En el marco de la XVII Reunión Anual de Fiscales, el jurista Alberto Binder y el procurador general de la Provincia de Salta, Pablo López Viñals, disertaron sobre los desafíos del sistema acusatorio para el Ministerio Público Fiscal. Ante el auditorio repleto de fiscales y funcionarios, Binder comenzó señalando la trascendencia de la aprobación de un nuevo código procesal de la Nación que instaura en el sistema federal y nacional el modelo acusatorio. Comentó que ese hecho tenía “un impacto muy grande”, debido a que propiciaba al “nacimiento de un nuevo Ministerio Público”. Sin embargo, destacó que desde el inicio de la actual gestión se venía trabajando en ese sentido, aunque con el “nuevo Código se produce un corte y nace una nueva institución que implica un nuevo desafío”.

Luego, detalló una serie de postulados que se van a instalar a partir de la llegada del modelo acusatorio. En este sentido, resaltó que desde el punto de vista de la mecánica procesal, se acentúan dos elementos fundamentales, “que la experiencia ha demostrado que se convertían en insoslayables para iniciar un proceso acusatorio: la primera es la completa oralización de todas las etapas del proceso. La segunda medida consiste en que los nuevos códigos tienen que tener una amplia cantidad de medidas alternativas de solución de conflictos. Si esto no sucede, no hay forma de evitar la sobrecarga de trabajo, lo que llevaría al fracaso del modelo acusatorio”.

Además, explicó una tercera característica del nuevo código, que responde a problemas de “tercera generación”: “se trata de aquellos problemas que surgen a partir de los resultados de la justicia penal en lugares en los que el sistema acusatorio ya existe”. En concreto, el jurista especializado en reformas procesales especificó que había que tener “un impacto del control de la criminalidad, para lo cual el trabajo coordinado con las fiscalías ordinarias de los estados provinciales colaboraría a solucionar estos problemas de impacto en la vida cotidiana de la gente en cada sector del país”.

Finalmente, remarcó que con la implementación del sistema acusatorio, la víctima cobra una nueva dimensión, “lo cual era necesario ya que se trata de un sector social mucho más extendido de lo que se cree y que tiene un espacio mucho más grande de dolor social que aquel que se puede concebir. El Ministerio Público es la gran institución para dar respuesta a ese dolor social que surge a partir de los delitos”.

Binder destacó que se está “trabajando en un Código que trae nuevas ideas, nuevas mecánicas, que, entre otras cosas, también va a permitir no judicializar todas las causas”. Este sistema acusatorio, a la vez “implica una nueva forma de ser fiscal, que no significa ser una única manera de serlo. Pero sí en cada figura de fiscal debe estar en mente todos estos nuevos principios que se incorporan”.

“Les hago una felicitación de poder ser partícipes de esto en lo que estamos trabajando hace mucho tiempo; va a desarrollar funciones sumamente importantes. Ustedes serán los protagonistas de un proceso de cambio que se da muy pocas veces. Manos a la obra”, concluyó.

Por su parte, López Viñals señaló que en Salta, la reforma se hizo porque había una profunda crisis del sistema penal, que era de raíz inquisitiva. En este sentido, alertó que había no sólo una crisis en la investigación, sino también en la gestión, que "no tomaba en cuenta la conflictividad social y los problemas que genera el delito. No puede haber un plan, en la medida que los jueces no pueden hacerlo, cosa que en cambio sí puede diseñar los Ministerios Públicos”.

El procurador general de Salta agregó que la implementación del sistema acusatorio trajo un alto nivel de “desformalización” y oralidad que colaboró eficientemente con la aceleración de los procesos. “Esto se debió, entre otras cosas, a que tanto en Salta como en el nuevo Código federal se plantea un control de la acusación horizontal donde se va a una audiencia en la que oralmente se formulan las oposiciones por las partes para que luego el juez adopte una decisión inmediata”, explicó.

Finalmente, López Viñals remarcó que todos los fiscales del Ministerio Público de la Nación “van a encarar una reforma histórica y van a ser partícipes de un hecho único”. Y más allá de los inconvenientes que al principio pueden surgir en la implementación, enfatizó en que “no hay que desalentarse ante sectores que no estén de acuerdo con la reforma, basta con el compromiso de los fiscales para obtener resultados exitosos en la implementación de un modelo que nos demandaba desde hacía mucho tiempo la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos”.