Fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) del Ministerio Publico Fiscal de la Nación formalizaron hoy la imputación contra ocho personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes, a quienes les atribuyeron haber ingresado al país 442 kilogramos de cocaína en una avioneta procedente de Bolivia, interceptada el martes por la Policía Federal Argentina luego de aterrizar en una pista clandestina en la zona rural de Vera, al norte de la provincia de Santa Fe.

La audiencia de formalización se realizó en los tribunales federales de Rosario ante el juez federal de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz. Allí, los fiscales Diego Iglesias, titular de PROCUNAR, y Matías Scilabra, a cargo de la Delegación Regional NEA de esa procuraduría especializada, imputaron a los ocho detenidos la coautoría del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte, agravado por la intervención organizada de tres o más personas.

Se trata de dos hombres de nacionalidad boliviana identificados como Henry V. e Isaac Daniel S.H. (piloto y copiloto de la aeronave, respectivamente); y los ciudadanos argentinos Alexis E., Jorge D., Francis R., Darien Y., Mario S. y Fernando S. (los dos últimos padre e hijo, respectivamente), oriundos de Vera.

El juez dio por formalizada la imputación en los términos propuestos por la fiscalía, declaró la legalidad de las detenciones y, además, dispuso la prisión preventiva por 180 días para Henry V., Isaac Daniel S.H., Alexis E., Jorge D., Francis R.; y de 60 días para Darien Y., Mario S. (en modalidad domiciliaria por razones de salud) y Fernando S.

Al fundamentar las medidas de coerción, el fiscal Iglesias advirtió sobre la dimensión de la organización. “Los imputados forman parte de un nodo narcocriminal muy poderoso, vinculado al narcotraficante Sebastián Marset, con actividades en Bolivia, Colombia, y vinculado al crimen de un legislador paraguayo”, afirmó.

La audiencia de formalización de la investigación penal contra los ocho imputados se realizó en los tribunales federales de Rosario. Foto: C. González / MPF

El juez autorizó además al MPF a peritar una serie de elementos incautados a los involucrados y a destruir el material estupefaciente previa extracción de muestras para realizar eventuales peritajes.

El hecho investigado

El fiscal Scilabra les atribuyó a los ocho detenidos haber llevado a cabo el 5 de mayo pasado, “de forma organizada y junto a otras personas aún no identificadas”, el ingreso ilegal al territorio nacional desde el Estado Plurinacional de Bolivia de 442,122 kilogramos de clorhidrato de cocaína acondicionado en 340 ladrillos compactos, hallados dentro de una avioneta Cessna Charly 210D que tenía colocada una matrícula argentina falsa.

La aeronave aterrizó las 13.30 en una pista clandestina preparada dentro del establecimiento rural “Don Julio”, ubicado en la localidad de La Sarnosa, en el mencionado departamento santafesino de Vera.

Según explicaron los fiscales, la aeronave era pilotada por Henry V., quien iba acompañado en la aeronave por Isaac S.H., y ambos fueron recibidos en el campo por los otros seis imputados, a quienes se les endilgaron distintas tareas logísticas previas para coordinar la llegada del cargamento.

De acuerdo a la investigación, luego la organización tenía planeado el traslado de la droga en dos camionetas y dos camiones a distintos puntos, a los fines del acopio, eventual distribución y/o entrega a terceros para dar continuidad a la cadena del tráfico ilícito del estupefaciente.

Célula de una organización criminal internacional

El fiscal destacó que el plan criminal fue frustrado por la rápida y coordinada intervención del personal de la Unidad Sierra del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) y la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes realizaban tareas de vigilancia constante del predio, y procedieron a la detención de los ocho acusados, conforme la orden de allanamiento previamente expedida por el juez Carlos Vera Barros. En el operativo, dos de los implicados —Mario y Jorge S., padre e hijo respectivamente—, intentaron fugarse.

Personal del grupo táctico GEOF de la Policía Federal custodia la droga junto a la avioneta secuestrada. Foto: Policía Federal

Además del material estupefaciente y la avioneta, en el lugar se secuestraron otros elementos de interés para la investigación: los vehículos involucrados, equipos de telefonía celular y de comunicación, 28 bidones de combustible y municiones de arma de fuego.

“Se desarticuló una célula operativa de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes. Todo fue orquestado en el marco de un plan común, con la división de tareas, el previo acondicionamiento de la pista de aterrizaje clandestina”, afirmó Scilabra.

Colaboración de la DEA y antecedentes de la pesquisa

La investigación se inició el 16 de septiembre de 2025 a partir de información remitida por la División Operaciones Federales de la PFA, con origen en la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos, en relación a la existencia de una organización criminal de carácter transnacional dedicada al contrabando y tráfico de estupefacientes mediante la utilización de aeronaves que efectúan vuelos clandestinos desde territorio del Estado Plurinacional de Bolivia hacia territorio argentino.

En dicho contexto, se individualizó un abonado telefónico argentino, el cual habría sido contactado desde el exterior por el ciudadano boliviano José Pedro Rojas Velasco, alias “Pepa”, quien se habría desempeñado como piloto dentro de la estructura criminal liderada por el rosarino Brian Walter Bilbao y quien cumplía el rol de nexo operativo entre Bolivia y Argentina, encargado de coordinar los vuelos clandestinos y la entrega de los cargamentos.

Cabe recordar que Bilbao fue detenido el 11 de noviembre de 2025 en la zona de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, tras una persecución luego de aterrizar una avioneta con más de 400 kilogramos de cocaína cerca de Pergamino. Dos días después PROCUNAR le imputó ser miembro de una organización narcocriminal transnacional, y dictaron su prisión preventiva.

Mientras la PROCUNAR dirigía las tareas de seguimiento sobre las personas finalmente detenidas en Vera, Rojas Velasco fue asesinado de seis disparos el 26 de abril pasado, cuando se encontraba a bordo de un automóvil de competición con el que iba a participar de una carrera de rally en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.