La Unidad Fiscal Mar del Plata formalizó hoy la imputación y promovió el dictado de la prisión preventiva para cuatro de las personas que el domingo pasado fueron detenidas acusadas de integrar una organización criminal dedicada al robo reiterado de cables subterráneos de telefonía en esa ciudad balnearia bonaerense. Según la investigación, la banda operaba bajo la fachada de una cuadrilla de obra pública y disponía de una importante logística, que incluía un camión con pluma hidráulica y varios vehículos.

La imputación fue formulada por el fiscal federal Carlos Martínez, titular del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Mar del Plata, con la intervención del auxiliar fiscal Juan Martín Vera, durante la audiencia de formalización de la investigación realizada hoy ante el juez de Garantías Santiago Inchausti.

La fiscalía le atribuyó a los imputados haber integrado una asociación ilícita en su modalidad de organización criminal (en los términos del artículo 210 ter del Código Penal), dedicada a sustraer cables instalados bajo tierra, maniobras que fueron encuadradas en el delito de robo agravado por su comisión en poblando y en banda (artículo 167, inciso 2°, del C.P.) y que provocaron la interrupción de las comunicaciones (artículo 197 del mismo código).

A pedido de los representantes del MPF, el juez dispuso para los cuatro imputados la prisión preventiva por 180 días corridos y estableció el mismo plazo para el desarrollo de la investigación.

En total, son seis las personas que fueron detenidas en el marco de la investigación, pero la audiencia fue suspendida respecto de dos de ellos, quienes permanecen internados en el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata. Ambos se lesionaron al intentar escapar durante uno de los allanamientos, cuando se arrojaron desde un tercer piso. En relación con ellos, el juez convalidó la prórroga de la detención por 72 horas solicitada por la fiscalía.

Además, en el caso de una de las personas que permanecen prófugas y ya fue identificada, se dispuso su declaración de rebeldía y se ordenó su detención, a pedido de la fiscalía.

Ante el juez, el fiscal expuso los siete hechos atribuidos a los imputados: cuatro consumados y tres en grado de tentativa. Según la reconstrucción realizada por la unidad fiscal, las maniobras habrían afectado a más de 1.900 clientes y comprendido la extracción de cerca de 2.000 metros de cableado, cuyo valor de reventa fue estimado entre 200 y 560 millones de pesos.

La investigación permitió establecer que las maniobras se desarrollaban en distintos puntos de la zona céntrica de Mar del Plata y que, posteriormente, el material sustraído era trasladado hacia el sector sur de la ciudad. Esa hipótesis fue corroborada a partir de los allanamientos realizados el último domingo.

Durante la audiencia también se convalidaron los secuestros realizados en los procedimientos: 14 teléfonos celulares, tres equipos tipo handy, una camioneta utilitaria, un camión con pluma hidráulica, dos carrocerías de generadores industriales, dos automóviles, un semirremolque, gran cantidad de recortes de cables telefónicos y dinero en efectivo, entre ellos más de 11 millones de pesos y 4.200 dólares.

Asimismo, el juez autorizó una serie de peritajes y dispuso el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de las personas detenidas y del prófugo, la inhibición general de bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias y billeteras virtuales de los investigados.

El auxiliar fiscal Juan Martín Vera y el fiscal federal Carlos Martínez (en uso de la palabra), al formalizar la investigación contra la organización criminal dedicada al robo de cables. Foto: B. Cano / MPF

El inicio de la investigación

El caso se inició el 21 de agosto a partir de una denuncia presentada por Telefónica Móviles Argentina S.A. por la interrupción de las comunicaciones de sus clientes en Mar del Plata, atribuida al robo de cables de telefonía e internet instalados de manera subterránea.

A partir de esa denuncia, la Unidad Fiscal Mar del Plata llevó adelante distintas medidas de investigación en conjunto con personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la Policía Federal Argentina, que realizó tareas de inteligencia, y del Centro de Operaciones y Monitoreo de la Municipalidad de General Pueyrredón.

Entre el 18 de agosto y el 3 de septiembre se pudieron establecer seis hechos en distintos puntos céntricos de la ciudad, con precisión respecto de los lugares, fechas y horarios en que se habrían cometido. La información fue complementada con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo pasado se detectó un séptimo hecho —el que fue incluido en grado de tentativa en la imputación formalizada durante la audiencia—, en inmediaciones de la terminal de ómnibus local. A partir de esa información, el fiscal solicitó al juez de Garantías tres órdenes de allanamiento, que fueron concretadas poco después.

Uno de los procedimientos se realizó en la zona norte de la ciudad, cerca de la rotonda de avenida Constitución y la costa. Allí, algunos integrantes de la organización habían alquilado un departamento, dado a que son oriundos del Gran Buenos Aires. En ese lugar fueron secuestrados diez teléfonos celulares, marihuana y dinero en efectivo: más de 11 millones de pesos y 4.000 dólares.

Los otros dos allanamientos se realizaron en la zona sur. Uno tuvo lugar en otra vivienda alquilada y el restante en un predio ubicado en cercanías del camino viejo a Miramar, donde fueron secuestrados un camión, un semirremolque, una camioneta utilitaria y gran cantidad de cables.

De las personas investigadas, seis fueron detenidas —dos de ellas son las hospitalizadas— y otras tres permanecen prófugas.

Restos de cableado subterráneo hallados en uno de los sitios allanados. Foto: Policía Federal

Cómo operaba la banda

Las tareas de investigación permitieron determinar que, para concretar los robos, los integrantes de la organización simulaban ser trabajadores de una cuadrilla de obra pública. Utilizaban indumentaria similar a la de operarios, conos naranjas y carteles para señalizar la calle y evitar que las maniobras llamaran la atención.

También fueron identificados los vehículos empleados para realizar las extracciones y otros que cumplían funciones de apoyo.

De acuerdo con lo reconstruido por la fiscalía, los integrantes de la organización ingresaban a las cámaras subterráneas ubicadas en la vía pública mediante escaleras angostas. Allí cortaban los cables y luego se trasladaban hasta otra cámara, ubicada habitualmente a una distancia de entre 100 y 200 metros, donde realizaban un nuevo corte para retirar el tendido.

Para extraer el cableado utilizaban una grúa montada sobre un camión con acoplado y una pluma hidráulica. El vehículo transportaba un falso generador eléctrico que era colocado en la vía pública para ocultar el mecanismo empleado para sacar el material.

Dentro de esa estructura habían instalado un motor con un malacate que permitía recoger los cables desde las cámaras subterráneas. A su vez, el generador tenía una modificación en la parte inferior que facilitaba el descenso de los integrantes de la organización hacia las cámaras sin ser advertidos.

El falso generador eléctrico era colocado en la vía pública para ocultar el mecanismo empleado para extraer los cableados subterráneos con un motor y un malacate. Foto: Policía Federal