El fiscal federal Santiago Eyherabide y el auxiliar fiscal Hércules Giffi formalizaron la investigación penal contra siete personas que fueron detenidas el fin de semana pasado en la ciudad de Mar del Plata, acusadas de integrar una organización narcocriminal dedicada al almacenamiento, transporte, cultivo y comercialización de estupefacientes, así como al presunto lavado de activos provenientes de esa actividad ilícita.

La imputación alcanzó a cinco hombres y dos mujeres y fue formulada en una audiencia de formalización realizada ayer ante el juez federal de garantías de Mar del Plata, Santiago Inchausti.

A pedido de los representantes del MPF, el magistrado convalidó las detenciones, el secuestro de diversos elementos durante los procedimientos —entre ellos cocaína, marihuana y drogas sintéticas como tusi, MDMA y ketamina— y fijó un plazo de 180 días para el desarrollo de la investigación. Asimismo, dispuso la prisión preventiva por ese mismo período para los cinco hombres detenidos y el de 15 días para las dos imputadas.

Respecto de los hombres, además de los delitos vinculados al tráfico de drogas, la fiscalía les atribuyó haber integrado una asociación ilícita en su modalidad de organización criminal, en los términos del artículo 210 ter del Código Penal, figura que prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión.

La investigación está a cargo de la Oficina de Narcocriminalidad, conducida por el fiscal Eyherabide, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, que dirige el fiscal general Daniel Eduardo Adler, y contó con la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El fiscal federal Santiago Eyherabide y el auxiliar fiscal Hércules Giffi, durante la audiencia de formalización. Foto: Belén Cano / Ministerio Público Fiscal

La investigación

La pesquisa, que se inició el 12 de mayo pasado a partir de información obtenida en el marco de otra investigación judicial vinculada al narcotráfico, permitió reconstruir el funcionamiento de una organización dedicada a la distribución de cocaína y otras sustancias en Mar del Plata.

Según expuso la fiscalía durante la audiencia, distintas tareas investigativas permitieron detectar una posible maniobra de abastecimiento y distribución de cocaína el pasado sábado 13 de junio, al determinarse que uno de los investigados viajaba desde su casa en un country del Gran Buenos Aires hacia la ciudad de Mar del Plata.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, ese imputado mantenía vínculos con circuitos de aprovisionamiento de estupefacientes y viajaba a Bolivia a pagar por determinadas cantidades de droga para luego distribuirlas en la ciudad. Incluso, la investigación detectó un viaje realizado a ese mismo país limítrofe en marzo de este año y otros cuatro desplazamientos efectuados durante 2025 hacia la provincia de Jujuy.

Los investigadores reconstruyeron un circuito de distribución que permitió vincular distintos domicilios y personas investigadas. Al verificarse la presencia del sospechoso en Mar del Plata, la fiscalía solicitó de manera urgente allanamientos y detenciones, medidas que fueron autorizadas por el juez y ejecutadas durante la misma noche con la participación de personal de la PSA y de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mar del Plata de la Policía Federal Argentina (PFA).

Más de 16 kilos de cocaína y otras sustancias secuestradas

Los procedimientos se realizaron en cuatro inmuebles ubicados en la zona norte de Mar del Plata, en los barrios Parque Camet y Constitución.

Como resultado de los allanamientos se secuestraron más de 16 kilos de cocaína distribuidos en 15 ladrillos que tenían la particularidad de llevar estampado el logo de Batman, más de un kilo y medio de tusi, alrededor de 650 pastillas de MDMA (éxtasis), 390 gramos de metanfetamina cristalizada, un litro de ketamina, 139 plantas de cannabis, 31 frascos con marihuana y casi 200 gramos de cogollos de esa misma sustancia.

Algunos de los ladrillos de cocaína secuestrados estaban escondidos en el asiento de un vehículo. Foto: Policía de Seguridad Aeroportuaria

Durante la audiencia, en la que las defensas estuvieron presentes y los imputados se conectaron de manera remota desde sus lugares de detención, la fiscalía detalló un nutrido material probatorio para respaldar las acusaciones y atribuirle a los imputados actividades de almacenamiento, transporte y comercialización de estupefacientes.

Asimismo, señaló que existen indicios de maniobras de lavado de activos, al advertirse inconsistencias entre los trabajos declarados y el estilo de vida ostentado por los acusados, los lugares donde viven, los vehículos que conducen y el dinero secuestrado durante los procedimientos.

Respecto de la imputación por la integración de una organización criminal, Eyherabide destacó la magnitud de la maniobra investigada y la capacidad operativa necesaria para manejar el volumen de droga descripto. También hizo referencia a antecedentes penales e investigaciones previas que registran dos de los acusados que, según la fiscalía, serían quienes proveían de material estupefaciente a otras organizaciones que operaron o pueden operar en la ciudad.

Embargos sobre inmuebles, dinero y vehículos

A pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez dispuso además medidas cautelares sobre distintos bienes vinculados a la investigación.

En ese marco, se secuestraron siete vehículos, en su mayoría de alta gama, sobre los cuales el MPF solicitó que la PSA y la Policía Federal Argentina puedan recibirlos provisoriamente en carácter de depositarias judiciales para su utilización en funciones operativas.

En los allanamientos realizados de manera conjunta por personal de la PSA y la PFA, también se hallaron 139 plantas de cannabis. Foto: Policía de Seguridad Aeroportuaria

También se incautaron más de 80 mil dólares y casi siete millones de pesos, fondos que serán colocados en un plazo fijo con renovación automática hasta que se resuelva su decomiso, afectación al pago de costas o eventual restitución.

Por otra parte, se ordenó el embargo con fines de decomiso y la anotación registral de cinco inmuebles: cuatro viviendas ubicadas en Mar del Plata donde se realizaron los allanamientos y una propiedad emplazada en un country del partido de Ezeiza.

Los fundamentos de la prisión preventiva

Al solicitar las medidas de coerción, el auxiliar fiscal Giffi sostuvo que subsisten diversos riesgos procesales que justifican el encarcelamiento cautelar de los imputados.

Entre otros aspectos, señaló que aún resta producir medidas probatorias relevantes, entre ellas declaraciones testimoniales y peritajes sobre los teléfonos celulares secuestrados. También valoró las numerosas salidas del país registradas por algunos acusados, la vinculación de los investigados con numerosos domicilios –30 en total entre los siete acusados—, la utilización de 25 líneas telefónicas, la disponibilidad de importantes sumas de dinero en efectivo y el valor económico tanto de los vehículos como de los estupefacientes incautados.

Al resolver, el juez distinguió la situación procesal de los imputados según los delitos atribuidos y por ello convalidó la prisión preventiva por 180 días para los cinco hombres acusados de integrar la organización criminal, mientras que respecto de las dos mujeres fijó un plazo de 15 días, tras el cual deberá reevaluarse su situación.