El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa homologó acuerdos de juicio abreviado y condenó a nueve integrantes de una organización dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes que operaba desde el interior de la Unidad 4 del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en Santa Rosa. La investigación, impulsada por la Unidad Fiscal Santa Rosa, a cargo de la fiscal federal Iara Silvestre, permitió reconstruir una estructura criminal que abastecía y comercializaba cocaína y marihuana tanto dentro del establecimiento penitenciario como en distintos puntos de la provincia.

La sentencia fue dictada el 4 de mayo pasado por el juez Marcos Javier Aguerrido, quien actuó de forma unipersonal y homologó los acuerdos alcanzados entre el Ministerio Público Fiscal y las defensas de los acusados.

La investigación permitió establecer que la organización articulaba maniobras de tráfico de estupefacientes entre personas privadas de la libertad y colaboradores extramuros, encargados de trasladar droga desde Buenos Aires hacia La Pampa para luego distribuirla en Santa Rosa, Toay y Uriburu, recaudar dinero e ingresar estupefacientes al penal.

La causa tiene como principal acusado al exboxeador Víctor Manuel Purreta, quien cumple en la Unidad 4 del SPF una condena unificada de 25 años de prisión por el homicidio de su pareja Andrea López, desaparecida en febrero de 2004 en Santa Rosa. La pena había sido impuesta en 2014 por la entonces Cámara en lo Criminal N°1 de Santa Rosa, que lo condenó a 18 años de prisión por homicidio simple. Esa sanción fue unificada con una condena previa de cinco años de cárcel que había recibido en 2005 por explotar sexualmente a López y obligarla a prostituirse.

De acuerdo con la acusación fiscal, Purreta fue el encargado de coordinar las operaciones desde el interior del establecimiento penitenciario y contaba con la presunta colaboración de agentes penitenciarios que aún no pudieron ser identificados, en un tramo de la investigación que continúa abierto.

El caso

 La investigación se inició el 30 de mayo de 2023, a partir de la denuncia de un preso que declaró bajo reserva de identidad que advertía sobre la participación de Purreta en distintas actividades vinculadas al comercio de estupefacientes dentro de la Unidad 4 y señalaba además la posible connivencia de personal penitenciario.

El 5 de octubre de 2023, Purreta fue sometido a un control de rutina mediante sistema de rayos X cuando regresaba de los talleres de trabajo, dentro del establecimiento penitenciario. El procedimiento permitió detectar cuerpos extraños en su organismo y derivó en la requisa de su celda, donde fueron hallados cinco envoltorios con cocaína.

De acuerdo con la acusación fiscal, Purreta instruía a mujeres que lo visitaban sobre cómo acondicionar la droga en envoltorios de látex clasificados por color según el tipo de sustancia y cómo ocultarlos dentro de la estructura metálica de las sillas ubicadas en la sala de espera del sector de ingreso de visitas del penal.

El exboxeador fue alojado en la enfermería del penal hasta que expulsó de su cuerpo distintos envoltorios de nailon y látex con 2 gramos de cocaína y 7,5 gramos de marihuana. Para la fiscalía, ese episodio demostró que no solo organizaba maniobras extramuros, sino que también intervenía activamente en el almacenamiento y circulación de estupefacientes dentro del penal.

A partir de esos hechos, la entonces Fiscalía Federal de Santa Rosa —hoy denominada Unidad Fiscal tras la implementación del sistema acusatorio— impulsó medidas de vigilancia, seguimientos, intervenciones telefónicas, análisis de comunicaciones y allanamientos que permitieron reconstruir la estructura y el funcionamiento de la organización, que operó hasta octubre de 2024 con una distribución de roles entre sus distintos integrantes.

La estructura criminal

Según el requerimiento de elevación a juicio, Purreta organizaba las maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes desde el interior de la cárcel. Allí coordinaba precios, cantidades y modalidades de entrega de cocaína y marihuana con otros detenidos alojados en el SPF, entre ellos Walter Luis Alberto Hernández, Filver Manuel Chávez Factor y Cristiniano Francisco Escobar Carrera.

De acuerdo con la investigación, Hernández operaba junto a su pareja, Paola Yanina Llovio, encargada de las entregas de droga. Chávez Factor, en tanto, coordinaba operaciones con Ornella Julieta Vilte, quien trasladaba estupefacientes desde Buenos Aires hacia Santa Rosa. Escobar Carrera trabajaba junto a un hombre identificado como Héctor Dávalos López, acusado de transportar droga hasta La Pampa.

La fiscalía también identificó la participación de varias mujeres que cumplían distintas funciones dentro de la estructura criminal. Ana Beatriz Luján fue señalada como una de las principales encargadas de recibir los estupefacientes, administrar el dinero obtenido de la comercialización y coordinar la distribución hacia vendedores minoristas en Santa Rosa y Toay.

Asimismo, la investigación alcanzó a Macarena Cindi Giménez, sindicada como receptora de droga enviada desde Buenos Aires y coordinadora de maniobras de comercialización. También se atribuyó a otras personas la venta de estupefacientes y la recaudación de dinero para la organización en distintas localidades pampeanas.

Para el Ministerio Público Fiscal, los hechos investigados constituyeron delitos de tráfico ilícito de estupefacientes en distintas modalidades, agravados por la intervención organizada de tres o más personas. En los casos de Purreta, Hernández y Escobar Carrera también se contempló el agravante por la comisión de los hechos dentro de un establecimiento de detención.

El ingreso de droga al penal

De acuerdo con la acusación fiscal, Purreta instruía a mujeres que lo visitaban sobre cómo acondicionar la droga en envoltorios de látex clasificados por color según el tipo de sustancia y cómo ocultarlos dentro de la estructura metálica de las sillas ubicadas en la sala de espera del sector de ingreso de visitas del penal.

Las conversaciones telefónicas incorporadas a la causa permitieron comprobar que el exboxeador impartía instrucciones precisas sobre cómo esconder la droga en los caños metálicos de las sillas, que luego eran recuperadas con la colaboración de personal penitenciario, a quienes mencionaba como “Juan”, “el milico” o “los milicos”.

Vista satelital de la Unidad 4 del Servicio Penitenciario Federal en Santa Rosa, La Pampa. Foto: Google Maps

Allanamientos y secuestros

A pedido del Ministerio Público Fiscal, el 30 de octubre de 2024 se realizaron allanamientos simultáneos ordenados por el juzgado federal y ejecutados por personal del Área de Coordinación Operativa de Lucha Contra el Narcotráfico de la policía provincial pampeana.

En la sala de espera de la Unidad 4 se secuestraron dos bloques de sillas que presentaban perforaciones y aberturas compatibles con las maniobras de ocultamiento denunciadas.

En el domicilio de Ana Beatriz Luján, en Santa Rosa, se secuestraron marihuana, teléfonos celulares, una notebook, dinero en efectivo, tickets de depósitos bancarios y anotaciones. Además, en otra vivienda allanada fueron encontrados más de 100 gramos de cocaína, marihuana compactada, semillas de cannabis, balanzas digitales, dinero y municiones calibre 9 milímetros. Según las actas del operativo, uno de los acusados intentó arrojar cocaína por el inodoro al momento del ingreso policial.

En un domicilio de Toay, en tanto, se secuestraron envoltorios con cocaína y marihuana, recortes de nailon, balanzas digitales y dinero en efectivo. También fueron hallados envoltorios con marihuana en poder de otro acusado, quien intentó darse a la fuga.

Además, en la celda ocupada por Purreta se encontraron cuadernos con anotaciones, nombres, teléfonos y datos de cuentas bancarias. Ese hallazgo motivó nuevos allanamientos en el barrio porteño 21-24 de Barracas y en las localidades pampeanas de Santa Rosa y Uriburu, donde se secuestraron teléfonos celulares, dinero, semillas de cannabis, vehículos y documentación financiera. También se hallaron cuadernos y anotaciones en la celda de Escobar Carrera.

El acuerdo de juicio abreviado

Una vez que la causa avanzó a la instancia de juicio oral, nueve acusados reconocieron su participación en los hechos y suscribieron acuerdos de juicio abreviado con la fiscalía.

En cambio, Purreta y Héctor Dávalos López rechazaron ese mecanismo y deberán afrontar en el futuro un juicio oral y público.

La causa tiene como principal acusado al exboxeador Víctor Manuel Purreta, quien cumple en la Unidad 4 del SPF una condena unificada de 25 años de prisión por el homicidio de su pareja Andrea López, desaparecida en febrero de 2004 en Santa Rosa.

Durante las audiencias de visu celebradas ante el Tribunal Oral Federal de La Pampa, el Ministerio Público Fiscal ratificó las plataformas fácticas, las calificaciones legales y las penas acordadas, por lo que el juez Aguerrido homologó los acuerdos y dictó sentencia condenatoria.

Además, el tribunal resolvió suspender el juicio a prueba respecto de otros/as cuatro imputados/as —dos hombres y dos mujeres—, a quienes se les impusieron reglas de conducta y reparaciones económicas destinadas a la cooperadora del Hospital Lucio Molas de Santa Rosa.

El detalle de las nueve condenas

Las penas impuestas fueron las siguientes:

• Walter Luis Alberto Hernández (33 años): 6 años de prisión y multa de 60 unidades fijas como coautor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por la intervención organizada de tres o más personas y por su comisión dentro de un establecimiento carcelario. La pena fue unificada en una condena única de 9 años y 6 meses de prisión, al registrar antecedentes condenatorios.
• Filver Manuel Chávez Factor (44 años y de nacionalidad peruana): 6 años de prisión y multa de 60 unidades fijas como coautor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercio agravado por la intervención organizada. La pena fue unificada en una condena única de 6 años y 9 meses de prisión.
• Cristiniano Francisco Escobar Carrera (47 años y de nacionalidad paraguaya): 6 años de prisión y multa de 60 unidades fijas como coautor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por la intervención organizada de tres o más personas y por su comisión dentro de un establecimiento carcelario. La condena fue unificada en una pena única de 8 años y 8 meses de prisión.
• Paola Yanina Llovio (37 años): 6 años de prisión y multa de 60 unidades fijas como coautora del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercio agravado por la intervención organizada de tres o más personas. El tribunal mantuvo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico que ya cumplía por otra condena anterior.
• Ornella Julieta Vilte (36 años): 6 años de prisión y multa de 60 unidades fijas como coautora del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercio agravado por la intervención organizada de tres o más personas. El tribunal revocó una condena condicional previa y unificó ambas sanciones en una pena única de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, bajo modalidad domiciliaria con monitoreo electrónico.
• Ana Beatriz Luján (56 años): seis años de prisión y multa de 60 unidades fijas como coautora del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercio agravado por la intervención organizada de tres o más personas, bajo modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
• Jonathan Paolo Pérez (34 años): cinco años de prisión y multa de 50 unidades fijas como coautor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en las modalidades de comercio y tenencia con fines de comercialización. Además, el tribunal revocó una libertad condicional previa y unificó la sanción en una pena única de 17 años de prisión.
• Rosana Belén Álvarez (36 años): 4 años de prisión y multa de 45 unidades fijas como coautora del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en las modalidades de comercio y tenencia con fines de comercialización agravado por la intervención organizada de tres o más personas. La condena será cumplida bajo modalidad domiciliaria con monitoreo electrónico.

Macarena Cindi Giménez (29 años): 3 años de prisión de cumplimiento efectivo bajo modalidad domiciliaria y multa de 25 unidades fijas como partícipe secundaria del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercio agravado por la intervención organizada de tres o más personas.