En el marco de una investigación desarrollada por la Sede Fiscal Descentralizada Orán, a cargo del fiscal federal Marcos Romero, el juez federal de Garantías de esa ciudad, Gustavo Montoya, declaró la legalidad de la detención de los líderes y un integrante de una organización que alquilaba fincas agrícolas para acopiar drogas. Los tres hombres fueron apresados el sábado pasado en la ciudad salteña de Colonia Santa Rosa.

Así, el magistrado admitió la imputación de la fiscalía en su contra, dispuso la prisión preventiva por el plazo de 90 días y otorgó 120 días para profundizar la investigación. También, autorizó los peritajes sobre los teléfonos incautados a los tres hombres y de del dispositivo DVR de una cámara instalada en un local de entretenimiento, propiedad de uno de los imputados.

En la audiencia, los hermanos A.R., J.R y el ciudadano venezolano J.B. fueron imputados como coautores del delito de almacenamiento de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en calidad de coautores. También, se imputó a los dos hermanos por el transporte de estupefaciente agravado por el número de participantes.

Al presentar el caso, el fiscal Romero, explicó que la detención de los tres hombres complementa la investigación iniciada el 7 de enero pasado, en la que también intervinieron el auxiliar fiscal Francisco Valencia y la investigadora Analía Cabral Castellanos, y en la que fueron imputados otros cinco miembros de la organización.

En aquella ocasión, personal de la Sección Colonia Santa Rosa de la Gendarmería Nacional recibió, el día anterior, una denuncia anónima. En virtud de ello, realizaron un procedimiento en las inmediaciones de una estación de servicio de la localidad de Pichanal, en la que se detuvo a D.L.G.C.. El hombre conducía un camión con semirremolque que trasladaba cajones de berenjenas.

Al requisar la carga con el perro antinarcóticos “Orfeo”, los gendarmes constataron la presencia de 30 kilos de cocaína camuflados entre los cajones de berenjenas. También, se detuvo a J.P.C. quien conducía el automóvil Volkswagen Gol en el que viajaba junto a J. A., E. J. A. y J. C. Y.

Los cinco detenidos fueron imputados por el transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y se les dictó la prisión preventiva. También se dispuso el análisis de sus teléfonos celulares.

El resultado de los peritajes sobre los equipos telefónicos y el aporte, en calidad de arrepentidos, de tres de los detenidos, permitió verificar la participación de los dos hermanos, como jefes de la organización, y de J.B. —como miembro—, quien había llegado a Colonia Santa Rosa, hacía siete meses desde Buenos Aires.

Arriendo de fincas

Con foco en los últimos detenidos, la fiscalía pudo establecer que, en los últimos meses, los dos hermanos alquilaron, tres terrenos en esa ciudad, donde cultivaban tomates y otras verduras pero que, en realidad, era una pantalla para ocultar la actividad ilícita.

Así, se efectuaron tareas de vigilancia sobre otros inmuebles vinculados a los jefes de la organización, en uno de los cuales funcionaba el pool “El Bunker”, donde los miembros de la organización se reunían para coordinar el almacenaje y movimiento de la droga. Además, se identificaron también varias camionetas que usaban para ir de una finca a otra, con la excusa de realizar tareas agrícolas.

La fiscalía —con intervención de la Unidad de Procedimientos Judiciales “Orán” de la Gendarmería— estableció que traían la droga de Bolivia hasta un establecimiento rural ubicado en cercanía del Río Colorado, a donde llegaba procedente de Bolivia.

También se dispuso la intervención telefónica de los celulares de los hermanos y del ciudadano venezolano. De esas escuchas surgieron, días previos al allanamiento del sábado pasado, conversaciones y chats que daban cuenta del movimiento de una importante carga de drogas.

Tras confirmar el lugar de almacenamiento de la droga, a pedido de la fiscalía, el juez Montoya ordenó ocho allanamientos con intervención de personal de la Gendarmería. Así, en una de las fincas donde se cultivaban tomates, encontraron una zanja cubierta de yuyos donde había ocho bolsas que contenían un total de 171,450 kilogramos de cocaína, dispuestos en 170 paquete. También se detuvo a los dos hermanos A.R., J.R y a J.B.

La droga estaba dispuesta en ocho bolsas halladas en el interior de una zanja | Foto: Gendarmería Nacional

Además del pool y las fincas arrendadas, se allanó el local bailable “El Jocker”, propiedad de los hermanos, sus viviendas particulares, y el domicilio del ciudadano venezolano en Orán.

Además de la droga, se secuestró un tractor con acoplado, tres camionetas Toyota y dos Volkswagen, teléfonos celulares y un dispositivo de memoria de una cámara de video existente en el local de entretenimiento.

Además de la droga, secuestraron cinco camionetas y un tractor | Foto: Gendarmería Nacional

Para cerrar la imputación sobre los tres detenidos, el representante del MPF hizo hincapié en las conversaciones que mantuvieron los imputados, de las cuales surgieron evidencias sobre el acopio de la droga y su pronta disposición para ser transportada.

Luego, solicitó el peritaje de los dispositivos electrónicos, a fin de verificar otras evidencias sobre la eventual participación de otras personas o establecer si realizaron otros viajes con la droga.

En función de la gravedad del caso, su naturaleza compleja, dada la logística y el poderío económico que poseen sus principales imputados, el fiscal Romero solicitó la prisión preventiva de los tres hombres. Agregó, entre otros argumentos, los riesgos de fuga, la alta escala penal del delito y el posible entorpecimiento procesal en el que podrían incurrir, en caso de ser liberados.

Por su parte, la defensa solicitó que se dispusiera el arresto domiciliario. Sin embargo, la fiscalía rechazó el planteo y destacó que el ciudadano venezolano tenía un pedido de captura nacional e internacional emitido por el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, en el marco de otra investigación, y que el Juzgado de Garantías del partido bonaerense de Lanús, había declarado en rebeldía a J.R..

Señaló que, si bien estas referencias no son antecedentes condenatorios, si deben ser consideradas en función de la Ley de Reiterancia, vigente desde marzo de 2025.

Finalmente, el juez Montoya rechazó los planteos de la defensa y confirmó las peticiones de la fiscalía, respecto a la realización de los peritajes como a la concesión de la preventiva, dada la envergadura y gravedad del caso, el cual consideró fundado en base a los elementos de cargo reunidos hasta ahora por el MPF.