La Sede Fiscal Descentralizada Azul, a cargo de la fiscal federal María José Buglione y con la intervención del auxiliar fiscal Lucas Moyano, formalizó ante el juez federal de Garantías de esa ciudad bonaerense, Gabriel Di Giulio, dos investigaciones que permitieron desarticular dos organizaciones dedicadas a la comercialización de estupefacientes en el centro de la provincia de Buenos Aires.
Los procedimientos se realizaron con menos de una semana de diferencia y concluyeron con diez personas detenidas, imputadas por el delito de comercialización de estupefacientes, previsto en el artículo 5°, inciso c, de la Ley 23.737, de persecución del narcotráfico.
Una banda dirigida desde la cárcel
El primer caso se inició en octubre de 2025 y permitió establecer la existencia de una red dedicada a la venta de drogas en Azul y zonas aledañas, con ramificaciones fuera del distrito, que era coordinada por un hombre alojado en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) —situada en la ya mencionada ciudad bonaerense—, donde se hallaba detenido en relación con otra imputación por el mismo delito.
La fiscalía dio intervención a la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Azul de la policía bonaerense. A partir de tareas de vigilancia, seguimientos, capturas fílmicas e intervenciones telefónicas, se determinó que la pareja y familiares cercanos del presunto líder cumplían distintos roles dentro de la estructura, vinculados con la provisión, el fraccionamiento y la distribución de los estupefacientes.
También se detectaron personas encargadas de la venta al menudeo desde distintos puntos de la ciudad y un circuito orientado al lavado de activos, en el que un policía provincial ya retirado habría actuado como intermediario financiero, recibiendo pesos y adquiriendo dólares para sostener la operatoria ilegal.
Con las pruebas reunidas y a pedido de la fiscalía, el juez Di Giulio autorizó el 17 de abril pasado la realización de nueve allanamientos simultáneos en Azul, Olavarría, Laprida y en la unidad penitenciaria donde estaba alojado el principal investigado.
Envoltorios plásticos con las dosis de cocaína que vendía la organización. Foto: Policía de la Provincia de Buenos Aires
En los procedimientos, realizados con intervención de grupos operativos policiales de Drogas Ilícitas de Azul, Tandil y Olavarría, y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) e Infantería de Azul, se secuestraron cocaína y marihuana fraccionadas para su venta, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.
Siete personas —cuatro hombres y tres mujeres— fueron detenidas. La medida fue convalidada en la audiencia de formalización celebrada el 20 de abril, en la que, además, se dispuso para los imputados la prisión preventiva por el término de 30 días. También se ratificó la prohibición de uso de telefonía celular para el presunto jefe de la organización, ya detenido en la unidad carcelaria.
Marihuana y cocaína entre Olavarría y Azul
La segunda investigación comenzó en noviembre de 2025, a partir de una denuncia anónima que señalaba a una mujer como presunta vendedora de estupefacientes en Azul.
Tareas encubiertas desarrolladas por la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Azul permitieron advertir movimientos compatibles con maniobras de narcomenudeo en su domicilio: personas que llegaban al lugar, eran atendidas por ella y permanecían escasos minutos para luego retirarse de manera presurosa.
Asimismo, por un lado, se detectaron conversaciones de interés a partir de intervenciones telefónicas y, por el otro, el análisis patrimonial de la sospechosa reveló movimientos bancarios que llamaron la atención de los investigadores: en menos de dos meses se registró un caudal de dinero cercano a los 20 millones de pesos.
Según la pesquisa, varias transferencias coincidían en fecha y horario con las maniobras observadas en el lugar, mientras que algunos montos se repetían con frecuencia y resultarían compatibles con valores de comercialización de droga en el mercado ilegal.
A partir de esos elementos se identificó a dos hombres radicados en Olavarría, con quienes la mujer mantenía contactos y transferencias de dinero. Los investigadores sostuvieron la hipótesis de que se trataba de posibles proveedores, lo que se vio reforzado por antecedentes de uno de ellos por infracción a la Ley 23.737. Además, sobre ambos se detectaron maniobras compatibles con la venta de estupefacientes en domicilios particulares y bajo modalidad delivery.
El análisis de sus cuentas bancarias arrojó operaciones por más de 40 millones de pesos en tres meses, y entre los principales remitentes figuraba la mujer investigada.
Dosis de cocaína y marihuana listas para la venta, un revólver, dinero y celulares, fueron incautados en los allanamientos de la segunda investigación. Foto: Policía de la Provincia de Buenos Aires
Con ese cuadro probatorio, la fiscalía solicitó allanamientos que fueron concretados el 22 de abril. En los procedimientos se secuestraron 15 teléfonos celulares, cocaína, marihuana, dinero en efectivo y un revólver con numeración suprimida.
Dos días después se realizó la audiencia de formalización, en la que se convalidaron las tres detenciones. La mujer, en cuyo domicilio se hallaron 160 gramos de cocaína, quedó imputada por comercialización de estupefacientes y por tenencia ilegítima de arma de fuego. Los otros dos acusados, a quienes se les secuestraron más de 300 gramos de marihuana, también fueron imputados por comercio de estupefacientes.
En la audiencia desarrollada en la sede local de la Oficina Judicial se fijó un plazo de ocho meses para el desarrollo de la investigación. Además, en línea con lo solicitado por los representantes del MPF, el juez Di Giulio dispuso la prisión preventiva por un plazo de seis meses para la mujer y uno de los hombres, mientras que el restante imputado deberá cumplir reglas de conducta y presentaciones periódicas.