El Juzgado Federal N°2 de Tucumán procesó sin prisión preventiva a ocho personas acusadas de intervenir en una maniobra destinada a desviar armas de fuego del circuito legal hacia el circuito clandestino. La investigación, impulsada por la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, a cargo del fiscal Agustín Chit, junto con su equipo, la auxiliar fiscal Julia Vitar y la instructora Jimena Ruiz, permitió reconstruir un esquema de adquisición y provisión de armamento que, según la hipótesis del caso, abastecía a una organización dedicada al contrabando de armas hacia Chile.

Entre los procesados se encuentran tres empleados de una armería de San Miguel de Tucumán, dos usuarios legítimos que habrían actuado como prestanombres, un proveedor y dos intermediarios. A todos, el juez federal José Manuel Díaz Vélez les atribuyó el delito de entrega de armas de fuego a quien no acreditare su condición de legítimo usuario.

La causa se vincula con una investigación de mayor escala que tramita ante la justicia federal de Mendoza, donde recientemente se solicitó la elevación a juicio de 34 personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada al tráfico de armas y municiones entre Argentina y Chile. Según la pesquisa, los hechos investigados en Tucumán constituyen el eslabón de adquisición del armamento que luego era trasladado de manera clandestina para su comercialización en el país trasandino.

Si bien al resolver la situación procesal de los imputados, el magistrado no dispuso su prisión preventiva, les impuso la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse semanalmente ante el tribunal. También trabó embargos sobre sus bienes por montos de entre 8 y 12 millones de pesos.

Por otra parte, el juez dictó la falta de mérito respecto de la imputación por acopio de armas de fuego, a la espera de nuevas medidas de prueba, entre ellas peritajes sobre los teléfonos secuestrados y un análisis destinado a determinar si la cantidad de armamento incautado permite configurar esa figura penal. Asimismo, un noveno imputado recibió la falta de mérito al no haberse acreditado, por el momento, su participación directa en los hechos investigados.

El caso

 La investigación se inició el 19 de diciembre de 2023, cuando personal de Gendarmería Nacional realizó un control preventivo sobre un ómnibus de larga distancia en la localidad tucumana de La Invernada. Durante el procedimiento fueron identificados dos ciudadanos chilenos que ocultaban entre sus pertenencias ocho pistolas calibre 9 milímetros, .40 y .45, además de cargadores y dinero en divisas extranjeras.

Si bien en un primer momento ambos fueron procesados por acopio de armas de fuego, posteriormente la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán recalificó los hechos y entendió que correspondía atribuirles el delito de tenencia ilegítima de armas de uso civil y de guerra.

Los peritajes sobre los teléfonos de las personas que oficiaban de transportistas permitieron reconstruir la cadena de mandos, mientras que los informes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) certificaron que el armamento había sido adquirido en Tucumán apenas días antes del secuestro en el operativo. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, los detenidos actuaban como enlaces operativos que respondían a instrucciones impartidas desde Chile y Buenos Aires.

De acuerdo con el procesamiento, la maniobra consistía en captar personas habilitadas como legítimos usuarios para que registraran armas a su nombre ante la ANMAC. Una vez formalizado el trámite legal, el armamento era desviado de inmediato hacia el mercado ilegal para ser entregado a la organización dedicada al contrabando.

Dentro de este esquema, para la concreción de esas maniobras resultaba central la participación de empleados de una armería de San Miguel de Tucumán, quienes, según la investigación y a partir de su conocimiento técnico y acceso a la documentación pertinente, facilitaban las transferencias del material y habrían incorporado firmas apócrifas en documentación oficial para agilizar las operaciones.

Uno de los casos analizados reveló que un arma secuestrada durante el procedimiento figuraba registrada a nombre de una persona fallecida en 2020, años antes de la supuesta transferencia. Al valorar la conducta de los empleados de la armería, el juez Díaz Vélez sostuvo que no podían ser considerados simples particulares, “ya que su capacitación y función dentro del comercio les permitía advertir irregularidades que no pasarían inadvertidas para personas con conocimiento especializado en la materia”.

La prueba reunida incluyó diversos intercambios de mensajes a través del servicio de la aplicación WhatsApp y escuchas telefónicas. En uno de los intercambios, uno de los empleados explicó a un intermediario que el dinero correspondiente a la venta de un arma sería recibido fuera del local comercial “por políticas de la empresa”.

Además, se detectaron mensajes con quien era señalado como proveedor habitual del grupo, en los que se hacía referencia al caudal de mercadería que adquirían: “Vos has sido testigo de cuanta guita te hemos dejado para comprar esos fierros”, señaló. También se hallaron discusiones referidas a compras en dólares para “rescatar fierros”.

Por otra parte, los dos usuarios legítimos procesados habrían prestado su identidad para figurar como adquirentes formales de las armas que, luego de la firma de los formularios en la armería, quedaban en poder del proveedor de la organización.

A su vez, dos intermediarios —padre e hijo— habrían intervenido en la logística necesaria para hacer llegar el armamento a los transportistas en la terminal de ómnibus de Tucumán. El hijo era el encargado de coordinar los encuentros en la estación, tal como se desprende de los mensajes que intercambió a través de WhatsApp, siendo luego reemplazado por su padre, quien asumió el rol de contacto para finalizar las entregas.

A pedido de la fiscalía, se realizaron allanamientos en domicilios ubicados en San Miguel de Tucumán y en la localidad de Los Ralos. Durante los procedimientos se secuestraron más de 20 armas de fuego —entre pistolas, revólveres, rifles, carabinas y escopetas—, además de cargadores, miras telescópicas, supresores de sonido, municiones, teléfonos celulares, documentación vinculada con la tenencia y transferencia de armas, credenciales de legítimo usuario, comprobantes bancarios y dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera.

Conexión con la causa de Mendoza

 Los hechos investigados en Tucumán surgieron a partir de una causa de mayor alcance desarrollada por la Unidad Fiscal Mendoza, donde recientemente se requirió la elevación a juicio de 34 personas acusadas de integrar una organización dedicada al tráfico de armas y municiones hacia Chile.

De acuerdo con esa investigación, la organización obtenía armas mediante compras legales realizadas por terceros, transferencias simuladas y otras maniobras destinadas a ocultar el verdadero destino del material. Posteriormente, las armas eran trasladadas de manera clandestina a Chile para su comercialización, principalmente a través del paso internacional Cristo Redentor.

La causa en Tucumán permitió reconstruir una parte de esa cadena de abastecimiento y avanzar sobre las personas que habrían intervenido en la obtención y provisión de las armas secuestradas durante el procedimiento. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la investigación permitió identificar no solo a quienes intentaban transportar el armamento hacia Chile, sino también a quienes habrían intervenido en etapas previas del circuito ilegal, desde la captación de legítimos usuarios hasta las operaciones de transferencia y entrega de las armas.