La titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°4, Cristina Caamaño Iglesias Paiz, solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida contra una médica de la guardia de la clínica Sagrado Corazón, en orden al delito de homicidio culposo, por considerar que le brindó una indebida atención médica al paciente Guillermo Ignacio Gaute, de 19 años, quien falleció a causa de una hemorragia cerebral causada por un traumatismo.

El 11 de junio de 2015, Gaute cayó dese una escalera de dos metros de altura en el bazar donde trabajaba en la localidad bonaerense de Ciudadela, a raíz de lo cual fue trasladado al Hospital Ramón Carrillo, donde permaneció entre tres y cuatro horas, para retirarse del lugar sin ser visto por un neurólogo.

En la noche y dado que continuaba con dolores, Gaute concurrió a la Clínica Sagrado Corazón, donde le suministraron analgésicos y le dieron el alta. Sin embargo, a la madrugada, como el joven seguía con el padecimiento y presentó vómitos, sus tíos llamaron a una ambulancia que lo trasladó a la clínica, donde fue atendido por la imputada.

La médica interviniente ordenó que se le efectuara una tomografía computada de cerebro, sin contraste, y al obtener los resultados, consignó en la historia clínica que el paciente no evidenciaba ninguna patología y le dio el alta nuevamente. Sin embargo, Gaute falleció en la noche del 12 de junio. Del resultado de la tomografía efectuada se desprendió que el joven presentaba hematomas en su cabeza, que le produjeron una hemorragia cerebral que le causó la muerte.

El joven había golpeado su cabeza tras caer desde una escalera, a dos metros de altura, cuando se encontraba trabajando en un bazar de la localidad de Ciudadela.

La fiscal solicitó al Cuerpo Médico que analizase la historia clínica de la víctima. Los peritos concluyeron que el tratamiento suministrado en la Clínica Sagrado Corazón “no fue el adecuado para el diagnóstico que presentaba. En cuanto a lo referido con respecto si las altas que se le dieron en dos oportunidades pudieron haber agravado su estado de salud, cabe comentar que el cuadro que presentó evolucionó desfavorablemente llevándolo al óbito”.

En tal sentido, se concluyó que “en la primer consulta en el mentado nosocomio no se le realizaron estudios que hayan podido determinar un cuadro apropiado del estado de salud del posteriormente difunto”, mientras que en la segunda visita se le realizó una tomografía computada de la que surgen las lesiones cerebrales que presentaba, aunque “tales circunstancias no fueron volcadas en la historia clínica del paciente por la doctora que lo atendió” sino que, por el contrario, asentó que el hombre no presentaba lesiones, todo lo cual demuestra “la negligente atención que recibió Gaute tras el accidente que protagonizó”.

En base a las pruebas colectadas, la fiscal Caamaño sostuvo que “ha quedado demostrado a las claras el nexo causal existente entre la negligente atención médica que recibió Gaute tras el accidente que protagonizó y el fallecimiento del nombrado, por cuanto de la autopsia sobre el mismo surge que el deceso se produjo por traumatismo encefalocraneano y hemorragia interna. Así se determinó que la acusada actuó de forma negligente e imperita, sin observar los deberes a su cargo –que le correspondían como profesional de la salud-, ya que al tomar contacto con el paciente y conocer los síntomas que padecía, efectuó un incorrecto diagnóstico” que desencadenó el deceso.

"Al tomar contacto con el paciente y conocer los síntomas que padecía, efectuó un incorrecto diagnóstico", acusó la fiscal Caamaño a la médica de la guardia de la Clínica Sagrado Corazón.

Asimismo, la representante del Ministerio Público Fiscal señaló que en su indagatoria la imputada manifestó que se hizo un preinforme, a partir de la tomografía realizada a Gaute, del que se desprendía que éste no presentaba patologías, al tiempo que negó haber visto el informe definitivo que el sistema reemplaza automáticamente por el primero, del cual surge que la víctima poseía una hemorragia interna. “Al respecto, nótese que si bien la doctora desconoció haber observado el informe final, lo cierto es que ella tuvo la posibilidad de analizar las imágenes que se obtuvieron del estudio practicado, de las cuales se desprende el mismo resultado que el informe definitivo, lo que evidencia a las claras que si la galena hubiese analizado correctamente las mismas, habría arribado a la misma conclusión que el informe definitivo y consecuentemente haber asistido médicamente al paciente de madera adecuada, evitando así su deceso”.

La fiscal Caamaño consideró que la médica debía ser sometida a juicio oral como autora penalmente responsable del delito de homicidio culposo, por cuanto “el error en el diagnóstico provisorio y la falta de realización de estudios complementarios y de mayor complejidad, implican una violación al deber objetivo de cuidado, al haberse apartado de las reglas del buen arte de curar”.