El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°2 condenó a 7 años de prisión a un hombre de 64 años que, bajo la fachada de trabajar como representante de modelos y promotoras, promovió y facilitó la prostitución de dos mujeres y explotó sexualmente a otras dos, luego de haberlas contactado ofreciéndoles falsas ofertas laborales, entre julio y octubre de 2014.

En el debate intervino el titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Diego Luciani, quién había solicitado una pena de 9 años de prisión y el decomiso del inmueble donde vivía el imputado.

El técnico en refrigeración Sergio Daniel Velazco (64) fue condenado el 15 de octubre pasado por dos hechos de promoción y facilitación de la prostitución de una persona, y la explotación económica del ejercicio de la prostitución de otras dos mujeres. En su resolución, el juez Jorge Gorini —quien conformó de manera unipersonal el tribunal— consideró que la conducta del imputado debía agravarse “en razón de haberse abusado de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban cada una de las víctimas”.

Además, en línea con lo postulado por la fiscalía, el magistrado federal dispuso una reparación económica de 2.302.800 pesos para cada una de las damnificadas. La cifra deberá actualizarse, al momento de su percepción, por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) establecido por el INDEC.

El caso

La causa tramitó ante la Fiscalía Federal N°10 a cargo de Paloma Ochoa y se inició a raíz de un allanamiento practicado el 24 de octubre de 2014 por personal del Área de Cibercrimen de la Superintendencia de Investigaciones de la por entonces Policía Metropolitana, en el domicilio que habitaba el imputado, en la calle José  A. Terry al 300, del barrio de Caballito. El procedimiento se ordenó en el marco de una causa por amenazas a una jueza civil. En esa oportunidad, se rescató a una de las víctimas y se incautó documentación y efectos que permitieron individualizar a las otras tres mujeres.

Durante el allanamiento se secuestró una carpeta con la lista de servicios y tarifas que ofrecía el imputado. - Foto: Fiscalía General N°1 ante los TOCF la Capital Federal

En base a las pruebas recabadas durante la investigación y que luego fueron expuestas en el debate, la fiscalía estableció que Velazco captaba y reclutaba personas a través de la publicación de ofertas laborales en páginas de internet o bien a través de la búsqueda directa de personas en diversas bolsas de trabajo de internet. Luego, contactaba a las mujeres, a las que les solicitaba fotografías y las citaba en su domicilio para entrevistarlas.

Durante la entrevista, Velazco les informaba que debían prostituirse y precisaba los términos y condiciones, al tiempo que destacaba los beneficios económicos que percibirían. Ante su desesperación de conseguir empleo, las mujeres aceptaban la propuesta, para lo cual debían asistir al domicilio de Velazco y esperar que los clientes se contactaran “para concretar un ‘encuentro sexual’, al que generalmente asistían acompañadas por el imputado. Luego de la cita, las víctimas debían entregarle parte del dinero percibido.

El imputado había preparado un cuestionario que las víctimas debían hacerle a los clientes cuando las contactaran para concertar las citas. - Foto: Fiscalía General N°1 ante los TOCF la Capital Federal:

El alegato de la fiscalía

El debate oral comenzó el 1° de julio pasado y se extendió por varias jornadas. En ese marco, el fiscal general Luciani explicó en su alegato que la documentación, las imágenes y los videos obtenidos de dispositivos secuestrados evidenciaron que el “modus operandi desplegado por Velazco consistía en desarrollar avisos en diferentes páginas web, promocionar los servicios sexuales que serían llevados a cabo por las mujeres que él entrevistaba y fotografiaba; y los servicios sexuales por los cuales, además, en algunos casos él se benefició económicamente”.

También se estableció que el imputado había registrado a su nombre diversos dominios de páginas web, en los que ofrecía los servicios de las víctimas y otras mujeres.

“Sergio Daniel Velazco promocionaba, facilitaba y explotaba económicamente la prostitución de mujeres; cuanto menos, de las que han podido ser identificadas como víctimas en la presente causa”, afirmó en un tramo de su exposición.

“El presente caso demuestra irrefutablemente cómo las conductas desarrolladas por el imputado, aprovechándose de las necesidades económicas de las víctimas, efectivamente derivaron en una clara afectación de su libertad sexual y dignidad, al haber sido determinadas a ofrecer su cuerpo a cambio de dinero”, enfatizó el fiscal. Añadió que, si bien las víctimas declararon haber prestado su consentimiento, este “se encontraba totalmente viciado, teniendo en cuenta, precisamente, que, también todas ellas, manifestaron haberlo hecho debido a la compleja situación socio-económica que las apremiaba”, agregó.

Luciani destacó que la conducta desplegada por Velazco para que las víctimas se prostituyeran ”implicó que las mujeres fueran sexualmente cosificadas; esto es, tratadas como una mercancía u objeto de comercio en condiciones lesivas de su dignidad e integridad”. A su entender, el hombre “condicionó a las 4 víctimas a mantener relaciones sexuales con él, como estricto requisito para poder prostituirse a su amparo, y así percibir los ingresos económicos que tanto necesitaban”.

Finalmente, Luciani requirió la reparación económica para las cuatro víctimas y el decomiso de la vivienda donde residía el imputado debido a que fue empleada para la comisión de los delitos, ya que allí era donde entrevistaba y fotografiaba a las víctimas.

La condena

En los fundamentos de la sentencia, que se conocieron el 3 de noviembre pasado, el juez federal Gorini señaló que no existía razón para dudar de los dichos de las víctimas, ya que constituían “una prueba trascendental” en el marco de lo estipulado en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en la Ley N°26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en los ámbitos en los que desarrollan sus relaciones interpersonales. Añadió que los hechos juzgados se suscitaron “en un contexto de violencia de género”.

El magistrado también indicó que en lo que respecta a la promoción y facilitación de la prostitución ajena “puede afirmarse que las cuatro víctimas de autos fueron contestes en sostener que, al entrevistarse con Velazco les hizo saber que el aviso de promotoras o modelos vip para los cuales habían aplicado con sus curriculum vitae en realidad se trataba de un servicio de acompañantes para tener relaciones sexuales con clientes prostituyentes; que para ello les efectuaría fotografías con lencería y en poses eróticas las cuales serían subidas posteriormente a las páginas web”.

“En pos de mantener el control de la actividad ejercida por las víctimas el encausado era el único que manejaba el teléfono celular de contacto que él consignaba en los avisos publicitarios, hacía un seguimiento de las llamadas y mensajes de textos, para evitar que las víctimas pudieran convenir con clientes por cuenta propia, fuera de su conocimiento”, recalcó Gorini.

En su resolución, el magistrado federal consideró que la conducta del imputado debía agravarse “en razón de haberse abusado de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban cada una de las víctimas”.

En esa línea, el integrante del TOCF 2 remarcó que “era Velazco quien se ocupaba de promover y facilitar la prostitución de las víctimas, induciéndolas a iniciarse en dicha actividad, colaborando con su publicidad y la captación de los clientes respecto de las cuatro víctimas”. Además, sostuvo que en relación a dos de las víctimas “fue él quien explotó el trabajo que ejercieran en el circuito prostibulario, apropiándose de una parte de los pases que efectuaban”.

De esa forma, “logró mantener a las víctimas bajo su dominio, con plena conciencia de la situación de vulnerabilidad en las que se encontraban, las penurias que estaban padeciendo, el apremio económico y la promesa de ganancias que de otro modo no podían obtener en razón a la coyuntura en la que se encontraban inmersas”.

“En definitiva, la intervención personal del nombrado en cuanto a la provisión de clientes, la coordinación y supervisión de los encuentros y, especialmente, la percepción de un porcentaje del dinero obtenido, constituyen circunstancias que, apreciadas integralmente, permiten encuadrar su conducta en la figura de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena”, destacó el magistrado federal en el fallo.

Si bien condenó a Velazco y ordenó una reparación económica de las víctimas, no coincidió con el decomiso del inmueble, ya que consideró que no se pudo acreditar que fuera propiedad del imputado, por lo que una acción en tal sentido afectaría “la propiedad de un tercero ajeno al proceso sin tener una razón plausible que lo justifique”.