Sergio Leonardo Rodríguez -titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)- y Luis Arocena -integrante de la Secretaría de Coordinación Institucional del Ministerio Público Fiscal- participaron del Primer Encuentro de la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Corrupción, organizada por  Ministerio Público Federal de Brasil los pasados 6, 7 y 8 de agosto en la ciudad de Brasilia.

Del encuentro también participaron fiscales y representantes de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Portugal, República Dominicana y Uruguay, que integran la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Las primeras dos jornadas fueron destinadas al evento “Diálogos: La cooperación internacional en la lucha contra la corrupción”.

En dicho marco, se desarrolló el debate moderado “La cooperación jurídica internacional como instrumento de lucha contra la corrupción en los países: experiencias, sucesos, desafíos”, que estuvo organizado en cuatro paneles. En el primero de ellos, se abordaron los “Límites y desafíos de la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción” donde expusieron las representantes de Brasil y Paraguay, Denise Abade y Soledad Machuca, moderó Luis Fernando Lessa e intervinieron en el debate posterior la presidenta de la AIAMP, Kenia Porcell, Luis Arocena y Carlos Meléndez, representantes de Argentina y Costa Rica, respectivamente.

Con relación a esta temática, en especial en lo que respecta al intercambio de informaciones y pruebas vinculadas con los casos Lava Jato y Odebrecht de Brasil, el representante del Ministerio Público Fiscal Nacional describió el trabajo liderado por la Procuración General de la Nación, coordinado con fiscales y distintas instituciones nacionales con competencia el tema, a fin de analizar y consensuar los compromisos que los fiscales locales podrían asumir para recibir esa prueba. Ello, según explicó, para avanzar luego a nivel internacional, el proceso de diálogo bilateral con el Ministerio Público Federal de Brasil para superar las limitaciones dadas por los marcos normativos y principios jurídicos de ambos países, que permitirán en un futuro cooperar más ágilmente en los casos en investigación.

En el segundo panel, sobre “Buenas prácticas y casos emblemáticos del uso de la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción” expusieron el fiscal Sergio Rodríguez y Mónica Granados –representante de Colombia-, con la moderación de Carlos Bruno Ferreira. El Dr. Rodríguez describió las funciones de la Fiscalía Especializada que dirige, reafirmo las palabras de la presidente de la AIAMP en cuanto a la valentía que hay que tener para impulsar casos que tienen un impacto directo contra el poder. Asimismo se refirió a los procesos en los que han venido interactuando con autoridades colegas de Brasil, destacó la importancia del uso de las técnicas modernas de cooperación. Resaltó por último la importancia de fortalecer la autonomía de los Ministerios Públicos Fiscales. Tras ello, tuvieron lugar los restantes paneles sobre “Medidas para tornar más efectiva la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción” y “Coordinación e intercambio de informaciones – el rol de las Redes de Cooperación Internacional”.

Durante el segundo día del encuentro se suscitaron tres conversatorios que versaron sobre “Estrategias para una efectiva cooperación internacional. La experiencia en el caso Lava Jato: sucesos y desafíos”, en el que participaron representantes de los núcleos de los equipos de trabajo Curitiba, Rio de Janeiro, San Pablo y Brasilia abocados a la investigación de los hechos vinculados con el caso Lava Jato y sus desmembramientos, “Rastreo de activos: Experiencias nacionales, usos y beneficios, problemas y desafíos” y el último sobre “Redes de cooperación jurídica internacional como instrumento combate a la corrupción: creación y desarrollo”, en el que Luis Arocena presentó e invitó a los presentes a participar de la iniciativa para la conformación de la Latin America and Caribbean Anti-Corruption Law Enforcement Network, impulsada por el Ministerio Público Fiscal argentino, junto con la secretaría del Grupo de Trabajo Anti soborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El tercer día fue dedicado a la I Reunión de Trabajo de la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Corrupción. Los trabajos estuvieron bajo la coordinación de Cristina Schwansee Romanó -Fiscal Jefe de la Unidad de Cooperación Internacional del MPF de Brasil-, que presentó una propuesta en el marco del Programa de la Unión Europea para la Cohesión Social en América Latina (EuroSociAL+) dentro de la línea de acción sobre buen gobierno y lucha contra la corrupción.

Los presentes participaron de diversos debates, cuyas conclusiones se volcaron en la “Declaración de la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Corrupción”. En dicho documento los participantes decidieron reafirmar la importancia de la cooperación internacional como herramienta de lucha contra la corrupción; impulsar la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Corrupción, como espacio de cooperación internacional, reconociendo la importancia del trabajo conjunto en la materia; promover la generación de un documento constitutivo de la red donde se plasme los principios y objetivos de la misma, dejando sentado los ejes sobre los que trabajará.

Asimismo, decidieron apoyar la generación de un Plan de Trabajo para el impulso inicial y el desarrollo de los objetivos y las acciones que se esperen de la Red; exhortaron a los países miembros de la AIAMP a que suscriban convenios bilaterales que definan reglas claras sobre el reparto de bienes vinculados a casos de corrupción; y se comprometieron a reforzar la formación de Equipos Conjuntos de Investigación, según los límites dispuestos en los tratados y normas vigentes, con miras a conferir mayor celeridad y practicidad en la persecución de crímenes que involucren corrupción.

Además, los asistentes decidieron sistematizar una lista de buenas prácticas adoptadas por cada país, tales como la compilación de jurisprudencia y documentos relacionados al combate de la corrupción a nivel doméstico y regional.