El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de Morón, a cargo del juez Juan Manuel Culotta homologó el “Protocolo de Intervención: Prevención y Gestión de Situaciones de Violencia en Unidades de Jóvenes Adultos”, elaborado en el marco de la ejecución de una sentencia dictada en un proceso de hábeas corpus colectivo por las condiciones de alojamiento en el Complejo Penitenciario Federal de Jóvenes Adultos de Marcos Paz, en el que intervino la Fiscalía Federal N° 2 de Morón a cargo de Mariela Labozzetta.

El expediente se inició a partir de una acción de hábeas corpus colectivo presentada por el Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación, a cargo de Luciano Hazan. En aquella presentación se informó que, durante un monitoreo realizado en ese complejo que depende del Servicio Penitenciario Federal (SPF), se habían detectado situaciones de violencia conocidas como “bienvenidas”, que incluían golpes y quemaduras a personas detenidas. También se había recabado información sobre presuntas extorsiones a familiares de internos con perfiles de mayor vulnerabilidad.

De acuerdo con lo relevado por el Programa, los episodios más graves se producían cuando las personas recién ingresadas eran alojadas en pabellones controlados por grupos homogéneos con permanencia estable. La situación se agravaba en el caso de adolescentes menores de edad y de quienes ingresaban por primera vez al sistema penitenciario, debido a la mayor vulnerabilidad frente a personas detenidas con mayor antigüedad.

Luego de distintas medidas, entre ellas una inspección judicial al Complejo Penitenciario de Jóvenes Adultos, el juzgado hizo lugar a la acción colectiva y dispuso, entre otras medidas, la conformación de una mesa de trabajo, cuyo objeto principal fue la ampliación y actualización del protocolo vigente para esa unidad.

Imagen del complejo carcelario para jóvenes adultos tomada en una de las inspecciones. Foto: Fiscalía Federal N°2 de Morón

De la mesa participaron representantes de la Fiscalía Federal N°2 de Morón, la Defensoría Oficial N°2 de Morón, el Servicio Penitenciario Federal, el Complejo Penitenciario Federal de Jóvenes Adultos de Marcos Paz, la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación y su área de la Comisión de Cárceles. Tras distintos encuentros, los organismos alcanzaron un acuerdo sobre el contenido del nuevo instrumento, que ahora fue homologado judicialmente.

Las pautas del protocolo: prevención y gestión de situaciones de violencia

El protocolo establece pautas de actuación para reducir los niveles de violencia en las unidades de jóvenes adultos y favorecer condiciones de detención compatibles con los estándares constitucionales, legales e internacionales en materia de derechos humanos.

Entre otras medidas, contempla la evaluación temprana de factores de riesgo y vulnerabilidad al momento del ingreso; criterios objetivos para la clasificación y el alojamiento; mecanismos de seguridad dinámica; intervenciones interdisciplinarias; procedimientos específicos ante hechos de violencia; restricciones al uso del aislamiento; y sistemas de monitoreo y registro de indicadores de conflictividad.

También incorpora medidas vinculadas con el acceso a la educación, el trabajo, la salud física y mental, el tratamiento de consumos problemáticos, el mantenimiento de los vínculos familiares y el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y culturales.

El instrumento prevé, además, mecanismos de control y transparencia para su implementación. Entre ellos, establece la designación de un enlace permanente para la articulación con las defensas y los organismos de control, la obligación de documentar e informar determinados procedimientos, el uso de sistemas de videovigilancia y la participación de organismos especializados en el seguimiento de las medidas adoptadas.