Una investigación del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario, que contó con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), derivó en la detención y el dictado de la prisión preventiva para un hombre de 30 años acusado de haber desarrollado un sistema de explotación sexual de mujeres a través de plataformas digitales.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el imputado —oriundo de la ciudad santafesina de Rosario e identificado por sus iniciales como G.G.N.—habría desplegado, al menos desde 2022, un esquema sostenido de captación de mujeres jóvenes a través de redes sociales, principalmente Instagram, para concretar encuentros sexuales, filmarlos y luego comercializar el material en plataformas de alcance global. Para ello, se habría aprovechado de su vulnerabilidad y de la falsa promesa que hacía respecto a que el contenido sería difundido únicamente en el exterior del país.
Si bien el acusado se encontraba formalmente imputado desde julio del año pasado por los casos de tres víctimas, ante la detección de nuevos hechos con otras damnificadas que daban cuenta de la persistencia de su actividad, se dispuso su detención el 25 de marzo pasado.
En una audiencia multipropósito realizada el viernes pasado, el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal general Javier Arzubi Calvo, con la intervención de la fiscal general interina Soledad García y los fiscales coadyuvantes interinos María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro, solicitaron la ampliación del objeto de la investigación preparatoria y la prisión preventiva, lo que el juez de garantías de Rosario Carlos Vera Barros, dictó por el término de 90 días.
Así, G.G.N. quedó detenido y formalmente imputado por ocho hechos —todos en concurso real y en calidad de autor— de trata de personas con fines de explotación, en la modalidad de captación y acogimiento, agravado por la cantidad de víctimas, el abuso de situación de vulnerabilidad, el engaño y la consumación de la explotación, delito contemplado en el artículo 145 ter del Código Penal y que prevé una pena de entre 8 y 12 años de prisión. A su vez, la fiscalía sumó la imputación por un hecho de promoción y facilitación de la prostitución ajena.
El origen del caso y la investigación
La investigación se inició el 5 de marzo de 2025 a partir de un llamado anónimo recibido en la Línea 145 de denuncias de casos de trata de personas del Ministerio de Justicia de la Nación, en el que se advertía que el imputado ofrecía dinero a mujeres jóvenes para grabar videos de contenido sexual, con la promesa de que el material sería difundido únicamente en el exterior.
La investigación preliminar tramitó ante la PROTEX —cuyos cotitulares son la fiscal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo— y permitió detectar los perfiles utilizados —entre ellos uno de Instagram denominado “Argentina Casting” o “AC”—, vincularlos técnicamente al imputado mediante líneas telefónicas e IPs coincidentes y verificar la existencia de un grupo público de la aplicación de mensajería Telegram destinado a promocionar los videos.
La procuraduría especializada constató que la supuesta “exclusividad en el extranjero” resultó ser falsa, ya que el contenido era comercializado en una plataforma sin restricción territorial, lo que posibilitaba su visualización también en Argentina.
La formalización de la investigación
El caso pasó a tramitar en el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, que profundizó la pesquisa. Con el devenir de las medidas investigativas, se corroboró que G.G.N. reclutaba jóvenes a través de la red social Instagram, viajaba a través de distintas provincias del país —entre ellas, Buenos Aires, Jujuy, Córdoba, Misiones— para concretar los encuentros, realizar con ellas videos de contenido sexual a cambio de dinero y luego gestionar la edición y comercialización del material en plataformas digitales.
La Unidad Fiscal Rosario interviene en el caso. Foto: Claudio González / MPF
Con la evidencia reunida, el 29 de julio del año 2025 se llevó a cabo la primera audiencia de formalización de la investigación preparatoria en la que G.G.N. quedó imputado por los casos de trata sexual que involucraban a las tres primeras víctimas. Tras el requerimiento realizado por el MPF, el juez interviniente dispuso como medida cautelar una caución real de 20 millones de pesos.
Imputado pero activo
La continuidad de la investigación permitió determinar que, a pesar de conocer la investigación en curso en su contra, G.G.N continuaba desarrollando su actividad. Así, según un informe del Departamento de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina (PFA), el acusado había cambiado de perfiles de Instagram y de plataforma para captar la voluntad de mujeres a los fines de producir material de contenido sexual y comercializarlos.
En ese marco, se pudo identificar al menos a cinco nuevas víctimas. Algunas de ellas declararon en Cámara Gesell —otras lo harán en los próximos días— y contaron que habían sido engañadas para acceder a grabar los videos que no solo se veían en el extranjero, sino que también se viralizaron en diversas plataformas y aplicaciones, con alcance incluso en sus entornos familiares y afectivos, lo que les generó situaciones de angustia y afectaciones en su salud psicológica.
En ese contexto, los representantes del MPF fundamentaran la medida de coerción en que se habían detectado nuevos riesgos procesales concretos que no podían ser neutralizados con medidas menos gravosas.
El MPF también solicitó que el monto de 20 millones de pesos fijado oportunamente como caución real no sea restituido al imputado, sino que quede embargado con el objetivo de garantizar una eventual reparación económica a las víctimas identificadas en el caso o las que se puedan sumar con el avance de la investigación. No obstante, la decisión del juez en la audiencia fue la de hacer lugar a la devolución del dinero de referencia, conforme el pedido de la defensa.
El análisis del MPF sobre el caso
Al momento de formalizar la investigación, la fiscalía sostuvo que no se trata de hechos aislados, sino de un dispositivo organizado, sostenido en el tiempo y con alcance geográfico extendido, en el que el imputado captaba a las víctimas, producía el contenido y lo monetizaba de manera continua.
Según se destacó, el modelo implicaba un pago único a las jóvenes, frente a una explotación económica prolongada mediante la difusión indefinida de los videos, lo que configura —de acuerdo con la acusación— una modalidad de trata de personas adaptada a entornos digitales.
Si bien el acusado se encontraba formalmente imputado desde julio del año pasado por los casos de tres víctimas, ante la detección de nuevos hechos con otras damnificadas que daban cuenta de la persistencia de su actividad, se dispuso su detención el 25 de marzo pasado.
Representantes del MPF explicaron que la explotación no se agota en el encuentro sexual filmado, sino que se proyecta en el tiempo de manera potencialmente ilimitada, afectando de forma continua la dignidad, la intimidad, la identidad digital y la integridad sexual de las víctimas.
A su vez, afirmaron que el acusado asumía personalmente todas las etapas del proceso: captaba a las jóvenes a través de redes sociales, coordinaba los encuentros en hoteles o departamentos temporarios, realizaba las filmaciones con equipamiento propio, editaba el material, lo subía a la plataforma de comercialización y lo promocionaba activamente para maximizar sus ventas.
La fiscalía también destacó que la promesa de una difusión limitada y la ocultación del alcance global y permanente del material constituían en este caso un elemento de engaño relevante que incidía directamente en la decisión de participar de las jóvenes.
Según la fiscalía, la situación de engaño perpetrada por el imputado también se vio reflejada en que en algunas ocasiones ocultaba su verdadera identidad —decía llamarse “Liam” o “Elion”— y en que, al menos a tres víctimas, les hizo firmar un contrato que no tuvieron posibilidad de leer con detenimiento, ni obtener una copia o sacarle una foto, para saber de qué se trataba lo que estaban firmando.
Perspectiva de género
Para la Unidad Fiscal, también resulta imprescindible evaluar el caso con perspectiva de género. En ese sentido, mencionó que la mayoría de las jóvenes damnificadas tienen 18 o 19 años, provienen de distintas provincias y no tienen experiencia laboral, lo que interpretó como un patrón de selección orientado a mujeres en transición a la adultez, con mayor vulnerabilidad económica y simbólica.
Los y las representantes del MPF que intervienen en el caso señalaron que, al apropiarse de su imagen y de su identidad digital en una versión sexualizada construida y comercializada por él, el imputado ejerció una forma particularmente grave de cosificación, en la que las víctimas dejan de ser sujetos de derechos para convertirse en un producto monetizable y disponible para el consumo anónimo y masivo.
El MPF en búsqueda de más víctimas
Ante la gravedad del caso, desde la Unidad Fiscal Rosario informaron que la investigación continúa en curso, en un proceso de recolección de nuevos testimonios, ante la posibilidad de que existan más víctimas en cualquier otra ciudad y/o provincia del país.
Para ello, pone en conocimiento que el número telefónico de contacto del Área de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario es el +5493412859127 y que la casilla de correo electrónico es atencionvictimas-ros@mpf.gov.ar.