El fiscal general Antonio Gustavo Gómez, interinamente a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, requirió investigar si autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU) tucumano utilizan el organismo y empresas constructoras para realizar estafas en perjuicio del Estado Nacional y de los adjudicatarios de las viviendas.

El representante del MPF inició la investigación de oficio, a raíz de una serie de notas periodísticas, en las que la senadora nacional Silvia Elías de Pérez refería que el IPVDU de Tucumán sería utilizado por sus autoridades y empresas constructoras para realizar estafas al Estado Nacional. Al efecto, señalaba la existencia de facturas millonarias y testaferros, en el marco de un sistema de gestión paralelo al de la institución oficial, que dirige Gustavo Durán.

En tal sentido, la legisladora sostuvo que habría dos coordinadores: "Uno es Lucas Barrionuevo (Coordinador de Programas Federales del Ipvdu) y otro es Miguel Jiménez Augier (coordinador de Planeamiento Habitacional del Ipvdu)". Indicó que "uno maneja el tema de la adjudicación de las obras y otro, la adjudicación de las viviendas", citó el fiscal en su presentación a la funcionaria. Además, en sus declaraciones, Elías de Pérez señaló que Barrionuevo habría adquirido la empresa "Marán Constructora S.R.L.", que resultaba ser beneficiaria de contrataciones directas hechas por Durán por un monto de 50 millones de pesos, al tiempo que indicó que los presuntos prestanombres de la empresa serían Sebastián Alejandro y Darío Martín Nieva.

“La obra pública encarecida por las supuestas maniobras mencionadas tiene no sólo como víctima al Estado Nacional sino también a los adjudicatarios de las viviendas, que deberán pagar una suma mayor a la que hubiese correspondido si el trámite hubiese sido regular y transparente”.

La senadora señaló además en la denuncia que las obras eran financiadas por el Estado Nacional, que giraba los fondos, y ante quien debía rendirse cuentas periódicamente y previa certificación de obras que, al parecer, resultarían ficticias o estarían adulteradas.

De acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía, la empresa constructora habría cobrado montos millonarios que no ingresaron en el patrimonio societario, por lo que “el hecho puntual a investigar, que así se presentaría tiene dos alternativas: o se pagaron sobornos o se evadieron tributos y cargas sociales”.

En ese sentido, el fiscal Gómez requirió que se investigue si las personas señaladas incurrieron en los delitos de estafa al Estado Nacional, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociación incompatible con la función pública, lavado de activos y evasión agravada, al tiempo que solicitó informes a diversos organismos públicos para que aporten información que permita echar luz sobre los sucesos denunciados.

Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que “la obra pública encarecida por las supuestas maniobras mencionadas tiene no sólo como víctima al Estado Nacional –cuyo patrimonio es el bien jurídico tutelado tanto por el delito de estafa como el de evasión- sino también a los adjudicatarios de las viviendas, que deberán pagar una suma mayor a la que hubiese correspondido si el trámite hubiese sido regular y transparente”.