El fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía Federal Nº 2 de Morón, Leonel Gómez Barbella, apeló una resolución del 4 de diciembre pasado del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2 de Morón que declinó su competencia a favor del Juzgado de Garantías en turno en una causa en la que -según la denuncia que le dio origen- se investiga a una organización dedicada a la venta de estupefacientes a adolescentes y niños en esa zona del Conurbano. El juez federal había considerado que se estaba sólo ante una investigación de comercialización "al menudeo" y que el caso entonces correspondía a la órbita de la justicia ordinaria.

Pero el fiscal Gómez Barbella, quien cuenta con la asistencia de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), consideró que esa afirmación podría ser prematura. Al respecto, sostuvo que no puede decirse por ahora que en el caso se investigue al último eslabón de la cadena de comercialización, teniendo en cuenta las hipótesis a dilucidar sobre el modo en que podría llegar a operar la organización denunciada. "Menos aún cuando la propia denuncia identifica a quiénes distribuirían y venderían la droga”, precisó el fiscal. En ese sentido, Gómez Barbella postuló que la justicia federal debe continuar con el caso y fundó su posición en diversas dictámenes en la materia de la Procuración General de la Nación.

Al respecto, el representante del MPF recordó que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ha resuelto que la decisión sobre la competencia debe hallarse precedida de una adecuada investigación que permita individualizar los hechos sobre los cuales versa la denuncia, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que habrían ocurrido los hechos y las calificaciones legales que pueden ser atribuidas.

En este caso concreto, explicó el fiscal, la causa no se encuentra con una investigación precedida en la jurisdicción ordinaria que contribuya a establecer fehacientemente si el comercio es, o no, a gran escala o al “menudeo”. La jurisdicción federal es la que previno en la investigación y el fiscal entendió que deberían disponerse las medidas de prueba que ya ha requerido y aquellas que el juez considere pertinentes, con el objeto de avanzar en la búsqueda de la verdad.

La causa en la que se dirime actualmente la competencia se originó a raíz de una denuncia realizada por una persona que narró que, en un domicilio de esa zona, se comercializarían drogas destinadas a adolescentes y niños, y que también se llevaba a cabo la modalidad de distribución mediante "delivery". La identidad del denunciante fue mantenida en el anonimato, de acuerdo a lo establecido por la ley antidrogas (número 23.737) para personas que denuncien cualquier delito previsto por esa norma.

En ocasión de tomar la primera vista del expediente, el fiscal Gómez Barbella había entendido que se debía impulsar la acción penal, por lo que sugirió diversas tareas investigativas sobre los domicilios y lugares referidos en la denuncia, tendientes a corroborar su contenido e identificar a los responsables de la actividad ilícita.