En el marco de una reunión de trabajo celebrada el viernes pasado, el titular de la Unidad Fiscal Federal de Salta, que encabeza Eduardo Villalba, y el responsable de la Procuración General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, efectuaron un balance del trabajo de cooperación -tal como lo promueve el Código Procesal Penal Federal-, que desarrollan ambos organismos. Así, resaltaron los logros alcanzados, hicieron ajustes y calibraciones, e impartieron instrucciones para avanzar en la investigación de otros hechos, entre ellos los “ciberdelitos”.

El encuentro se desarrolló en el Salón de Reuniones de la Procuración General local -ubicado en la ciudad judicial de Salta- con la participaron de investigadores y representantes de las divisiones especializadas de las distintas fuerzas de seguridad provinciales y federales, y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. En dicho contexto, las y los funcionarios destacaron las investigaciones desarrolladas y de aquellas que están en trámite, respecto a las técnicas y herramientas aplicadas, pero sin dar detalles del objeto procesal.

Como resultado de ello, se afianzó el uso de herramientas y recursos que brindaron resultados exitosos, pero por, sobre todo, se destacó la afinidad lograda, tanto en los niveles de toma de decisiones, como entre los investigadores de campo, los que hicieron aportes valiosos para optimizar las tareas conjuntas.

En tal sentido, el procurador García Castiella como el fiscal general Villalba resaltaron el clima de colaboración alcanzado, el que adjudicaron al acertado criterio previsto en los artículos 90 y 123 del Código Procesal Penal Federal, que facultan y obligan a los ministerios públicos a trabajar en cooperación contra el delito.

Así, el artículo 90, impone sobre el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el deber de promover “una amplia coordinación y actuación conjunta con los Ministerios Públicos Fiscales de las provincias”, para lo cual otorga la faculta de celebrar los convenios necesarios a tal efecto. Por su parte, el artículo 123, insta a que las investigaciones se lleven a cabo de manera “conjunta” y en un ámbito de “cooperación”, para lo cual se faculta a los fiscales federales a formar equipos de trabajo, tanto en una misma jurisdicción como fuera de ella.

“Consideramos que este deber de trabajar codo a codo, que llegó de la mano del sistema acusatorio, se vio cumplido ampliamente. Y esto no es porque nosotros lo digamos, sino basta con mirar los casos resueltos de manera conjunta y no sólo en materia de narcotráfico, que ya fueron varios, sino también en hechos de trata de personas y el secuestro extorsivo sufrido por un empresario local”, explicaron.

En la reunión, los asistentes recordaron el trabajo previo impulsado desde 2014, cuando el gobierno provincial adhirió a la Ley de Desfederalización de Drogas, oportunidad en la que se impulsaron “mesas de trabajo” entre la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) y la PROCUNAR NOA, lo que puso a Salta a la vanguardia en materia de investigación criminal.

“En base a ello, es que entendimos y decidimos avanzar para aplicar esta modalidad de trabajo sobre otros ilícitos, incluido los ciberdelitos, pues no podemos siempre ir por detrás. En estos últimos tres años, desde el 10 de junio de 2019, Salta y Jujuy han demostrado que la justicia, a través de la implementación del sistema acusatorio, puede dar respuesta a la sociedad y hacerlo en niveles de celeridad nunca antes vistos”, destacó Villalba.

Por su parte, García Castiella remarcó “la colaboración recíproca obtenida con la interacción y el aporte entre fiscales y equipos de investigación, lo que permitió lograr resultados exitosos, inobjetables y no suficientemente ponderados y visibilizados en el esclarecimiento de numerosos hechos criminales”.

“Tenemos el deber de anticiparnos en la ingeniería de potenciación en materia de investigación criminal, pues logrando el esclarecimiento de hechos violentos y de modalidades criminales inusitadas, se evita la impunidad y una respuesta contundente y sin fisuras de todas las agencias de investigación y persecución penal del Estado, ya sean federales o provinciales, ante la pretensión de instalación del crimen organizado”, resaltó el procurador.