El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis juzgará a 15 acusados de integrar una organización dedicada a la comercialización de vehículos robados o adquiridos mediante maniobras fraudulentas y que se autodenominada como “La bandeja”. En la investigación, intervino el fiscal federal subrogante Cristian Rachid, del Área de Transición de la Unidad Fiscal San Luis.
De acuerdo con lo expuesto en el requerimiento de elevación a juicio formulado por el MPF, los implicados habrían formado parte una asociación ilícita que funcionó entre enero de 2023 y junio de 2024 que comercializaba automotores de origen ilegal, que habían sido robados en otras provincias y adquiridos por el grupo criminal o que habían sido obtenidos de sus anteriores legítimos poseedores mediante estafa.
Una vez conseguidos los vehículos, los miembros de la organización fraguaban la documentación para poder venderlos, engañar a los compradores y después, en base a esa documentación apócrifa, cometer nuevas estafas. Además de la acusación por asociación ilícita, se detectaron maniobras compatibles con otros delitos como estafa, uso de documentación pública falsa, adulteración de motor y tenencia de DNI ajeno no autorizada. En total, son 22 los hechos investigados.
El caso
Según la investigación llevada adelante por el fiscal Rachid, la organización utilizaba perfiles falsos en la tienda virtual Facebook Marketplace para ofrecer los vehículos. Los contactos continuaban por WhatsApp, mediante líneas telefónicas cuya titularidad también podía ser simulada, y las operaciones se concretaban en domicilios particulares o lugares públicos.
De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio del MPF, los implicados habrían formado parte una asociación ilícita que funcionó entre enero de 2023 y junio de 2024 que comercializaba automotores de origen ilegal, que habían sido robados en otras provincias y adquiridos por el grupo criminal o que habían sido obtenidos de sus anteriores legítimos poseedores mediante estafa.
Los vehículos eran acompañados por documentación apócrifa destinada a aparentar una procedencia legítima. Entre los instrumentos utilizados se encontraban cédulas de identificación, formularios de transferencia y certificaciones notariales. En el requerimiento, el representante del MPF hace mención del empleo de licencias de conducir y otros documentos falsos para respaldar las identidades utilizadas por quienes concretaban las operaciones.
Una vez recibido el dinero o el vehículo entregado como parte de pago, los integrantes de la organización interrumpían el contacto y bloqueaban las comunicaciones a los compradores.
Los roles
De acuerdo a lo expuesto por la fiscalía, S.D.G era el organizador de la asociación ilícita, ya que coordinaba el funcionamiento de la estructura e intervenía en distintas maniobras vinculadas con vehículos, documentación y comunicaciones entre los integrantes.
Su hermano, A.N.G. también fue señalado como organizador, ya que se ocuparía de la comercialización de vehículos, la provisión de documentación y las comunicaciones con otros integrantes de la organización.
En tanto, otros once imputados fueron señalados con distintas intervenciones en la recepción, guarda, publicación, comercialización y documentación de los vehículos.
El Ministerio Público Fiscal también sostuvo que otros tres presuntos integrantes desarrollaban tareas desde un predio común en el que residían. Allí se habrían realizado actividades vinculadas con la recepción y guarda de vehículos ilícitamente adquiridos, la gestión de documentación y maniobras de falsificación y adulteración de codificaciones de chasis, motores y patentes.
Una vez recibido el dinero o el vehículo entregado como parte de pago, los integrantes de la organización interrumpían el contacto y bloqueaban las comunicaciones a los compradores.
En el caso puntual de uno de ellos, se lo vinculó además con la utilización de sellos oficiales y formularios destinados a aparentar la realización regular de verificaciones vehiculares. Según la acusación, los elementos secuestrados en su poder presentaban características compatibles con documentación utilizada para legalizar fraudulentamente vehículos que posteriormente eran comercializados por la organización.
Los vehículos y la documentación
De acuerdo a la investigación, uno de los elementos que permitió vincular distintos hechos fue la reutilización de vehículos y documentación en sucesivas operaciones. De este modo, autos obtenidos mediante una primera maniobra podían volver a ser ofrecidos a otras personas, acompañados por documentación falsificada o adulterada.
En algunos casos también se detectaron alteraciones en las numeraciones de chasis, motores o patentes, destinadas a dificultar la identificación del verdadero origen de los vehículos.
Los allanamientos realizados durante la investigación permitieron secuestrar autos y motos, documentación relacionada con vehículos, cédulas de identificación, formularios, sellos y dispositivos electrónicos. En uno de los procedimientos, se encontraron 51 cédulas de identificación de vehículos en mal estado de conservación y 19 plastificados para cédulas de identificación de vehículos, varios documentos nacionales de identidad y licencia de conducir, papeles de distinta densidad y un cuaderno anillado con datos de verificadoras, discos rígidos con información, sellos de organismos públicos, entre otros elementos.
También se incautaron armas de fuego, municiones y sustancias estupefacientes. En uno de los procedimientos fueron secuestrados un arma de fuego, municiones y 142 gramos de presunta cocaína. Ello dio lugar a una investigación específica por posibles infracciones a la Ley 23.737 de estupefacientes.