El historiador y diputado provincial Rubén Guillón declaró ante la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia y brindó detalles de su investigación histórica sobre la Masacre de Zapallar, ocurrida en 1933 en el entonces Territorio Nacional del Chaco. La exposición fue realizada el 12 de agosto pasado ante el fiscal general Federico Carniel y los auxiliares fiscales Horacio Rodríguez y Diego Vigay.

Guillón había aportado previamente a la investigación judicial publicaciones del diario La Voz del Chaco y de la revista Estampa Chaqueña, certificados de defunción de víctimas, el organigrama del municipio de El Zapallar correspondiente a 1932, un croquis de la localidad con la señalización de los lugares donde ocurrieron los hechos y textos de distintos historiadores. Parte de su investigación fue publicada en un capítulo de su libro sobre la historia de General San Martín.

Durante su declaración en la fiscalía, el historiador relató que, en septiembre de 1933, en la entonces Colonia El Zapallar, se produjo un episodio de “represión violenta por parte de fuerzas policiales y algunas personas civiles lugareñas del poblado, para con un grupo de personas ajenas a la localidad y que estaba compuesto por indígenas de la etnia mocovi del Chaco. La población de El Zapallar se enteró que estaban por llegar un grupo de indígenas que no pertenecían a las tribus cercanas y consideraron que representaban un peligro para los lugareños”.

Según explicó, la población de El Zapallar tomó conocimiento de la llegada de un grupo de indígenas que no pertenecían a las comunidades cercanas y consideró que “representaban un peligro para los lugareños”.

Sin embargo, Guillón explicó que, de acuerdo con su reconstrucción histórica, “la columna de indígenas que se había aproximado al pueblo, luego de permanecer varios días en cercanías del casco urbano, tenía la intención de tan solo pedir comida y trabajo y como respuesta recibió balas y palos por parte del grupo armado”.

El historiador también hizo especial referencia al Informe N°4 de la Comisión Honoraria de Reducciones, elaborado en 1936, al que consideró una prueba significativa para la reconstrucción de los hechos y destacó los siguientes párrafos: “Divididos en tres grandes grupos, marchaban adelante las mujeres y los niños, a continuación los viejos y, a cierta distancia, un tercer grupo constituido por adultos, queriendo significar que iban con carácter de paz y a pedir socorro. El movimiento fue mal interpretado, y reunido un grupo de pobladores armados a las órdenes del Comisario, recibieron a tiros a la miserable columna, haciendo por incomprensión una estúpida carnicería”.

A partir de ese documento, concluyó que “en ningún momento se advirtieron actitudes, comportamientos agresivos o violentos de los indígenas” y que “ocurrió todo lo contrario”.

“Ingresaron pacíficamente y fueron recibidos a tiros, o sea, fueron reprimidos y masacrados y teniendo en cuenta que los primeros en ingresar fueron las mujeres, los niños y luego los ancianos”, concluyó Guillón durante su testimonio.

Los aportes del Instituto de Investigaciones Geohistóricas del CONICET Nordeste

El Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI) del CONICET Nordeste también aportó documentación a la investigación. El equipo realizó un relevamiento de su biblioteca y remitió ensayos y documentos históricos con información directa y de contexto sobre la Masacre de El Zapallar, así como sobre las condiciones históricas y económicas de la región.

Entre los materiales incorporados se encuentran cuatro libros del historiador Oscar Ernesto Mari: El Territorio Nacional del Chaco durante la etapa conservadora 1930-1943; La gestión del gobernador Juan Vrillaud en el Territorio Nacional del Chaco (1932-1933); Inseguridad y Bandidaje en el Territorio Nacional del Chaco. 1918-1940; y José Conrado Castells y su obra de Gobierno en el Chaco (1933-1938).

Otros libros aportados fueron Huelgas, Balas y Piquetes. Los movimientos algodoneros de 1934 y 1936 en territorio chaqueño, de Julián Herrera; Territorio Algodonero. Procesos de construcción de la identidad socio-productiva vinculados al algodón en el Chaco, de Cristina Valenzuela; y Tres Ciclos Chaqueños, una crónica histórica regional de Guido Miranda.

Asimismo, se incorporaron documentos como El Chaco de 1940, de la Comisión Organizadora de la Primera Exposición sobre el Territorio Nacional del Chaco; La Guía del Chaco. Año IV 1925-1926, del editor Juan Moro; el artículo “El aporte de Pedro Alfonso Barberán a la historiografía de El Zapallar”, de Diego Tolosa; y el Informe N° 4 de la Comisión Honoraria de Reducciones, de 1936.

Parte de la documentación aportada por el Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI) del CONICET Nordeste. Foto: Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia

La investigación como un crimen de lesa humanidad

La investigación, iniciada en 2014, tiene en consideración el antecedente del juicio por la verdad por la Masacre de Napalpí, y ha incorporado testimonios de algunos sobrevivientes como Pedro Balquinta, Ramona Pérez y Justino Lalecori, además de las declaraciones de descendientes de víctimas.

También fueron incorporados capítulos y trabajos de distintas investigaciones históricas, entre ellos De la algarroba al algodón, de Edgardo Cordeu y Alejandra Sifredi; Historia de los aborígenes, de Orlando Sánchez; Del olvido a la esperanza, de Eduardo Barreto; El Zapallar tenemos historia, de Rubén Guillón; Guaycurú tierra rebelde. Tres sublevaciones indígenas, de Jorge Luis Ubertalli; Movimientos milenaristas de los aborígenes chaqueños entre 1905 y 1933, de Leopoldo Bartolomé; Reducciones estatales indígenas ¿Espacios concentracionarios o avance civilizatorio?, de Marcelo Musante; y Memorias del Gran Chaco, de Mercedes Silva.

Por su parte, el Archivo Histórico Monseñor Alumni remitió documentación considerada de valor como prueba de contexto. Entre los materiales se encuentra un informe de 1914 sobre la Reducción Napalpí, elaborado por Arribalzaga; un suplemento especial del diario La Voz del Chaco sobre la reducción en 1930; y el libro Historia de la Provincia del Chaco, de López Piacentini, que aborda, entre otros aspectos, los períodos de sequía registrados en la región.

En agosto de 2024, en función del estado de la investigación, la fiscalía solicitó la colaboración de la comunidad del pueblo Moqoit para encontrar a descendientes de sobrevivientes de la masacre que, por el relato oral de sus mayores, pudieran llegar a tener conocimiento de lo sucedido para brindar testimonio en el marco de la investigación de los representantes del MPF.

El 6 de abril pasado, once descendientes de sobrevivientes de la Masacre de El Zapallar declararon Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia. La audiencia se realizó en la Biblioteca Cervantes de la localidad chaqueña de San Bernado y los testimonios coincidieron en describir que la situación de hambre que existía en las comunidades indígenas a mediados de aquel 1933, fue lo que motivó su movilización hacia la zona de El Zapallar en búsqueda de trabajo y alimentos.

Actualmente se encuentra pendiente la presentación de un informe del historiador Alejandro Jasinski sobre las pruebas reunidas en el expediente y la declaración del historiador chaqueño Julián Herrera.

Asimismo, la fiscalía trabaja en un pedido a la jueza federal Zunilda Niremperger para la realización de un juicio por la verdad oral y público, en línea con el antecedente de la Masacre de Napalpí.

La masacre

En 1933, el Territorio Nacional del Chaco atravesaba un período de extrema sequía que agravó las condiciones de hambre y penuria de las comunidades indígenas que habitaban la región.

A principios de septiembre de ese año, aproximadamente 300 integrantes de familias de la comunidad Moqoit iniciaron una marcha desde la Reducción Napalpí hacia la localidad de El Zapallar —actualmente General San Martín— con el propósito de solicitar trabajo y alimentos. La peregrinación, de unos 100 kilómetros, estuvo encabezada por el cacique Luis Durante y, durante el trayecto, se sumaron pequeños contingentes provenientes de Charata, Quitilipi y Sáenz Peña.

El 7 de septiembre, las familias, organizadas en pequeños grupos de unas 20 personas, intentaron ingresar a El Zapallar. Las mujeres y los niños avanzaban en los primeros lugares de la columna, en señal de sus intenciones pacíficas.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la investigación, por orden del comisario Francisco Prestera las personas fueron reprimidas con disparos de armas de fuego por integrantes de la comisaría local, refuerzos enviados desde Resistencia y algunos civiles armados. El argumento utilizado fue la supuesta necesidad de defender a la población frente al ataque de un “malón”.

Se estima que alrededor de 50 integrantes de la comunidad fueron asesinados durante la represión.