En un hecho atípico para la provincia de Salta, dos hombres fueron imputados ayer por la tarde por el delito de secuestro extorsivo, mientras un tercero es buscado intensamente. La fiscalía federal que encabeza Eduardo Villalba formalizó la investigación en una audiencia celebrada ante la jueza federal de Garantías Mariela Giménez. En el caso también colabora la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), a cargo del fiscal Santiago Marquevich.

Mediante el sistema de videoconferencia, con las partes desde sus casas u oficinas, el fiscal Villalba presentó el caso ante la jueza y la defensa oficial, que representó a los dos detenidos por el secuestro extorsivo de un joven, registrado el 15 de abril pasado en la capital provincial. Villalba explicó que todo se inició alrededor de las 18, cuando el joven salió de la casa de su madre, en la zona oeste de la ciudad, para dirigirse a la vivienda de un amigo, en intersección de Ameghino y Vicente López, donde había otros jóvenes, con quienes acordaron adquirir un kilo de marihuana.

De acuerdo a la exposición, el joven ofició de intermediario para contactarse con otro sujeto, a quien conocía por una red social y sabía que el mismo podía contactarlo con un vendedor. Tras hacer los arreglos del caso, el joven y sus amigos se trasladaron hasta las calles Almirante Brown y España, donde debía encontrarse con un hombre que le vendería el estupefaciente que buscaban. Esto, explicó el fiscal, sucedió frente a las oficinas del Registro Civil, donde dos amigas del joven descendieron del automóvil en el que se movilizaban los compradores y recibieron un paquete a cambio de lo cual pagaron lo convenido; la escena era seguida por otros dos hombres, que se movían en otro vehículo, y uno de ellos era la persona que hizo el contacto con el vendedor.

Tras culminar la compra, regresaron a la casa de Ameghino y Vicente López, donde descubrieron que no se trataba de marihuana, sino un ladrillo de pasto viejo y aprisionado. Ante el descubrimiento, los dos hombres que habían acompañado toda la transacción acordaron con el joven recuperar el dinero.

Convencido de que así sería, accedió a ir con ellos, quienes lo mantuvieron retenido y con amenazas de recuperar el dinero invertido, aunque posteriormente comenzaron con las tratativas de rescate mediante el pago de una suma de dinero.

Según señaló el representante del Ministerio Público Fiscal en la audiencia, se valieron del teléfono celular de la víctima, enviándole mensajes a su madre, a quien también llamaron para que escuchara llorar a su hijo y así asegurarse el pago del rescate, una suma que rondaba los 12 mil pesos. Estas  tratativas, según lo expuesto, se realizaron ya en la mañana del día siguiente. Villalba sostuvo que tras los primeros llamados, la madre del joven denunció el hecho y la fiscalía tomó inmediata intervención, solicitando captaciones telefónicas y otras medidas que permitieron detener a dos de los autores del secuestro extorsivo.

La negociación con los secuestradores llevó a un punto de encuentro para efectivizar el pago a cambio de la liberación, lo que sucedió en una plaza del barrio Castañares, en la zona norte de la ciudad. Allí, personal de Gendarmería Nacional, previamente apostado, logró la detención de los dos acusados. Uno fue arrestado cuando intentó llevarse el dinero que había sido dejado, mientras que el otro fue reducido cuando pretendía huir. Un tercer implicado, en tanto, logró escabullirse e ingresar a una vivienda que luego fue allanada, aunque no se pudo dar con él: ahora es buscado intensamente por su participación del hecho. Incluso no se descarta que haya más detenidos.

El joven secuestrado, en tanto, fue liberado a pocas cuadras del lugar del pago del rescate, en inmediaciones de la calle 92 y el pasaje Matorras Cornejo, en el mismo barrio Castañares, donde los secuestradores, al ver pasar un patrullero, decidieron liberarlo.

Presentación de la investigación y competencia federal

En su presentación, el fiscal resaltó la gravedad del caso, lo inédito del mismo y la necesidad de que sea esclarecido a fin de desarticular la organización criminal que opera detrás de esta clase de delitos. Señaló también la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich.

Villalba presentó las pruebas reunidas hasta el momento, solicitó la formalización de la causa, la prisión preventiva de los acusados y la autorización para seguir adelante con otras diligencias investigativas. Los defensores oficiales de los acusados, en tanto, realizaron un planteo de incompetencia de la justicia federal para seguir adelante con la investigación.

En respuesta a ello, Villalba postuló mantener la competencia federal en vista de las “evidentes pruebas” de que el caso se trata de un secuestro extorsivo; en ese sentido, también recordó la jurisprudencia que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene respecto a este delito, que es tajante al señalar que la investigación es de competencia federal. A su vez, resaltó el estado incipiente de la pesquisa, pues se llevan adelante numerosas diligencias a fin de profundizar el alcance de este delito y la supuesta participación de otros implicados, por lo que el caso debe mantenerse en la órbita del fuero de excepción.

Ante estos argumentos, la jueza decidió rechazar el planteo de la defensa oficial, hizo lugar a la formalización de la causa, dispuso la prisión preventiva de los dos detenidos, como así también autorizó otras pericias y diligencias en busca del esclarecimiento total del hecho.