Una investigación de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia

Resistencia: once descendientes de sobrevivientes declararon en la causa por la Masacre de El Zapallar

La audiencia se realizó en una biblioteca de la localidad chaqueña de San Bernado. Las declaraciones, en gran parte basadas en relatos orales transmitidos entre generaciones, buscan esclarecer el hecho ocurrido en 1933 en el Territorio Nacional de Chaco, en el que murieron 50 integrantes del pueblo Moqoit y que se investiga como un crimen de lesa humanidad.

Once descendientes de sobrevivientes de la Masacre de El Zapallar —ocurrida en 1933 en el entonces Territorio Nacional de Chaco— declararon ayer ante la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, integrada por los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini, el fiscal ad hoc Diego Vigay y los auxiliares fiscales Horacio Rodríguez y Walter Romero .

La audiencia se realizó en la Biblioteca Cervantes de la localidad chaqueña de San Bernado y, en representación del Ministerio Público Fiscal estuvieron presentes Carniel y Vigay. Las personas que brindaron su testimonio realizaron diversos aportes sobre cómo ocurrió la masacre, de acuerdo con los relatos orales transmitidos principalmente por sus abuelos y abuelas.

Quienes declararon fueron Sixto Lalecori, Alfredo Salteño, Juan Carlos Martínez, Florencio Ruiz, Gustavo Casares, Francisco Rojas, Anselmo Cardozo, Rubén Salteño, Abelino Oliva, Mario Tomas y Héctor José, quienes llegaron desde distintas localidades y parajes cercanos.

Las declaraciones

Los testimonios coincidieron en describir la situación de hambre que existía en las comunidades indígenas a mediados de aquel año 1933, lo que motivó su movilización hacia la zona de El Zapallar en búsqueda de trabajo y alimentos.

Relataron también que, durante el ingreso a la localidad fueron recibidos por policías y algunos civiles que dispararon sobre el gentío provocando la muerte de decenas de víctimas como niños, mujeres y ancianos. Además, detallaron que algunas familias que pretendían escapar, intentaban cruzar el Río de Oro y que, como consecuencia de ello, muchas personas se ahogaron o perdieron a sus hijos sin saber qué les había ocurrido.

La audiencia de toma de testimonios fue filmada por el área de comunicación del rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste con un equipo integrado por Gabriela Bissaro, Diego Petruszynski y Cynthia Jara.

En representación de los pueblos indígenas estuvieron presentes el presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), Florencio Díaz, y los vocales del pueblo Moqoit, Graciela Zoilo y Romualdo Maldonado.

Por su parte, el municipio de San Bernardo declaró de interés municipal y trascendencia histórica la jornada de recepción de testimonios, y reconoció la valentía de los descendientes que, con su aporte, transforman el relato oral en prueba soberana y contribuyen a dignificar la memoria de las víctimas de este episodio ocurrido hace casi un siglo.

El fiscal general Federico Carniel y el fiscal ad hoc Diego Vigay junto a los descendientes de los sobrevivientes de la Masacre de El Zapallar que declararon en la causa. Foto: Universidad Nacional del Nordeste

La Masacre de El Zapallar como un crimen de lesa humanidad

La investigación, iniciada en 2014, tiene en consideración el antecedente del Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí, y ha incorporado testimonios de algunos sobrevivientes como Pedro Balquinta, Ramona Pérez y Justino Lalecori, junto al expediente judicial de esa época, notas periodísticas, certificados de defunción y un importante trabajo de investigación a cargo del historiador Rubén Guillón.

Asimismo, se anexaron los capítulos pertinentes de los libros de historia como “De la algarroba al algodón”, de Edgardo Cordeu y Alejandra Sifredi; “Historia de los aborígenes”, de Orlando Sánchez; “Del olvido a la esperanza”, de Eduardo Barreto; “El Zapallar tenemos historia”, de Rubén Guillón; “Guaycurú tierra rebelde. Tres sublevaciones indígenas”, de Jorge Luis Ubertalli; “Movimientos milenaristas de los aborígenes chaqueños entre 1905 y 1933”, de Leopoldo Bartolomé; “Reducciones estatales indígenas ¿Espacios concentracionarios o avance civilizatorio?”, de Marcelo Musante; y “Memorias del Gran Chaco” de Mercedes Silva.

En agosto de 2024, en función del estado de la investigación, la fiscalía solicitó la colaboración de la comunidad del pueblo Moqoit para encontrar a descendientes de sobrevivientes de la masacre que, por el relato oral de sus mayores, pudieran llegar a tener conocimiento de lo sucedido para brindar testimonio en el marco de la investigación de los representantes del MPF.

Con ese objetivo se dio a conocer un listado de sobrevivientes que estuvieron detenidos junto a familiares en la Comisaría de El Zapallar (actualmente General San Martín), según señala el Expediente N°926 Causa Común N°254 del año 1933 del Juzgado Letrado del Territorio Nacional del Chaco. Allí se consignan nombres, apellidos y edades, y se indica que eran pobladores de la Reducción Napalpí y de las localidades de Charata, Quitilipi y Sáenz Peña.

La masacre

En 1933, en el Territorio Nacional del Chaco, el marco de un escenario de seca extrema originó una situación grave de hambre y penuria en las comunidades indígenas que habitaban en esa zona.

En ese contexto, a principios de septiembre de ese año, partió una peregrinación de aproximadamente 300 personas de familias de la comunidad Moqoit, desde la Reducción Napalpí hasta la localidad de El Zapallar (actualmente General San Martín) para pedir trabajo y alimentos. La peregrinación, a lo largo de 100 kilómetros, estuvo encabezada por el cacique Luis Durante y luego se fueron sumando pequeños contingentes de Charata, Quitilipi y Sáenz Peña.

El 7 de septiembre la marcha de familias, divididas en pequeños grupos de 20 personas, intentó ingresar a la localidad de El Zapallar, con niños y mujeres adelante para demostrar sus pacíficas pretensiones ante su pedido desesperado.

Sin embargo, por orden del comisario Francisco Prestera, fueron reprimidos con disparos de armas de fuego por parte de las fuerzas de la comisaría local, refuerzos que llegaron desde Resistencia y algunos hombres civiles, con el argumento de la defensa de la población ante el ataque de un malón. Se estima que murieron aproximadamente 50 integrantes de la comunidad.