La Unidad Fiscal Posadas formalizó la investigación penal contra dos hombres y una mujer detenidos el martes pasado, a quienes atribuyó el transporte de cerca de media tonelada de marihuana ocultos en 30 encomiendas. La jueza federal de Garantías María Verónica Skanata dispuso, a pedido del Ministerio Público Fiscal, el arresto domiciliario con monitoreo electrónico de los tres imputados por 171 días.

La imputación fue formulada por la fiscal del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Posadas, Silvina Flavia Gutiérrez, quien atribuyó a R.E.A. (de 27 años), A.Y.A. (35) (ambos hombres) y S.J.K. (mujer, de 27 años) la coautoría del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, en la modalidad de transporte, agravado por la intervención de tres o más personas.

En la audiencia, realizada el viernes pasado, la representante del MPF solicitó además un plazo de 90 días hábiles para avanzar con las medidas de investigación pendientes. La jueza hizo lugar al pedido y fijó ese término —hasta el 22 de marzo de 2027— para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.

Por otra parte, a pedido de la fiscalía, la jueza estableció que en lo sucesivo, continuará interviniendo el juez a cargo del juzgado federal de Oberá.

Un control sobre un camión de encomiendas

La investigación se inició el 24 de septiembre pasado, cuando personal de la Sección San José, dependiente del Escuadrón 8 “Alto Uruguay” de Gendarmería Nacional, realizó un control sobre un camión de transporte de encomiendas de la empresa Central Argentino que circulaba desde Posadas hacia la provincia de Buenos Aires.

Durante el procedimiento, los agentes utilizaron un escáner móvil y observaron imágenes compatibles con la presencia de sustancia orgánica en el interior del semirremolque. Además, un perro detector de narcóticos reaccionó ante la posible presencia de estupefacientes.

El perro detector de narcóticos reaccionó ante la posible presencia de estupefacientes en el camión de transporte de encomiendas de la empresa Central Argentino. Foto: Gendarmería Nacional

Ante esos indicios, el personal de la fuerza tomó contacto con la auxiliar fiscal Gabriela Acasuso, de la Unidad Fiscal Posadas, y con la autorización judicial correspondiente, se dispuso la apertura de los precintos y el registro de las encomiendas.

Como resultado de la diligencia fueron halladas 30 cajas de madera, en cuyo interior había 584 paquetes rectangulares envueltos en cinta de color ocre. La sustancia fue sometida a una prueba de orientación que arrojó resultado positivo para marihuana y el pesaje arrojó un total de 489,615 kilogramos.

La documentación adherida a los bultos consignaba datos de remitente y destinatarios que, de acuerdo con las primeras medidas realizadas por la fiscalía, no se correspondían con el circuito real de la carga.

En ese contexto, se realizaron distintos procedimientos en la ciudad misionera de Puerto Rico, que permitieron secuestrar teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, documentación y otros elementos de interés para la investigación.

Según la fiscalía, la cantidad de marihuana, la modalidad de acondicionamiento y las circunstancias en las que fue trasladada permiten sostener, en esta etapa inicial, que se trató de una maniobra destinada al tráfico de estupefacientes a gran escala.

Arresto domiciliario

Al solicitar las medidas de coerción, la fiscal Gutiérrez planteó que, si bien los tres imputados cuentan con arraigo, existen riesgos concretos de entorpecimiento de la investigación.

En particular, señaló que la pesquisa se encuentra en una etapa inicial y que todavía restan realizarse medidas probatorias que podrían verse obstaculizadas por los vínculos existentes entre los imputados y por la actuación coordinada que se les atribuye.

A ello sumó la gravedad del hecho atribuido y la pena en expectativa, en función de la cantidad de estupefaciente secuestrado.

En ese marco, la representante del MPF solicitó el arresto domiciliario con monitoreo electrónico (contemplado como opción de medida de coerción en el inciso “j” del artículo 210 del Código Procesal Penal Federal), al considerar que resultaba suficiente para asegurar los fines del proceso y, al mismo tiempo, resultaba menos gravosa que el encarcelamiento en un establecimiento penitenciario.