de marzo de 2026.