En el juicio intervinieron el fiscal general Marcelo Colombo y la auxiliar fiscal Agustina D'Angelo

Condenaron a un exjuez federal y a un exfuncionario de la Cámara de Casación Penal por el intento de manipulación de la investigación por el crimen de Mariano Ferreyra

La decisión la tomó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°8, que los consideró responsables del delito de tráfico de influencias. Los fundamentos se conocerán el próximo 5 de agosto.

Un abogado y exmagistrado federal junto con un exfuncionario de la Oficina de Sorteos de la Cámara de Casación Penal fueron condenados a cinco y tres años de prisión, respectivamente, por ser parte de una maniobra que buscó entorpecer y manipular el proceso judicial que investigaba el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, ocurrido en octubre de 2010. En el juicio, intervinieron el fiscal titular de la Fiscalía General N° 8 ante los Tribunales Orales Federales de Capital Federal, Marcelo Colombo, y la auxiliar fiscal Agustina D'Angelo.

El juez Nicolás Toselli y las juezas Sabrina Namer y Gabriela López Iñiguez consideraron al exmagistrado Octavio Luis Aráoz de Lamadrid como responsable del delito de tráfico de influencias agravado y le fijaron una inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, en línea con lo que había reclamado la fiscalía en su alegato.

El exfuncionario judicial, Luis Ameghino Escobar, quien fue integrante de la Oficina de Sorteos de la Cámara de Casación Penal, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por el mismo delito y le fijaron también una inhabilitación especial perpetua.

En relación al exvicepresidente de Belgrano Cargas, Ángel Luis Stafforini, declararon que su conducta se correspondía con el delito de cohecho activo agravado. Sin embargo, como lo consideraron partícipe secundario de la maniobra, declararon la extinción penal por prescripción y lo absolvieron. Por último, dictaron la absolución de la exdirectora suplente de Belgrano Cargas SA, Susana Rita Planas.

Por otra parte, y en línea con lo que había planteado la fiscalía en su alegato, los jueces ordenaron el decomiso de los 50 mil dólares que se secuestraron en la causa. Los fundamentos se conocerán el próximo 5 de agosto.

La acusación

Durante el alegato, el fiscal Colombo sostuvo que, a partir del homicidio de Mariano Ferreyra, ocurrido el 20 de octubre de 2010 en una manifestación de un grupo de trabajadores ferroviarios tercerizados, comenzaron una sucesión de maniobras para garantizar la impunidad del por entonces titular de la Unión Ferroviaria José Pedraza y del resto de los implicados en el caso. La fiscalía señaló que “hubo un pacto previo entre las personas implicadas, quienes desarrollaron una serie de acciones escalonadas tendientes a lograr la revocación de los procesamientos y la liberación de los siete imputados por el crimen de Mariano Ferreyra”.

Cabe recordar que, en noviembre de 2010, fueron procesados varios de los implicados en la causa principal y, a fines de diciembre, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó esa decisión y rechazó las excarcelaciones. Al mismo tiempo, comenzaron los movimientos, las llamadas y los encuentros, principalmente entre Aráoz de Lamadrid y el fallecido exagente de la Secretaría de Inteligencia (ahora SIDE) Juan José Riquelme, pero también con Stafforini. La fiscalía marcó que el objetivo del plan trazado consistía en influir en los jueces de la Cámara de Casación, principalmente en Eduardo Riggi y, a través de él, en los otros integrantes de la sala III.

“Estamos ante un caso que tiene prueba irrefutable y que fue orquestado por tres personas para ejercer influencia en el tribunal penal del país”, había remarcado el MPF en relación a Aráoz de Lamadrid, Riquelme y Pedraza. Los dos últimos estaban imputados pero fallecieron antes de que comience el debate. En el juicio por el homicidio de Mariano Ferreyra, Pedraza fue condenado a 15 años de prisión.

De acuerdo con lo que indicó la fiscalía, el acuerdo ilegal entre los imputados se completó con la participación de Ameghino Escobar a través de la manipulación del sorteo de cámara y con Stafforini encargándose de los pagos al abogado y exjuez. En ese sentido, se hizo foco en que Aráoz de Lamadrid cobró dinero de la Unión Ferroviaria a través de facturas adulteradas por servicios que nunca ocurrieron.

En su exposición, el fiscal Colombo había mencionado que la manipulación del sorteo es algo que figura desde las primeras conversaciones que Aráoz de Lamadrid mantuvo con Riquelme. “Las manipulaciones, las ofertas de interferencias y las visitas forman parte del mismo plan y están abarcados por esa misma voluntad final: llegar a la sala III”, recalcó.