22 de abril de 2021
22 de abril de 2021 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervinieron las unidades fiscales de Salta y Jujuy y las sedes descentralizadas de Orán y Tartagal
En plena cuarentena, las unidades fiscales y sedes descentralizadas en Salta y Jujuy ya concretaron 85 audiencias
La experiencia ganada desde el 10 de junio del año pasado -cuando el sistema acusatorio federal se implementó en esas provincias- permitió a los fiscales y sus respectivos equipos instrumentar nuevos protocolos y adecuarse con éxito a la emergencia sanitaria.

En 39 días, desde que se iniciaron las medidas de restricción en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, las unidades fiscales de Salta y Jujuy, junto a las sedes descentralizadas de Orán y Tartagal, solicitaron y concretaron 85 audiencias, que van desde la formalización de la investigación hasta condenas por acuerdo pleno. 

Desde la Unidad Fiscal de Salta, a cargo de Eduardo Villalba, destacaron que esa cifra -que indica un promedio de más de dos audiencias por día-, afianza al sistema acusatorio como el camino a seguir para un servicio de justicia mucho más eficaz, aún en escenarios inusuales y complejos como la emergencia sanitaria que se vive en el país por la pandemia del COVID-19.

Al respecto, el fiscal federal señaló algunas de las claves para responder a las necesidades que se plantearon tras las medidas dispuestas por el gobierno nacional en resguardo de la salud, lo que generó una enorme tarea no sólo de control, por parte de las distintas fuerzas de seguridad, sino también de persecución penal por parte de las fiscalías, tanto de Salta y Jujuy como las subsedes de Orán y Tartagal.

Capacidad

“La principal clave para obtener estos resultados sin dudas tiene que ver con la capacidad y esfuerzo de los fiscales, auxiliares y empleados de la Unidad, quienes desde que se implementó el sistema acusatorio se adecuaron rápidamente a una nueva modalidad de trabajo que, por cierto, es muy activa y exigente para todos”, evaluó Villalba. Por decisión de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Reforma del Código Procesal Penal, Salta y Jujuy fueron elegidas como las primeras provincias para la aplicación completa del Código Procesal Penal Federal, lo que sucede desde el 10 de junio de 2019.

Desde ese momento, la Procuración General de la Nación, a través de su titular interino Eduardo Casal, dispuso el acondicionamiento necesario del caso, tanto en materia edilicia como en recursos humanos y organizativos, pues se creó la Unidad Fiscal Salta, como el núcleo de las fiscalías federales del NOA. Asimismo, desde el Poder Judicial se instrumentaron también las herramientas acordes para este nuevo sistema, entre ellas la habilitación de la Oficina Judicial, que desempeña un rol clave al momento de programar las audiencias.

“Se rompió con aquella organización refleja del sistema mixto, en el que un fiscal trabajaba con un juez en compartimientos estancos. Ahora, todos los fiscales estamos en un pie de igualdad”, explicó Villalba

En cuanto al trabajo de la Unidad, Villalba explicó que “si bien la actividad se dividió en distintas áreas, como la de Casos Sencillos, Complejos, de Litigación y Comunes, lo cierto es que los fiscales, con los auxiliares y empleados, forman un equipo que desarrollan sus tareas en un plano de horizontalidad, en el que se comunican todas las decisiones y se logra mayor eficiencia”.

“Básicamente se rompió con aquella organización refleja, característica del sistema mixto, en el que un fiscal trabajaba con un juez en compartimientos estancos. Ahora, todos los fiscales estamos en un pie de igualdad, trabajamos en equipo en búsqueda de un resultado, que es lo que interesa en definitiva”, resaltó.

Esta nueva distribución y ritmo de trabajo permitió acumular más de 900 audiencias desde que comenzó a regir el CPPF en ambas provincias, lo que permitió un servicio de justicia más ágil, pues las herramientas del nuevo código así lo promueven.

Herramientas

“La agilidad responde no sólo al cumplimiento de los plazos establecidos en el código, que deben cumplirse a rajatabla, sino también a partir de la aplicación de otras herramientas de resolución de conflictos, como el proceso de flagrancia, la suspensión de juicio a prueba y procesos abreviados, los que en un marco de acuerdo pleno, permiten descomprimir la tarea en las fiscalías, sin que se regale nada”, señaló el fiscal.

“En esencia el sistema acusatorio se caracteriza por ser un proceso que importa una constante y fluida articulación entre sus distintos actores, pues el trabajo articulado entre jueces, fiscales, defensores e imputados, coordinado por una Oficina Judicial, permitió en plena cuarentena realizar 85 audiencias y lograr 9 condenas por narcotráfico, a través de acuerdos plenos”, graficó Villalba.

Al respecto, las fiscalías de Salta registraron 33 audiencias, mientras que Jujuy 28 y las subsedes fiscales de Orán y Tartagal tuvieron 15 y 9. Este número, indicó Villalba, responde también a la tarea de la Oficina Judicial, que se acomodó a las restricciones físicas vigentes y rápidamente instrumentó los medios tecnológicos para continuar con las audiencias de manera remota, con las partes e imputados desde sus residencias, oficinas y lugares de detención.

Por último, Villalba resaltó la vigencia de los principios rectores del sistema acusatorio, contemplados en el nuevo código de forma, que son "el reflejo claro" de la eficiencia de un modelo que, aún en circunstancias inesperadas y complejas, supo responder con éxito.

Para Villalba, “el nuevo código superó con creces las expectativas proyectadas, aún en condiciones tan extremas como las que se vive por la actual pandemia”

Principios

“La igualdad entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización están vigentes en todo momento, lo que permitió a las fiscalías atender y llevar adelante la persecución penal de una gran gama de hechos”, continuó el fiscal federal. Al respecto, explicó que las 85 audiencias respondieron a delitos "típicos" en la zona, como los de transporte de estupefacientes, trata de personas, contrabando de hojas de coca o mercadería y, desde la emergencia sanitaria por el COVID-19, las infracciones comunes por violación a la cuarentena obligatoria.

“Pero también se respondió ante hechos inusuales, como secuestro extorsivo, la asociación ilícita que llevaban adelante efectivos de la Policía Federal en Orán y también la reciente imputación a cinco personas por propagar el virus, el primer caso en todo el país”, agregó.

“Todo esto, bajo el sistema mixto hubiese sido imposible de obtener en el tiempo y con los resultados que el modelo acusatorio permite, por lo que se podría decir, a casi dos meses de cumplirse el primer año en vigencia, que el nuevo código superó con creces las expectativas proyectadas, aún en condiciones tan extremas como las que se vive por la actual pandemia”, concluyó el fiscal.