La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca rechazó un recurso directo presentado por el Sindicato de Trabajadores del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (SITRAIUPA) y del apoderado de una lista electoral universitaria, al considerar que es competencia de la justicia rionegrina resolver las impugnaciones a actos dictados por una universidad provincial.

La decisión fue en línea con lo que había opinado la fiscal general interina del Área No Penal de la Unidad Fiscal General Roca, María Claudia Frezzini, que había considerado que el artículo 32° de la Ley 24.521 de Educación Superior (LES) —invocado por los actores— no contempla la impugnación ante la Cámara Federal de actos emanados por una institución universitaria provincial, por lo “que la pretendida revisión ante el fuero carece de sustento legal”.

El caso

La causa se inició el 16 de junio pasado cuando la secretaria general de SITRAIUPA y el apoderado de la Lista 10 “Celeste y Blanca” para las elecciones del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), presentaron ante la Cámara Federal de General Roca un recurso directo y, subsidiariamente, una acción declarativa de certeza contra el IUPA.

El objetivo era que se declarara la nulidad de la resolución rectoral que permitió la inclusión en el padrón del claustro docente y estudiantil de personas que no revestían tal condición; de las elecciones celebradas el 15 y 16 de marzo pasado —y su escrutinio definitivo del 20 de marzo— y de la integración del Consejo Superior del instituto, por haberse basado en un padrón viciado y por las múltiples irregularidades documentadas por la Junta Electoral. Además, pidieron que se convocaran nuevas elecciones y la nulidad de la sesión el Consejo Superior que designó al rector electo como tal.

En su presentación los actores señalaron la existencia de un “supuesto de denegación de justicia”, ya que SITRAIUPA solicitó la intervención del tribunal electoral provincial, pero este se declaró incompetente y archivó el legajo y que, a su turno, el IUPA no analizó la admisibilidad ni elevó las actuaciones relativas a la presentación formulada en los términos del artículo 32 de la LES que dispone que “contra las resoluciones definitivas de las instituciones universitarias nacionales impugnadas con fundamento en la interpretación de las leyes de la Nación, los estatutos y demás normas internas, solo podrá interponerse recurso de apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en el lugar donde tiene su sede principal la institución universitaria”.

En ese contexto, los actores entendieron que debía intervenir, en razón del territorio, la Cámara Federal de General Roca, pues allí tenía su sede principal el IUPA.

La postura del MPFN

En su dictamen, la fiscal general interina María Claudia Frezzini opinó que debía declararse “la incompetencia de la Cámara Federal para conocer del recurso directo incoado y de acciones subsidiarias entabladas”, tanto por “la materia a resolver como en razón de la persona demandada”.

Tras analizar los antecedentes del caso, la representante del MPF consideró que las nulidades pretendidas por los actores eran cuestiones que “resultan ajenas al conocimiento del fuero de excepción”. Añadió que la herramienta prevista en el artículo 32 de la LES no contempla la impugnación “de actos emanados por la institución universitaria demandada, es así que la pretendida revisión ante el fuero carece de sustento legal”.

En esa línea recordó que el Instituto Universitario Patagónico fue creado por ley provincial y que obtuvo reconocimiento del Poder Ejecutivo Nacional a través del decreto de Necesidad y Urgencia N°812/15, en el marco del artículo 69 de la LES, que establece las condiciones para que los títulos y grados otorgados por las instituciones universitarias provinciales posean los efectos legales previstos en ella. También destacó que el Ministerio de Educación aprobó el estatuto del IUPA y recordó que, conforme el artículo 2 de la 24.521, “las provincias son responsables de la supervisión, fiscalización, financiamiento, etc. de las universidades provinciales”.

La decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca

Al resolver la cuestión, los camaristas Mariano Roberto Lozano y Richar Fernando Gallego coincidieron con los argumentos del MPF y rechazaron la acción directa presentada, al considerar que la justicia rionegrina era competente para resolver la causa.

En su voto, el juez Lozano sostuvo que “el elemento que determina la intervención del fuero de excepción -o no- está referido a las personas que actúan como partes en el proceso”. Así, consideró que para acceder a la impugnación prevista en el artículo 32 de la LES “resulta determinante reunir la calidad de ‘institución universitaria nacional’”, las cuales “solo pueden crearse por ley de la Nación, con previsión del crédito presupuestario correspondiente y en base a un estudio de factibilidad que avale la iniciativa”, tal como lo indica el artículo 48 de la referida norma.

El camarista señaló que el IUPA “no solo no fue constituida por una norma dictada por el Congreso de la Nación sino que, además, para su funcionamiento depende económicamente de la provincia de Río Negro”, por lo que la institución “no reúne los aspectos que la propia ley 24.521 -que los accionantes pretenden aplicar, por cierto- exige para acceder al remedio previsto en el mentado artículo 32”.

Lozano también rechazó la intervención del fuero federal por aplicación del artículo 69 de la LES, ya que el reconocimiento del instituto universitario y de su estatuto —a través del DNU N°812/15 y la resolución 2753/15 del Ministerio de Educación— obedeció “al cumplimiento de los requisitos que la normativa exige para que los títulos y grados otorgados por el IUPA tengan los efectos legales contemplados en la LES”.

Así, concluyó que la justicia local es la competente para resolver las cuestiones planteadas, por lo que correspondía declarar la incompetencia de la Cámara Federal.

El recurso había sido presentado por el Sindicato de Trabajadores del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (SITRAIUPA) y por el apoderado de una lista electoral universitaria.

Por su parte el juez Gallego coincidió con su colega y la representante del MPF. En esa línea, destacó que el caso involucraba “decisiones atinentes a la organización y el funcionamiento institucional de una entidad universitaria creada por la Provincia de Río Negro, cuya naturaleza jurídica no se modifica por el reconocimiento otorgado por el Estado nacional en el marco de la Ley de Educación Superior”.

“La circunstancia de que una institución universitaria provincial deba adecuar su organización y funcionamiento a ciertas previsiones de la Ley 24.521 no conduce necesariamente a considerar habilitada la vía recursiva especial establecida en su art. 32, cuyo texto se refiere expresamente a las resoluciones definitivas de las instituciones universitarias nacionales”, añadió.

En esa línea recordó que la invocación de las normas nacionales —efectuada por los actores— “no alcanza, por si sola, para transformar esa controversia institucional en una causa comprendida en la competencia federal”.

De esa forma, concluyó: “el reconocimiento nacional del IUPA y la aplicación de determinadas disposiciones de la Ley 24.521 no bastan para someter los actos institucionales aquí cuestionados al conocimiento directo de esta Cámara, por la vía especial intentada”.