El Juzgado Federal de Villa Mercedes citó a declaración indagatoria a once integrantes de la Fuerza Aérea Argentina en el marco de la investigación por el accidente de un avión ocurrido el 15 de julio de 2024 en la V Brigada Aérea de Villa Reynolds, provincia de San Luis, en el que murió el capitán Mauro Javier Testa La Rosa. Las indagatorias comienzan este jueves 15 de octubre y se extenderán hasta el próximo viernes 23.

El requerimiento fue formulado por la fiscal general María Gloria André y el auxiliar fiscal Leandro Kunusch Ribichini, de la Sede Fiscal Descentralizada de Villa Mercedes. Para el Ministerio Público Fiscal, el accidente fue el resultado de una serie de fallas que se produjeron durante el desmontaje y montaje del tubo de escape del avión, realizados en julio de 2024, y de la deficiencia en los controles que debían garantizar que la aeronave estuviera en condiciones de vuelo.

En la investigación también se identificó que, durante las horas posteriores al siniestro, en la oficina de Registro de Aeronaves de la Brigada se habrían destruido las hojas originales del formulario de mantenimiento del avión y confeccionado otras en su reemplazo, con modificaciones en los asientos correspondientes a los trabajos previos al accidente.

Por ese motivo, nueve de ellos fueron señalados por la presunta responsabilidad en el homicidio culposo del piloto. Además, uno de esos integrantes de la Fuerza Área junto con todos están imputados por haber destruido y alterado registros técnicos.

El accidente

El 15 de julio de 2024, Testa La Rosa despegó desde la cabecera 06 de la pista de la V Brigada Aérea, en Villa Reynolds, a bordo del A-4AR Fightinghawk matrícula C-926. La aeronave cumplía una orden de instrucción y, de acuerdo al expediente, las maniobras previas al despegue se habían desarrollado sin novedades aparentes.

Para la fiscalía, la instalación defectuosa del conjunto, la falta de una verificación eficaz y las deficiencias en la organización y documentación del trabajo contribuyeron a que el avión despegara con una sujeción que no ofrecía las garantías necesarias.

La situación cambió cuando el avión comenzó a tomar altura. Primero, se desprendió el paracaídas de frenado, que cayó sobre la pista sin haber sido accionado por el piloto. A continuación, se desprendieron partes del cobertor del tubo de escape y, luego, el tubo completo junto con la brida que debía mantenerlo unido al motor.

La pérdida de esta pieza afectó el funcionamiento de la aeronave y estuvo acompañada por ruidos anormales, humo y fuego. Frente a la emergencia, el piloto se eyectó cuando el avión se encontraba a una altura estimada de entre 150 y 200 pies. Si bien el paracaídas principal llegó a abrirse, el fuego generado por el siniestro lo consumió. Testa La Rosa cayó desde una altura aproximada de 50 metros y murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

La falla en el sistema de sujeción

La investigación identificó como un punto central el desprendimiento del tubo de escape y de su sistema de fijación. El conjunto debía permanecer sujeto mediante bulones, una tuerca autoblocante y un alambre de seguridad. Sin embargo, el montaje realizado días antes del accidente habría presentado defectos que impidieron asegurar la unión en las condiciones requeridas.

Según reconstruyó la fiscalía, los trabajos se llevaron adelante entre el 10 y el 12 de julio de 2024, a cargo de un área de la V Brigada Aérea identificada como Grupo Técnico 5, donde se debían reparar daños en las aletas deflectoras del tubo de escape. La tarea exigía retirar el componente y volver a instalarlo una vez concluida la reparación.

De acuerdo a la acusación, durante el montaje se reutilizó una tuerca autoblocante (diseñada para resistir vibraciones) que debía ser reemplazada, por lo que se consideró que el desgaste de su rosca habría impedido que conservara el ajuste necesario frente a las vibraciones del motor.

Las irregularidades del mantenimiento

En su requerimiento de indagatoria, los representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron varias deficiencias en la intervención realizada sobre el tubo de escape. Además de la reutilización de la tuerca, un alambre de seguridad que debía emplearse habría tenido un diámetro insuficiente y habría sido colocado en una posición incorrecta. De haber sido correctamente empleado, ese elemento debía contribuir a evitar que la unión se aflojara durante el funcionamiento del motor.

También se cuestionó el uso de un torquímetro cuya certificación de calibración se encontraba vencida. El MPF atribuyó a la entonces Inspectora de máquinas y herramientas y al Responsable Técnico del organismo de mantenimiento la intervención en la decisión de extender la vigencia de calibración de esa herramienta, y a la Responsable de Calidad la falta de control sobre el cumplimiento del plan de calibraciones vigente.

Para el Ministerio Público Fiscal, el accidente fue el resultado de una serie de fallas que se produjeron durante el desmontaje y montaje del tubo de escape del avión, realizados en julio de 2024, y de la deficiencia en los controles que debían garantizar que la aeronave estuviera en condiciones de vuelo.

Otra irregularidad que señalaron desde la sede fiscal fue la ausencia de una orden de trabajo para el desmontaje y posterior montaje del tubo de escape. Ese documento debía precisar las tareas a realizar, los procedimientos técnicos, y los materiales utilizados, así como dejar constancia de quiénes habían intervenido.

En el escrito también se hizo foco en las inspecciones de calidad, ya que los inspectores debían verificar que el montaje se hubiera realizado correctamente y que se respetaran las condiciones técnicas de la tarea.

A su vez, el retorno de la aeronave al servicio habría sido autorizado mediante una firma que no correspondía al Responsable Técnico habilitado para certificar una intervención de esa criticidad para la seguridad de la misión.

Para el Ministerio Público Fiscal, la instalación defectuosa del conjunto, la falta de una verificación eficaz y las deficiencias en la organización y documentación del trabajo contribuyeron a que el avión despegara con una sujeción que no ofrecía las garantías necesarias.

Las responsabilidades atribuidas a once personas serán examinadas durante las indagatorias y el desarrollo de la investigación.