El responsable de la Fiscalía Federal de San Luis, Cristián Rachid solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida contra cuatro hombres, que fueron interceptados en la localidad cordobesa de Saturnino María Laspiur, el 11 de febrero de 2017, cuando transportaban más de 2.600 kilos de marihuana ocultos en un camión Ford Cargo 1722.

La investigación

La pesquisa se inició en diciembre de 2015, cuando una investigación de la Fiscalía Federal de San Luis echó luz sobre los principales sospechosos, vínculos, modus operandi y los medios empleados por una organización constituida para el transporte interjurisdiccional de estupefacientes en cantidades de exportación. En razón de ello, el fiscal encomendó a personal de la Delegación San Luis de la Policía Federal Argentina, una serie de tareas de investigación que permitieron conocer el posible itinerario de la carga prohibida, que provendría de la República de Paraguay e ingresaría a nuestro país a través del paso fronterizo de la localidad formoseña de Clorinda, con destino a la región de Cuyo y su eventual exportación hacia la República de Chile.

En virtud de ello, el representante del Ministerio Público Fiscal, con colaboración de la Agencia Regional Cuyo de la P.F.A. –con sede en San Juan-, le solicitó al juez federal de San Luis, Juan Esteban Maqueda, que habilitara a los efectivos policiales a actuar en todas las jurisdicciones por las que pasaría el cargamento ilícito. Así, en la madrugada del 11 de febrero de 2017, se montó un control vehicular en la Ruta Nacional 158 –a la altura de la localidad cordobesa de Saturnino María Laspiur- que interceptó una camioneta Toyota Hilux, en la que viajaban dos de los imputados, los cuales quedaron detenidos.

Asimismo, horas después, llegó a la estación de servicio ubicada en el kilómetro 47 de dicha ruta, un camión Ford Cargo 1722, que era conducido por otro de los imputados en compañía de su hijo. Ambos hombres fueron apresados y, al requisar el camión, se hallaron 2.995 panes de marihuana -los cuales arrojaron un pesaje total de 2.622,428 kilos- ocultos en el chasis.

Tras ser indagados, en abril de 2017, el juez federal interviniente procesó a uno de los implicados como organizador de transporte de estupefacientes agravado por la participación organizada de tres o más personas, mientras que los otros implicados fueron procesados –dos de ellos como coautores y el restante como partícipe necesario- en orden al delito de transporte de estupefacientes agravado por intervenir en su comisión tres o más personas organizadas. Asimismo, y de acuerdo a lo requerido oportunamente por el representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación, el juez Maqueda decretó el secuestro y embargo preventivo de once vehículos -incluidos el camión utilizado para transportar la marihuana y cuatro camionetas Toyota Hilux- y cuatro inmuebles, a fin de asegurar la efectividad de las consecuencias jurídicas y patrimoniales del delito, al tiempo que se dispuso el congelamiento e inmovilización de los fondos existentes en el sistema financiero y la inhibición general de bienes registrables vinculados a los imputados.

A juicio

Ahora, en base a las pruebas colectadas durante la investigación –que incluyeron escuchas telefónicas y tareas de vigilancia- el fiscal federal requirió que los cuatro imputados sean sometidos a juicio oral por las mismas imputaciones por las que fueran procesados.

En su presentación, el representante del Ministerio Público Fiscal señaló que el imputado como organizador fue “quien configuró el plan criminal, organizó los medios y el aporte de cada interviniente previamente y quien, al semana de los hechos, los reunió en Clorinda para proceder al transporte prohibido, a la postre incautado”.

Asimismo sostuvo que “la existencia de una organización previa en procura de la provisión y transporte interjurisdiccional de estupefacientes en cantidades de exportación, para su posterior distribución en la región Cuyo y probablemente Chile, queda claramente expuesta con la extensa investigación que precedió al secuestro del cargamento ilícito, fundamentalmente de los resultados de las intervenciones telefónicas dispuestas en autos, por medio de las cuales se estableció que el imputado (…) tenía sendos contactos en las provincias de Formosa, San Luis, Mendoza y San Juan, que eran funcionales a la empresa criminal que organizó en miras al transporte interjurisdiccional ilícito de mención, desde la mencionada provincia de Formosa, previa importación desde el vecino país del Paraguay, con destino a la región Cuyo de nuestro país y probablemente a la vecina república de Chile”.

En su presentación, la fiscalía concluyó que “en un eslabón organizador intervino N.M, quien contactó a los distintos participes y coordinó sus funciones, su actuación fue decisiva para la configuración del plan criminal y la reunión y coordinación de los aportes consumativos; en esa organización se incorporaron N. y Z. padre, asumiendo cada uno la ejecución de tareas esenciales a la consumación de aquel plan, N. radicados en la región adonde se adquirió la droga y evidente actuación en ese ámbito de criminalidad, Z aportando el especial medio de transporte requerido para el traslado de la droga e incluyendo en la empresa criminal a su hijo, atento a la evidente necesidad de alguien de confianza que asistiera en las tareas de carga y custodia durante el largo viaje”.