La Sede Fiscal Descentralizada Azul formalizó la investigación penal contra seis personas acusadas de integrar una asociación ilícita en su modalidad de organización criminal, destinada al robo de cables subterráneos y a la interrupción de las comunicaciones.

La audiencia de formalización se realizó el viernes pasado ante el juez federal de Garantías de Azul, Gabriel Di Giulio, quien hizo lugar a los planteos formulados por la fiscal subrogante María José Buglione y el auxiliar fiscal Lucas Moyano, de la mencionada sede fiscal.

A pedido de los representantes del MPF, el magistrado declaró el caso como complejo, convalidó el plazo de dos años para desarrollar la investigación y dispuso la prisión preventiva por 90 días para cinco de los imputados y ordenó la libertad de la única mujer acusada.

La investigación

El primero de los casos se inició en noviembre de 2025, cuando se logró impedir en flagrancia el robo de cables en la ciudad de Olavarría y fueron detenidos cuatro hombres: dos argentinos y dos uruguayos. En aquella oportunidad se secuestraron diversos elementos y se advirtió una importante capacidad operativa de la organización, cuyos presuntos miembros fueron imputados, en la audiencia de formalización, por robo en poblado y en banda con escalamiento e interrupción de las comunicaciones.

Del análisis de los teléfonos celulares incautados surgieron indicios sobre la participación de al menos otras dos personas, lo que llevó a la fiscalía a promover la apertura de una nueva investigación y a encomendar nuevas medidas de prueba. Esa pesquisa derivó en un nuevo allanamiento realizado el miércoles pasado.

Una bobina para enrollar cable también fue secuestrada en el nuevo allanamiento en Avellaneda. Foto: Policía Federal

La audiencia

En la nueva audiencia de formalización, el MPF amplió la imputación respecto de los cuatro acusados iniciales, a quienes les atribuyó integrar una asociación ilícita en los términos del artículo 210 ter del Código Penal, una figura novedosa incorporada por la Ley N°27.786 —promulgada en marzo de 2025—, que establece penas de 8 a 20 años de prisión para quienes formen, cooperen o mantengan asociaciones ilícitas dedicadas a cometer delitos graves.

Además, se formalizó la investigación respecto de las dos nuevas personas involucradas.

De acuerdo con la acusación, los imputados habrían participado en al menos cinco hechos —uno de ellos en grado de tentativa— cometidos entre el 22 de septiembre y el 18 de noviembre de 2025, en horas de la madrugada y en distintos puntos de Olavarría, con las consiguientes interrupciones de las comunicaciones.

Según la investigación, los episodios provocaron pérdidas superiores a los 20 millones de pesos para la empresa de telefonía afectada y dejaron sin servicio a casi mil usuarios, entre ellos la sede de la comisaría segunda y el destacamento local de la Policía Federal.

La estructura de la organización

De acuerdo con la hipótesis fiscal, las seis personas investigadas cumplían funciones diferenciadas y actuaban de manera coordinada.

Como presunto jefe de la organización, la fiscalía ubicó al imputado R.A.C., quien habría aportado financiamiento, logística y vehículos de gran porte para concretar las maniobras. Según la fiscalía, impartía órdenes directas y utilizaba una billetera virtual para solventar los operativos. Su pareja, M.A.L.A., era considerada el nexo logístico entre la estructura empresarial y la operatoria delictiva.

Siempre según la teoría del caso del MPF, en un segundo nivel de coordinación operativa aparecía S.A.L., cuñado del principal acusado y hermano de M.A.L.A., quien cumplía un rol de supervisor, planificaba el despliegue en el terreno y reportaba el éxito de las “cargas” a sus superiores.

Por debajo, la investigación ubicó a H.A.C., como supuesto encargado de tareas de inteligencia y vigilancia; a R.F.R.L., sindicado como el operario técnico especializado en la extracción del cableado; y a C.E.G., señalado como chofer y apoyo operativo para el traslado del material sustraído hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Infraestructura y nuevas pruebas

Durante la audiencia, la fiscal Buglione y el auxiliar fiscal Moyano destacaron que la magnitud de la organización no solo surgía de los hechos investigados, sino también de la infraestructura hallada en un galpón allanado en el partido bonaerense de Avellaneda, desde donde presuntamente operaba la banda.

En el lugar se secuestraron tres vehículos, cables con la inscripción “Telefónica”, una máquina industrial utilizada para cortar cable y extraer cobre, una bobina para enrollar cable y un camión acondicionado especialmente para la maniobra investigada, entre otros elementos. Según indicó la fiscalía, ese tipo de equipamiento y acondicionamiento —vehículos modificados con malacates, sistemas de poleas y motores auxiliares que permiten extraer en minutos tramos enteros de cableados subterráneos— coincidía con el detectado en las camionetas secuestradas durante el operativo realizado en noviembre pasado.

En noviembre de 2025, se secuestró una camioneta modificada equipada con malacate, sistema de poleas y motores para extraer cableados. Foto: Policía Federal

Además, se detectó otro camión identificado con el nombre de una sociedad anónima vinculada a la mujer imputada y a su pareja. De acuerdo con información incorporada a la investigación, el domicilio declarado por la firma no funcionaba como sede comercial y la empresa no registraba CUIT, por lo que el MPF sostuvo que podría tratarse de una firma fantasma utilizada como pantalla para los traslados entre el AMBA y Olavarría.

La fiscalía también señaló que el principal acusado está relacionado con otras empresas que no registrarían actividad real y que estaría autorizado a conducir un vehículo perteneciente a una cuarta firma con la que, según los informes incorporados al expediente, no tendría vínculo comercial.

“No solo el despliegue logístico da cuenta de una organización de gran envergadura, si se contempla que todos los investigados residen en CABA o AMBA y los hechos ocurrieron a 400 kilómetros de distancia, no solo el traslado de personas y vehículos de carga sino los gastos de alojamiento y vivienda. Además, se serviría de por lo menos dos empresas como parte de la maniobra”, sostuvo la representante del MPF durante la audiencia.

La fiscalía no descartó la participación de otras personas y advirtió que, pese a los elementos secuestrados en el galpón de Avellaneda para la extracción de cobre, no se hallaron indicios de fundiciones, una etapa posterior que podría formar parte de la cadena de comercialización del material robado.