La Fiscalía de Distrito Resistencia, a cargo del fiscal general con funciones de coordinación Federico Carniel, y su área de evidencias, dirigida por el fiscal Juan Marcelo Burella Acevedo, participaron el martes pasado de la incineración de más de una tonelada de marihuana y de dos kilos de cocaína correspondiente a material secuestrado en el marco de dos investigaciones federales en infracción a la Ley N°23.737 de persecución del narcotráfico.
El material fue quemado en una fosa especialmente acondicionada en un predio rural ubicado en paraje Paso La Paloma de la localidad de La Leonesa, provincia del Chaco, correspondiente al Escuadrón 14 de Gendarmería Nacional, bajo condiciones de seguridad y control.
El operativo estuvo a cargo de efectivos de esa fuerza federal, bajo la responsabilidad del comandante Jorge Oscar Valenzuela, Segundo Jefe del escuadrón 51 “Fontana” que se encargó del traslado de 1.646 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva con un peso total de 1.198,888 kilogramos de marihuana, mientras que la Prefectura Naval Argentina (PNA) intervino en el traslado de paquetes tipo ladrillo, envueltos en papel metalizado, por un total de 2,056 kilogramos de clorhidrato de cocaína. En ambas causas se dispuso su destrucción por las autoridades judiciales competentes.
Previo a la incineración, y en presencia de testigos, se realizaron las tareas de verificación correspondientes, que incluyeron la apertura y control de los bultos, la corroboración de su correspondencia con la documentación respaldatoria, el pesaje del material y la realización de test orientativos por personal especializado, a fin de confirmar su naturaleza.
Asimismo, se procedió a la extracción de muestras representativas conforme a los protocolos vigentes y se dejó debida constancia de todas estas actuaciones en actas respectivas, donde quedó asentada la destrucción completa del material estupefaciente correspondiente a ambas investigaciones.
Este tipo de procedimientos se enmarca en las acciones del MPF orientadas a asegurar una adecuada gestión de la evidencia y la disposición final de los estupefacientes en condiciones seguras, con intervención coordinada de las autoridades judiciales y las fuerzas de seguridad.