Requerimiento del fiscal federal Matías Di Lello

San Nicolás: solicitaron juicio oral para un dirigente social acusado de extorsionar a 26 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo

El imputado es Néstor Roque Frangolini, referente de la agrupación Libres del Sur. Según la acusación, les exigía un porcentaje de la prestación bajo amenazas de suspenderles el beneficio si no pagaban o no asistían a marchas y actividades políticas. En enero de 2024 recibió 110 transferencias de personas vulnerables. La investigación se inició en la UFISES a partir de una denuncia vinculada a una publicación periodística.

El fiscal federal Matías Felipe Di Lello, titular de la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, solicitó la elevación a juicio de la causa en la que un dirigente social de la agrupación Libres del Sur de esa ciudad bonaerense está acusado de extorsionar a 26 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, a quienes les exigía un porcentaje del dinero que cobraban a cambio de gestionarles el acceso y la permanencia en el plan.

El requerimiento fue firmado el 4 de noviembre pasado por Di Lello, quien consideró concluida la instrucción y pidió que el imputado, Néstor Roque Frangolini, de 62 años, sea juzgado por 26 hechos de extorsión en concurso real.

Según la acusación, Frangolini, en su condición de referente de la organización social Libres del Sur, exigía a los titulares del programa el pago de una parte de la prestación. Los hechos ocurrieron entre el 11 de abril de 2023 y el 9 de enero de 2024.

La investigación determinó que el dirigente reclamaba las sumas bajo amenazas de suspender o dar de baja el beneficio si los destinatarios no transferían o entregaban el porcentaje establecido, o si no concurrían a determinadas manifestaciones, actos y actividades a las que eran convocados.

El listado de beneficiarios que efectuaron los pagos, las fechas, los importes, los testimonios y las distintas pruebas reunidas durante la pesquisa fueron detallados en el requerimiento presentado ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Nicolás, a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo.

Entre los fundamentos, el fiscal Di Lello consideró que “existen elementos de convicción suficientes para requerir la elevación a juicio, ya que se ha logrado conformar un plexo probatorio, integrado por prueba testimonial, documental e incluso pericial, cuya ponderación permite considerar acreditada la ocurrencia de los hechos, su relevancia penal, grado de desarrollo e intervención del imputado”.

La prueba reunida

En mayo de 2025, Frangolini ya había sido procesado por el delito de extorsión —previsto y reprimido por el artículo 168 del Código Penal— en calidad de autor y por 26 hechos en concurso real. Esa resolución quedó firme.

Para la fiscalía, quedó acreditado que el dirigente solicitaba a los beneficiarios dinero en concepto de “colaboración”, “contribución” o “aporte”, bajo amenazas de suspender o dar de baja el programa si no lo entregaban o si no asistían a las marchas y movilizaciones a las que eran convocados, en un marco de actividades políticas.

Para el fiscal Di Lello, con su conducta, Frangolini “vulneró la libertad de cada una de las 26 personas, a quienes intimidó con la finalidad de que pusieran a su disposición el dinero que les reclamaba”.

De acuerdo con los peritajes, el dinero era recibido por Frangolini en una cuenta bancaria personal y también en efectivo, durante las reuniones convocadas por la organización o en sus oficinas.

El análisis de los resúmenes de cuenta entregados por una entidad bancaria permitió confirmar que el dirigente recibía periódicamente numerosas transferencias de distintas personas, por montos que oscilaban entre los 1.000 y los 34.000 pesos. En enero de 2024 recibió 110 transferencias y registró un saldo a favor de 1.100.000 pesos.

La situación de los beneficiarios

Para Di Lello, con su conducta, Frangolini “vulneró la libertad de cada una de las 26 personas, a quienes intimidó con la finalidad de que pusieran a su disposición el dinero que les reclamaba”. Y agregó que “se vislumbra en su accionar la finalidad patrimonial perseguida, así como también la incidencia ejercida por sus amenazas en el comportamiento de los beneficiarios de los planes sociales”.

Asimismo, remarcó que “ante las extorsiones manifiestas que formulaba, causaba temor de perder el ingreso con el que cada uno de los beneficiarios sustentaba su hogar”, por lo que “los afectados realizaron transferencias bancarias y/o entregas de dinero en mano al imputado o sus intermediarios”. El fiscal recalcó que “ambas acciones fueron determinadas coactivamente a las víctimas por Frangolini”.

Con la investigación concluida, la fiscalía dio por acreditada la materialidad de los hechos. “Además de típico, los hechos resultan antijurídicos. No se advierten elementos que permitan considerar la presencia de alguna causal de exclusión de la culpabilidad”, puntualizó Di Lello al solicitar la elevación a juicio.

Una nota periodística, el origen de la investigación

El expediente se inició en la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuan, a partir de hechos expuestos en una nota periodística publicada por el diario Clarín el 30 de enero de 2024.

La publicación daba cuenta de presuntas irregularidades en la gestión del programa Potenciar Trabajo en San Nicolás, vinculadas al dirigente de Libres del Sur. Posteriormente, por razones de jurisdicción, intervino la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, a cargo del fiscal Di Lello.