La titular del Juzgado Federal de Concordia, Analía Ramponi, procesó con prisión preventiva a tres personas imputadas en una investigación por el transporte de 260 kilogramos de cocaína que el mes pasado eran trasladados en un automóvil de alta gama Mercedes Benz y fueron descartados durante una persecución por rutas de la provincia de Entre Ríos.

La causa es impulsada por la Fiscalía Federal de Concordia, a cargo de Francisco José Bernhardt, con la intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), encabezada por Diego Iglesias y la colaboración del fiscal coadyuvante Martín Uriona.

En una resolución firmada el martes pasado, la magistrada procesó a C.F., de 53 años, y a B.M., de 19 años, como coautores del delito de transporte de estupefacientes, en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego. Además, respecto de C.F. sumó el delito de desobediencia a la autoridad por haberse fugado de un control policial. También dispuso un embargo de 100 millones de pesos sobre los bienes de cada uno.

Por otra parte, la imputada S.B., de 41 años y madre de B.M., fue procesada como autora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y se fijó un embargo de 6 millones de pesos sobre sus bienes.

El procesado C.F., alias “Carlitos”, registra una condena a 14 años de prisión por tráfico de estupefacientes agravado y portación de arma de guerra, pero al momento de su detención se encontraba en libertad condicional. Además, había cobrado notoriedad en 2011 al integrar la nómina de los prófugos más buscados del país luego de escapar de una alcaidía de la ciudad de Rosario.

El caso

La causa se inició el 28 de mayo pasado, alrededor de las 9.30, cuando personal policial que realizaba controles preventivos en el puesto caminero Puente de Hierro, en el departamento entrerriano de Feliciano, detuvo la marcha de un Mercedes Benz C200 Avantgarde conducido por C.F. y en el que B.M. viajaba como acompañante.

La resolución también valoró la fuga del control policial, el hallazgo de elementos vinculados a los imputados entre los objetos descartados durante la persecución y los resultados de distintas medidas probatorias incorporadas al expediente para concluir que ambos acusados tenían pleno conocimiento de la sustancia transportada.

Según la investigación, cuando los agentes solicitaron la apertura del baúl, el conductor manifestó que no podía abrirse desde el exterior. Sin embargo, al volver a ingresar al vehículo con el supuesto propósito de habilitar su apertura, C.F. aceleró y escapó del lugar junto a su acompañante.

A raíz de ello se desplegó un operativo cerrojo que permitió interceptar el automóvil sobre la ruta provincial N°28. Durante la requisa se secuestraron pequeñas cantidades de marihuana y cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular.

De manera paralela, los efectivos realizaron un rastrillaje sobre el recorrido de la fuga y hallaron, ocultos entre la vegetación, bolsos y mochilas descartados durante la persecución. En su interior encontraron 250 paquetes rectangulares que, tras las pruebas orientativas correspondientes, dieron resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total aproximado de 260 kilogramos.

Durante un rastrillaje efectuado a unos 30 metros del sitio donde se incautaron los estupefacientes también fueron secuestrados una pistola calibre 9 milímetros con cargadores, otro teléfono celular y un cuchillo, elementos que, según la pesquisa, también habían sido descartados durante la huida.

Como parte de las medidas de investigación posteriores, se realizaron allanamientos en distintos puntos del país. En uno de ellos, concretado el 29 de mayo pasado en una vivienda de Itatí, Corrientes, fue detenida S.B., quien, según surge de la resolución también contaba con una condena previa a 4 años de prisión por transporte de estupefacientes, dictada en 2022 por el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Durante el procedimiento se secuestraron 44 gramos de cocaína ocultos en una cartera. Del total, 35 gramos estaban acondicionados en un único envoltorio compacto y los 9 gramos restantes se encontraban distribuidos en 24 dosis individuales, una modalidad de fraccionamiento que, según la resolución judicial, resulta compatible con actividades de comercialización al menudeo.

La resolución de la jueza

La jueza destacó en su resolución que, de acuerdo a los testimonios de los policías que participaron del procedimiento, las mochilas halladas durante el rastrillaje “presentaban las mismas características” que aquellas observadas previamente por los efectivos en el asiento trasero del Mercedes Benz durante el control vehicular.

Los efectivos realizaron un rastrillaje sobre el recorrido de la fuga del vehículo y hallaron, ocultos entre la vegetación, bolsos y mochilas descartados durante la persecución. En su interior encontraron 250 paquetes rectangulares que, tras las pruebas orientativas correspondientes, dieron resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total aproximado de 260 kilogramos.

Para la magistrada, esa circunstancia “constituye un elemento adicional de suma relevancia, en tanto permite vincular de manera directa los objetos descartados durante la huida con el vehículo en el que se desplazaban los imputados, reforzando así la hipótesis relativa al conocimiento y dominio que aquéllos ejercían sobre el estupefaciente transportado y los demás efectos secuestrados”.

La resolución también valoró la fuga del control policial, el hallazgo de elementos vinculados a los imputados entre los objetos descartados durante la persecución y los resultados de distintas medidas probatorias incorporadas al expediente para concluir que ambos acusados tenían pleno conocimiento de la sustancia transportada.

En relación a la situación de S.B., la magistrada sostuvo que las circunstancias del hallazgo de las dosis de cocaína en su cartera permitían considerar, con el grado de probabilidad requerido para esta etapa del proceso, que la imputada conocía la existencia de la sustancia y ejercía sobre ella un efectivo poder de custodia y disposición.

Al fundamentar la procedencia de la prisión preventiva, la jueza Ramponi consideró acreditada la existencia de riesgos procesales vinculados tanto al peligro de fuga como al eventual entorpecimiento de la investigación. En ese sentido, sostuvo que el transporte de aproximadamente 260 kilos de cocaína no aparecía como "un episodio espontáneo o carente de organización" y remarcó que los imputados intentaron eludir el accionar policial mediante una maniobra de fuga.

También valoró que durante la persecución se descartaron bolsos con la droga, teléfonos celulares y un arma de fuego, conductas que consideró "objetivamente compatibles con una finalidad orientada a procurar impunidad, dificultar la reconstrucción del hecho y obstaculizar el avance de la investigación".

La magistrada entendió además que la gravedad de los hechos investigados, la magnitud del cargamento secuestrado, la modalidad presuntamente organizada de la maniobra, la pena en expectativa, los antecedentes de algunos imputados y la insuficiencia de elementos objetivos de arraigo permitían tener por configurado el peligro de fuga.