El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó la semana pasada a un hombre acusado de haber enviado una serie de mensajes con amenazas de atentado y agresiones al teléfono de la Embajada de México en Argentina. Además, le fijó un embargo de un millón de pesos. En el caso, interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo del fiscal Ramiro González.

El hombre de 37 años fue procesado por el delito de intimidación pública que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 211 del Código Penal, tiene una pena prevista de dos a seis años de prisión para la persona que “para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.

De acuerdo con la resolución del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, el 12 de agosto pasado entre las 12:45 y las 12:47, la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos recibió 13 mensajes de Whatsapp con diversas amenazas. “Se les viene el atentado”, decía uno de los textos recibidos, donde también había agresiones contra ciudadanos mexicanos, incluidas mujeres y niños.

Tras ello, se activó el protocolo delineado para este tipo de situaciones, con la participación del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina y luego se inició la causa judicial para establecer de dónde habían provenido los mensajes.

En base a la información recabada por la PFA, se identificó a quién pertenecía el número de celular y se estableció que, de acuerdo a los registros de la compañía telefónica, la antena de conexión que impactó en la línea utilizada era la más cercana al domicilio del imputado, ubicado en la localidad de Mar del Tuyú, en la provincia de Buenos Aires.

En el requerimiento de instrucción, la fiscalía había solicitado una serie de medidas, entre ellas un pedido de informes a Whatsapp y a Mercado Libre para que brinden datos de la persona titular del teléfono desde donde se enviaron los mensajes amenazantes. Además, se había explicado que tras el análisis realizado por la Unidad de Investigación Antiterrorista y los elementos recabados, se podía llevar adelante un procedimiento en el domicilio del hombre para incautar los elementos de interés para la investigación.

De esa forma, el 20 de agosto el magistrado federal ordenó el allanamiento de la casa, donde se secuestraron dos teléfonos y una computadora, que actualmente están bajo peritaje. Además, se detuvo al imputado, que fue liberado tras el procesamiento, ya que el juez consideró que no existían patrones que permitieran aseverar un potencial peligro de fuga.

Intimidación pública

En su indagatoria, el hombre reconoció el hecho, pidió disculpas y afirmó que era incapaz de realizar un atentado y que no quiso infundir temor. A ello le agregó que envió los mensajes “en repudio” de los videos que había visto en redes sociales donde ciudadanos mexicanos hablaban en contra de Argentina y que todo se había tratado de “una broma de mal gusto”.

“Es dable observar que dicha afirmación no resulta capaz de quebrantar las probanzas recolectadas en autos y mucho menos argumentar su ignorancia sobre las consecuencias que su accionar ocasionó, como la activación del protocolo de estilo por parte del personal del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina y el posterior traslado de personal de fuerzas de seguridad que podrían retrasar su accionar ante una real amenaza”, remarcó el juez.

Además, consideró que, en base a las evidencias recolectadas hasta el momento, el imputado “refirió la cercanía de un mal o un peligro que resultó inexistente” con el objetivo de “infundir un temor público”.

“Es dable afirmar que, si bien en esta ocasión no se produjo un efectivo tumulto o desorden, el accionar del imputado fue realizado mediante acciones aptas para generarlos, tales como es el enunciar la existencia de un atentado considerado peligroso, dentro de una embajada de un estado extranjero que posee una cantidad indeterminada de personas en su interior”, resaltó.

En ese sentido, estableció que el implicado eligió el medio para infundir temor y resaltó que lo hizo de forma anónima ya que era consciente de que el hecho “era suficiente para turbar la tranquilidad pública”.