Un conversatorio sobre el “sistema acusatorio y criminalidad organizada. Estrategias y experiencias” se celebró este jueves con la participación de funcionarios y funcionarias de los ministerios públicos fiscales de Argentina y Colombia, organizado por la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio (UNISA).

Durante la actividad, realizada a través de la aplicación Zoom y replicada por el canal oficial de Youtube del MPF, fiscales integrantes de la Fiscalía General de Colombia expusieron en torno su experiencia del abordaje del crimen organizado en el marco de un modelo acusatorio. Luego de las exposiciones hubo lugar a preguntas e intercambios con fiscales y operadores de las jurisdicciones judiciales de Salta -donde el modelo está vigente desde mediados de 2019- y Mendoza y Rosario, las próximas jurisdicciones donde está estipulado su inicio en función del cronograma gradual de implementación. También estuvieron presentes el fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, y la fiscal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano.

La actividad se orientó a propiciar un espacio de capacitación e intercambio entre colegas con experiencias consolidadas, por un lado, y quienes se encuentran iniciando -o a punto de iniciar- el camino.

El conversatorio se inició con las palabras de apertura del secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima. A continuación, Marisa Tarantino, de UNISA, efectuó las presentaciones de las funcionarias colombianas, que comenzaron con la exposición de la fiscal delegada de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de Colombia, Jeanet Patricia Peláez Ramos.

La fiscal expuso que la trata de personas y el tráfico de migrantes son dos de los fenómenos criminales con mayor incidencia en su oficina. Resaltó el funcionamiento del Centro Antitrata de personas que cuenta con el apoyo de los funcionarios de Migración Colombia, ya que -explicó- la trata de personas es de carácter trasnacional. “Este es el primer filtro para saber si una chica está siendo objeto de trata de personas”, indicó.

Peláez Ramos puso de relieve la importancia para su oficina de “atacar los activos de estas organizaciones” la relevancia de las investigaciones espejo, además de mencionar que las rutas predominantes en la trata de personas son China, España, Panamá y México. La funcionaria añadió que la dirección a su cargo adaptó los procesos investigativos a los tiempos de la pandemia de COVID-19.

Posteriormente expuso la fiscal subcoordinadora del Grupo Asesor Jurídico de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía General de Colombia, María Cristina Valencia Valencia, quien explicó que cuentan con una unidad de fiscales transnacionales que “investigan y judicializan a los autores y partícipes de conductas criminales, como así también incentivan programas de cooperación internacional y fortalecen y capacitan a los fiscales especializados”.

Añadió que existe una unidad de fiscales nacionales que adelantan investigaciones estratégicas, producto del estudio de casos y situaciones que provienen de la inteligencia militar-policial del grupo de análisis de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico.

En lo inherente a la organización funcional, mencionó que la actuación de estos fiscales está dividida en tres áreas: el fiscal itinerante, que es quien sigue la línea investigativa; el fiscal radicado, quien conoce los casos luego del desarrollo de los actos urgentes realizados por los fiscales itinerantes; y el fiscal de juicio, encargado de liderar los casos a partir de la presentación del escrito de acusación y/o preacuerdo.

Valencia Valencia resaltó que “el negocio criminal del narcotráfico ha sufrido transformaciones durante los últimos años y esto exige actualizar las estrategias de la institución, encaminadas a atacar los diferentes componentes de esta actividad ilícita”.

Finalmente, expuso la fiscal coordinadora del Grupo Asesor Jurídico de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, María Cecilia Jiménez Rodríguez, quien se refirió al sistema de redes de valor para definir objetivos de alto valor estratégico en la lucha contra el narcotráfico. Precisó que es importante atacar a cada uno de estos eslabones que lo conforman, que son la producción, el cultivo, la comercialización, distribución, consumo y lavado de activos.

Enfatizó que, con “casi medio siglo combatiendo al narcotráfico: no hay que atacar un solo nodo; al romper un eslabón, se rompe toda la cadena (...) Las nuevas formas de organización criminal giran en torno al ofrecimiento y producción de bienes y servicios especializados, haciendo necesario que las investigaciones se adelanten de manera analítica, integral y en contexto. El crimen organizado opera como un outsourcing o tercerización de servicios criminales. Por eso el fenómeno del narcotráfico debe ser entendido como un sistema de redes de valor”. En tal sentido, destacó la importancia de aunar esfuerzos transnacionales: “Pensarnos como una gran comunidad internacional”, propuso.