Intervienen el fiscal general Eduardo Villalba, la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi y PROCUNAR, a cargo de Diego Iglesias

Salta: imputan y dictan la prisión preventiva de dos personas detenidas por transportar 446 kilos de cocaína en un camión

La droga iba oculta en un sofisticado compartimento acondicionado con un sello hidráulico en la parte trasera de un camión cisterna. La investigación —que pertenece a la PROCUNAR NOA— giró en torno a los “bombardeo de drogas”. La carga salió de Salta y fue interceptada en Santiago del Estero.

A pedido de la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, en representación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NOA, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba, el juez federal de garantías N°1, Julio Bavio, dio por formalizada la investigación y dictó la prisión preventiva por seis meses para dos hombres acusados de transportar 446 kilos de cocaína en un camión cisterna.

En la audiencia de formalización, se fijó un plazo de seis meses para la investigación penal. Entre otras disposiciones, el juez declaró la legalidad de las detenciones y dictó un pedido de captura nacional e internacional de un tercer implicado que logró escapar.

El caso

Según indicó la fiscalía, se les imputó a los imputados haber transportado, entre el 27 y el 29 de julio, 446 kilos de cocaína en un doble fondo acondicionado en un camión cisterna, propiedad del hombre que se encuentra prófugo. Sostuvo que la droga fue descubierta en Santiago del Estero luego de un seguimiento llevado adelante por personal de Gendarmería Nacional, en el marco de una investigación dirigida por la PROCUNAR NOA.

Según sostuvieron los representantes del MPF, el 27 de julio pasado, el camión salió de un galpón ubicado en la zona oeste de Salta, a la vera de la autopista de Circunvalación Oeste, próximo al acceso que conduce a Rosario de Lerma. En la audiencia, indicaron que dicha instalación ya estaba bajo vigilancia a partir de los datos que surgieron de la investigación, donde interviene la PROCUNAR, a cargo del fiscal federal Diego Iglesias. Durante las tareas de campo, de ese día, se pudo advertir la llegada al galpón de una camioneta Toyota Hilux, conducida por el principal imputado y jefe de la organización. Media hora después de su arribo, se abrieron las puertas del depósito y salió el camión, el cual tomó la ruta provincial 58, para luego cruzar hacia el peaje y retomar el trayecto hasta llegar a Las Lajitas, donde ingresó a una estación de servicio.

El vehículo era conducido por uno de los imputados, quien luego salió por la ruta 5 en dirección a Pichanal, ya durante la noche. Para evitar ser detectados, los gendarmes tomaron distancia, circunstancias en la que lo perdieron de vista. No obstante, lo localizaron antes de que llegue a la localidad de Monte Quemado, ya en Santiago del Estero. Ya el 28 de julio, en el puesto de control de Monte Quemado, y por orden judicial requerida por la fiscalía, se procedió a una requisa física del transporte, sin uso de scanner ni perro antidrogas. En esas circunstancias, no se advirtieron evidencias de la droga ni de algún compartimento oculto, aunque sí habría llamado la atención de los gendarmes la explicación dubitativa que dio el transportista respecto a la ruta de viaje.

Tras esto, se permitió que el camión siga viaje hasta la localidad de Tintina, donde se realizó otra requisa judicial, ya con uso de scanner móvil y perros entrenados, donde se detectaron imágenes sospechosas en la parte trasera del rodado, zona que también fue marcada por un can. Ante esto, se trasladó al vehículo hasta el puesto que posee la Dirección General de Aduanas en la localidad de La Banda. Allí, personal especializado realizó un corte con una amoladora en la parte trasera, donde se advirtió la existencia de un compartimento oculto. De acuerdo con lo que explicó la fiscal, el doble fondo tenía una construcción compleja con un sistema sofisticado de cierre hidráulico.

Foto: Gendarmería Nacional

Luego de varias horas de trabajo, se pudo abrir la bóveda y se hallaron 11 bolsas con 420 paquetes de cocaína, lo que determinó la detención del conductor y el secuestro de su celular. Posteriormente, y en función de la investigación llevada adelante, se procedió a la detención del líder de la banda, en su vivienda ubicada en la localidad de Salvador Mazza, donde el imputado, ya a sabiendas de que el transportista no se reportaba, preparaba su huida.

Según lo relatado por la representante del MPF, al irrumpir en la vivienda, los gendarmes observaron a la pareja del implicado correr hacia el fondo de la vivienda, desde donde arrojó a la casa de su vecino un paquete con 65 mil dólares y celulares.

Investigación

Al profundizar sobre los detalles de la pesquisa, el auxiliar fiscal señaló que la hipótesis del MPF se construyó en torno a la sospecha de “bombardeo de drogas” en campos y fincas en el sur provincial y el uso de vehículos que eran acondicionados para el transporte de los estupefacientes.

En este caso, se tomó como punto de partida una situación ocurrida el 25 de julio de 2023, cuando se concretó un “bombardeo" de 400 kilos de cocaína, por lo que fueron detenidas siete personas. A partir de esa investigación, surgió el nombre de un hombre que tiene antecedentes por narcotráfico y que fue vinculado con el transportista ahora detenido.

Mediante una sigilosa tarea de campo, gabinete e intervenciones telefónicas, la fiscalía pudo identificar el galpón en la zona oeste que se convirtió en el principal foco de vigilancia del caso. Además, se indicó que la droga tenía como destino la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pues habían obtenido información previa de los movimientos de esta organización que dan cuenta de un viaje similar, registrado en febrero pasado.

Sustentada la imputación, la fiscalía solicitó la prisión preventiva de ambos imputados, la que fundaron en los riesgos de fuga, entorpecimiento, la gravedad del hecho, dada la enorme cantidad de droga secuestrada y la alta escala penal del delito, con una pena mínima de 6 años de prisión.

También citaron la facilidad que tienen los implicados para huir, la solvencia económica y el estado incipiente de la investigación, de la cual surgen claro indicios de la participación de otros involucrado aún no identificados. El magistrado compartió los argumentos de la fiscalía e hizo lugar a todos sus requerimientos, entre ellas la autorización de los peritajes a más de 20 celulares secuestrados.