Requerimiento de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5

“Ideólogo, financista y beneficiario final del operativo ilegal”: piden que Piccirillo vaya a juicio acusado de plantar un arma y cocaína a un acreedor

El fiscal Franco Picardi solicitó que tanto el financista como siete policías porteños y un exintegrante de la Policía Federal lleguen a debate. En su requerimiento, analizó cómo Piccirillo pagó para que los efectivos llevaran adelante una maniobra para detener a un hombre y a su pareja. “Estas personas, abusando de las facultades propias de su investidura, ejecutaron un procedimiento ostensiblemente ilegal en plena vía pública, en una de las zonas de mayor circulación y exposición de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el propósito de dotarlo de una apariencia de legalidad”, recalcó.

Tras una investigación llevada adelante por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, el fiscal Franco Picardi solicitó que el financista Elías David Piccirillo, un exmiembro de la Policía Federal Argentina, el jefe de la División Robos y Hurtos Norte de la Policía de la Ciudad y seis de sus integrantes vayan a juicio oral acusados de realizar un operativo falso donde se involucró de manera ilegal a una pareja a la que le habían “plantado” en su auto más de un kilo de cocaína y un arma robada.

En el requerimiento, el fiscal marcó que el financista mantenía una deuda de seis mil millones de pesos con Francisco Hauque, por lo que ordenó la realización del operativo para que tanto él como su esposa, Anahí Aquino, terminaran detenidos y no siguieran reclamando la deuda ni la hicieran pública. El plan fue elaborado junto al exPFA Carlos “El Lobo” Smith y el comisario Iván Carlos Helguero, que fueron quienes impartieron las órdenes para el resto de los efectivos policiales involucrados.

Los chats que constan en la causa y que dan cuenta de la deuda y el conflicto entre Piccirillo y Hauque. Foto: captura del expediente / MPF

“En efecto, la detención ilegítima de Hauque y de Aquino Laprida no constituyó un fin en sí mismo, sino el medio idóneo para neutralizar, de manera simultánea, los dos frentes que amenazaban directamente los intereses de Piccirillo: la exigibilidad de una deuda multimillonaria que se negaba a afrontar y la inminente exposición pública de su incumplimiento”, resaltó el representante del MPF.

Para la fiscalía, la causa presenta “una inusitada gravedad institucional". “La utilización de recursos estatales y de las potestades propias de las fuerzas de seguridad para concretar una maniobra destinada a privar ilegítimamente de la libertad a personas inocentes, mediante la implantación de elementos incriminantes y la promoción de una persecución penal infundada, compromete no sólo los derechos fundamentales de las víctimas, sino también la confianza pública en las instituciones encargadas de prevenir e investigar el delito”, puntualizó. 

La maniobra, paso a paso

Según el requerimiento presentado ante el juez federal Ariel Lijo, que subroga el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, el plan se concretó luego de que el imputado le “plantara” un arma de fuego y dos bultos con cocaína en el vehículo en el que se desplazaban. Ambas cosas fueron encontradas tras el operativo ilegal llevado adelante por la policía porteña sobre la avenida Alvear al 1400, en el barrio porteño de Recoleta y minutos después de la medianoche del 18 de enero de 2025.

La maniobra pudo reconstruirse a través del material que se recolectó en el expediente, que abarca desde entrecruzamientos de llamadas entre imputados, análisis de teléfonos y de pendrives, videos de cámaras de seguridad hasta diversos informes realizados por organismos especializados como la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema (DAJUDECO) y la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

De esta forma, se estableció que el 16 de enero de 2025, Piccirillo se reunió con Smith y le entregó 30 mil dólares para que consiguiera una brigada especial para ejecutar el falso operativo. Según la declaración del exjefe de la PFA, que se acogió al régimen de imputado colaborador, en esa charla el financista le habría explicado el conflicto, además de anticiparle que, cuando se concretara el procedimiento, iban a encontrar “armas y drogas” en el auto del damnificado.

Smith aceptó la propuesta y convocó al entonces comisario Helguero de la División Robos y Hurtos Norte de la Policía de la Ciudad, excompañero suyo en la Policía Federal y quien asumió la organización operativa de la maniobra. De esa forma, coordinó la participación de los efectivos Facundo Adrián Ybarra, Leonardo Ariel Tedone, Erika Luciana Arias, Víctor Adrián Alvarenga Duarte, Héctor Javier Saavedra y Eliana Guadalupe Britos, en el procedimiento ilícito.

Según la fiscalía, el plan se concretó luego de que el imputado le “plantara” un arma de fuego y dos bultos con cocaína en el vehículo en el que se desplazaban. Ambas cosas fueron encontradas tras el operativo ilegal llevado adelante por la policía porteña sobre la avenida Alvear al 1400, en el barrio porteño de Recoleta y minutos después de la medianoche del 18 de enero de 2025.

Con la maniobra ya coordinada y como parte de ella, Piccirillo se reunió durante la tarde del 17 de enero de 2015 con Hauque en el barrio de Puerto Madero y lo convenció de ir a cenar al Palacio Duhau, ambos con sus parejas. Según le dijo, allí le entregaría parte del dinero que le adeudaba, lo que hizo que el damnificado aceptara la propuesta.

Asegurado el encuentro, Piccirillo le informó a Smith, que a su vez estaba en contacto con Helguero. Durante la tarde, Ybarra y Tedone mantuvieron un primer encuentro con el exPFA donde les dio precisiones sobre la persona que debían interceptar y que iba a contar con una “importante” cantidad de estupefacientes.

Unas horas después, Smith se juntó con Ybarra, Tedone, Britos y Alvarenga Duarte en las inmediaciones del shopping Recoleta Mall y les pasó las instrucciones finales con las funciones que cumpliría cada uno.

La cena

Con todo el operativo organizado, Piccirillo le pidió a Hauque que lo pasara a buscar por el Hotel SLS para concurrir juntos a la cena. El damnificado llegó alrededor de las 22 a bordo de su auto Audi Q8. A pesar del calor de aquel día, el financista vestía un pesado sobretodo, al tiempo que insistió en ubicarse en el asiento trasero de la camioneta, aunque el espacio del acompañante estaba vacío. Tras ello, fueron a buscar a Aquino Laprida, momento en el que Piccirillo se cambió al asiento delantero.

El momento en que Piccirillo baja del auto y se pasa al asiento delantero cuando llega la pareja de Hauque. Foto: captura del expediente / MPF

Durante los minutos que estuvo en la parte de atrás del vehículo, el imputado aprovechó para colocar de manera subrepticia una pistola calibre 9 milímetros con pedido de secuestro por robo y dos bloques compactos de clorhidrato de cocaína que pesaban en conjunto 1,258 kilos.

La cena se prolongó hasta pasada la medianoche. “Resulta particularmente llamativo que Piccirillo se retiró del Palacio Duhau con el sobretodo en la mano, cuando, previamente, había llegado al lugar siempre con el abrigo puesto, a pesar de que no llovía y, como se mencionó anteriormente, hacían aproximadamente 30 grados. Esta situación me lleva a persuadirme que el mencionado utilizó ese atuendo con el fin de ocultar tanto los estupefacientes como el arma, los cuales terminarían siendo colocados en el automóvil de Hauque”, explicó el fiscal.

En un tramo del requerimiento, Picardi marcó que consta en la causa un informe pericial realizado por la Sección Unidad Criminalística de Alta Complejidad de la PFA que llevó adelante una reconstrucción de la escena para determinar si era posible que el imputado colocara los elementos.

“Es dable señalar que la reconstrucción permitió verificar la viabilidad de la maniobra tanto mientras el rodado se encontraba en movimiento como durante la detención en la puerta del edificio Oceana efectuada durante el recorrido, reproduciéndose satisfactoriamente las distintas hipótesis ensayadas durante la pericia”, recalcó.

En la causa, se realizó una reconstrucción que permitió corroborar la hipótesis de que Piccirillo colocó la cocaína y el arma en el auto de su acreedor. Foto: captura del expediente / MPF

Concretar la detención

Mientras transcurría la velada en el hotel, los efectivos de la brigada ya aguardaban en las inmediaciones, a la espera de que Hauque y Aquino se fueran. Piccirillo mantenía al tanto de los movimientos de las víctimas a Smith, que a su vez coordinaba con Helguero el despliegue policial.

Aproximadamente a las 0.20 del 18 de enero de 2025, el financista rechazó que la pareja lo alcanzará hasta su hotel. De esta forma, los dos damnificados se retiraron y fueron interceptados por los policías sobre la avenida Alvear al 1491. La excusa que utilizaron para pararlos fue una supuesta situación de violencia de género.

La reconstrucción del operativo a través de diversas cámaras y la ubicación de los imputados. Foto: captura del expediente / MPF

De esa forma, rápidamente los hicieron bajar de la camioneta y encontraron los dos bloques de cocaína y la pistola envuelta en una manga de buzo y encintada. Los integrantes de la brigada confeccionaron las actuaciones con contenido falso para que luego Tedone e Ybarra sostuvieran esa versión ante el juzgado que intervino en el caso, con el objetivo de “conferir apariencia de legalidad a un procedimiento que había sido previamente planificado y ejecutado al margen de las normas que regulan la actuación policial”.

La cocaína encontrada en el vehículo. Foto: captura del expediente / MPF

Hauque y Aquino Laprida permanecieron detenidos hasta el 29 de enero de 2025, fecha en la que recuperaron su libertad luego de que se advirtiera parte de las irregularidades que habían rodeado el procedimiento.

Según la investigación, luego de que terminara el operativo y con la detención ya concretada, Smith se reunió con Piccirillo en su casa del barrio “El Yacht” del country Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre, durante varias horas. Tras esto, fue hasta la zona de San Isidro, donde recibió otros 20 mil dólares. Además, se pudo establecer que el exPFA le entregó a Helguero 20 mil dólares luego del falso operativo y 5 mil dólares el 19 de enero de 2025. Por último, el financista le entregó otros mil dólares a Smith en febrero de 2025 dentro de un shopping, cuando ya se investigaban las irregularidades.

“Estos encuentros –las visitas a Nordelta, las reuniones en el DOT, el pago en Dandy y la advertencia final sobre las inminentes detenciones– conforman una secuencia sostenida de contactos posteriores al hecho, orientada tanto a continuar compensando económicamente a Smith como a intentar coordinar un relato común que permita eludir las consecuencias del accionar de la justicia”, recalcó el fiscal Picardi.

El arma que fue colocada dentro del auto de las víctimas. Foto: captura del expediente.

El beneficiario del plan criminal

“La secuencia de hechos reconstruida en base a las evidencias del caso revela, además, que Piccirillo desplegó una serie de actos concretos, sucesivos y coordinados, orientados a ese único objetivo: dilató sistemáticamente el pago, evitó los encuentros, ofreció una entrega de dinero en el Palacio Duhau que nunca se concretó, y, en paralelo, preparó —tal como explicó Smith y conforme surge de los elementos hallados en el pendrive secuestrado— una denuncia destinada a invertir los roles entre víctima y victimario, la que luego fue ampliada para vincular a Hauque con el uso de armas de fuego”, afirmó el representante del MPF.

De esta forma, consideró que el financista era “el único beneficiario posible de la ejecución del plan criminal”. “El interés de Piccirillo era, entonces, un interés propio, directo y excluyente, que hacía de él el único destinatario final de las consecuencias jurídicas y económicas que la detención de Hauque y Aquino Laprida estaba llamada a producir”, agregó.

Para la fiscalía, la deuda impaga, la amenaza de exposición pública, la denuncia preparada de antemano, el pedido expreso de una brigada policial a cambio de pagos indebidos y la contratación para ello de Smith, y por su intermedio, de Helguero, constituyeron “los eslabones de una misma cadena causal que conduce, inequívocamente, a Elías David Piccirillo como ideólogo, financista y beneficiario final del operativo ilegal”.

Calificaciones legales

“Los hechos investigados no constituyeron un procedimiento policial legítimo ni un hallazgo casual de un arma de fuego y estupefacientes, sino la ejecución de un plan criminal previamente ideado, financiado y dirigido por Elías David Piccirillo, instrumentado por Carlos Sebastián Smith y ejecutado por Iván Carlos Helguero junto con Facundo Adrián Ybarra, Leonardo Ariel Tedone, Erika Luciana Arias, Víctor Adrián Alvarenga Duarte, Héctor Javier Saavedra y Eliana Guadalupe Britos”, explicitó el fiscal Picardi.

Para la fiscalía, Piccirillo, Smith y Helguero deben ir a juicio por ser coautores del delito de privación ilegítima de la libertad con fines coactivos, doblemente agravada por haber sido cometida con la intervención de tres o más personas y por haberse empleado estupefacientes para facilitar o ejecutar el delito, que prevé una pena de hasta 25 años de prisión. Además, en relación a Helguero, también se le aplicó la agravante por ser funcionario público al momento de los hechos. También los señaló como responsables de la tenencia simple de estupefacientes y el encubrimiento agravado.

Por otro lado, consideró que las acciones de Piccirillo se enmarcan en la portación ilegítima de arma de fuego de guerra. Tanto él como Smith fueron considerados además por el cohecho activo mientras que Helguero fue incluido como coautor de ese delito en modalidad pasivo.

El por entonces comisario fue señalado también como autor del incumplimiento de los deberes de funcionario público e instigador del falso testimonio agravado por haber sido cometido en causa criminal y en perjuicio del inculpado.

Por su parte, las acciones desplegadas por Arias, Britos, Alvarenga Duarte, Saavedra, Ybarra y Tedone se encuadran en los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público con abuso de sus funciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Por último, Ybarra y Tedone fueron considerados como responsables de los delitos de falsedad ideológica de documento público agravada por haber sido cometida por funcionario público con abuso de sus funciones y de falso testimonio agravado.