La Sede Fiscal Descentralizada Rafaela formalizó la investigación penal contra una mujer de nacionalidad boliviana, que fue detenida, a quien se le atribuye haber actuado como “guía” o “puntera” de una camioneta de alta gama que en noviembre pasado transportó 106 kilogramos de cocaína por la Ruta Nacional N°34, a la altura de la localidad santafesina de Ceres. Por ese hecho, fue detenido y se encuentra formalmente imputado el conductor del vehículo.

La mujer —identificada por sus iniciales como E.I.M.— fue detenida el lunes pasado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando intentaba embarcar hacia su país junto a su hija menor de edad y con 33 mil dólares en efectivo en su equipaje, lo que también dio lugar al inicio de una causa en el fuero Penal Económico por presunto contrabando de divisas.

En una audiencia realizada el miércoles pasado ante el juez federal de garantías del Distrito Rosario, Aurelio Cuello Murúa, el fiscal federal Jorge Gustavo Onel, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela, junto al auxiliar fiscal Pablo Micheletti, le imputaron el delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, en calidad de coautora.

A pedido del Ministerio Público Fiscal, el magistrado dispuso su prisión preventiva por el plazo de 120 días. Si bien la defensa solicitó el arresto domiciliario en función del interés superior del niño y en relación al cuidado de la hija menor de edad de la imputada, el juez rechazó el planteo y ordenó su alojamiento en una unidad del Servicio Penitenciario Federal que permita la permanencia junto a su hija.

El rol atribuido

Según la investigación, la mujer habría tenido un rol central en la organización y ejecución del transporte de los casi 106 kilogramos de clorhidrato de cocaína que fueron secuestrado el 30 de noviembre de 2025, cuando efectivos Gendarmería Nacional Argentina (GNA) interceptaron en la mencionada ruta, a la altura de Ceres, una camioneta Jeep Grand Cherokee que ocultaba 100 panes de esa droga en compartimientos acondicionados en el paragolpes trasero y en los zócalos, y detuvieron a su conductor.

La fiscalía sostuvo que E.I.M. participó junto a J.B.M.B. (el conductor del vehículo) y a otra persona que aún se encuentra prófuga, en la logística del hecho, y que incluso gestionó, financió y materializó la adquisición del vehículo utilizado para el traslado del estupefaciente.

Los 100 paquetes de cocaína incautados por Gendarmería dentro de la camioneta en Ceres, provincia de Santa Fe. Foto: Sede Fiscal Descentralizada Rafaela

De acuerdo a la pesquisa, la camioneta fue comprada entre octubre y noviembre de 2025 en la provincia de Buenos Aires. La imputada contactó al vendedor a través de la plataforma digital Mercado Libre y abonó el monto en efectivo —unos 18.900 dólares, más una seña previa de 200.000 pesos— y luego gestionó, en un registro de propiedad automotor del partido bonaerense de Pilar, la inscripción del rodado a nombre del conductor J.B.M.B., con el objetivo de que la utilizara para el viaje que derivó en su detención.

Además, se le atribuyó haber acompañado el recorrido iniciado el 28 de noviembre desde el norte del país y haber actuado como “puntera”, es decir, guiando el trayecto.

“Dicha actividad fue desarrollada a los efectos de direccionar su camino, alertarlo de la presencia de las fuerzas de seguridad, y asegurar que la cocaína llegue a su destino”, remarcaron los fiscales durante la audiencia.

En ese sentido, la fiscalía destacó que la imputada utilizaba en un mismo dispositivo celular dos líneas telefónicas —aunque no registradas a su nombre— y su análisis permitió reconstruir desplazamientos coincidentes con los del conductor, con impactos en antenas y flujo de datos móviles (GPRS) que ubican a ambos en la zona de Ceres al momento del procedimiento.

También se acreditó que, pocas horas antes del secuestro de la droga, la mujer llegó en un automóvil Toyota Corolla de su propiedad a un hotel ubicado sobre el kilómetro 495 de la ruta nacional 34, en la localidad de Pinto, en la provincia de Santiago del Estero, y se hospedó en una habitación contigua a la del conductor.

Elementos de prueba y riesgos procesales

Al formalizar la investigación y solicitar la prisión preventiva, la fiscalía valoró diversos elementos para sostener la probabilidad de la participación de la imputada en el hecho, entre ellos, el rol en la compra del vehículo, la coordinación del traslado y la entrega —desde octubre de 2025 hasta el momento del procedimiento— de dinero en efectivo al conductor como “contraprestación” por la maniobra delictiva, según las evidencias reunidas en la investigación.

En cuanto al peligro de fuga, los representantes del MPF señalaron la “falta total de arraigo” de la imputada. Según los registros, tiene tres domicilios distintos al que aportó al momento de su detención y, de la información entregada por Migraciones, se pudieron constatar reiterados cruces fronterizos, ya que residiría en la localidad boliviana de Villazón.

El fiscal federal Jorge Gustavo Onel (en el centro), durante la audiencia de formalización. Foto: Captura de Zoom. Foto: Sede Fiscal Descentralizada Rafaela

“No sabemos dónde vive realmente, sin perjuicio de que denunció el domicilio de un primo en la villa 1-11-14” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, alertaron los fiscales.

Asimismo, advirtieron sobre la posible vinculación con “una organización internacional dedicada al narcotráfico, que cuenta con medios económicos y logísticos para que, en caso de recuperar la libertad, mantenerse oculta o abandonar el país, y así eludir la investigación”.

Señalaron que se deben tener en cuenta las circunstancias y la gravedad del hecho, la elevada pena en expectativa del delito que se imputa y no permite una condena de ejecución condicional, la significativa cantidad de material estupefaciente secuestrado y la capacidad de daño a la salud pública.

También mencionaron el elevado valor en el mercado ilícito de la cocaína incautada que, según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), podría estimarse en 3.610.191.010,67 pesos, equivalentes a 2.487.213,92 dólares.

Sobre los posibles vínculos de la imputada con una red narcocriminal internacional, la fiscalía también recordó que la gran cantidad de cocaína incautada era transportada en ladrillos embalados con sellos de color negro con un delfín con la leyenda en inglés “premium quality, satisfaction guranteed” (calidad premium, satisfacción garantizada), según su traducción, quizás relacionados a organizaciones conocidas que operan en Bolivia y Perú.

Investigación en curso

Por último, la fiscalía indicó que aún restan profundizar distintas medidas de prueba, entre ellas, el análisis del teléfono celular de la acusada y de otros dispositivos secuestrados, así como la identificación de otros posibles integrantes de la organización y la determinación del origen y destino del cargamento.

El juez Cuello Murúa tuvo por formalizada la investigación en los términos planteados por el Ministerio Público Fiscal, dispuso la prisión preventiva por 120 días y autorizó la realización de nuevas medidas para avanzar en el esclarecimiento del caso.