La Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, a cargo de la fiscal Laura Mazzaferri, investiga un caso inédito en el distrito que involucra a dos adolescentes implicados en un presunto plan para atentar contra un establecimiento educativo.

Se trata del primer caso en la jurisdicción en el que son involucrados menores de edad no punibles en el marco del sistema acusatorio que rige allí desde el 7 de abril del 2025.

Uno de los adolescentes implicados tiene residencia en la ciudad bonaerense de Miramar y el otro, en La Quiaca, Jujuy. A instancia del MPF, el 30 de enero pasado se realizaron cuatro allanamientos en esos y otros puntos del país, con la intención de secuestrar elementos electrónicos y evidencias para avanzar con la pesquisa. Las medidas estuvieron a cargo del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina.

La investigación se originó a partir de un reporte remitido por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), que conduce el fiscal general Horacio Azzolin, en el que se alertaba sobre la posible planificación de un ataque violento contra un establecimiento educativo al que concurren niños y niñas.

De acuerdo con la información recibida, al menos dos de las personas implicadas en esas conversaciones eran adolescentes que, al momento de los hechos, aún no habían cumplido los 16 años, por lo que no resultan punibles conforme a la legislación vigente.

Además de las referencias a un eventual ataque armado, en los intercambios detectados en una red social se identificaron manifestaciones de violencia extrema y discursos de odio dirigidos contra determinados grupos sociales, raciales y religiosos.

El origen del caso

La investigación se inició a fines de abril de 2025, cuando el FBI alertó a la UFECI sobre una serie de usuarios de una red social que, durante los primeros meses del año, habrían mantenido conversaciones que podrían comprometer el orden público. En esos diálogos, los participantes se referían a una supuesta “masacre” y mencionaban la realización de un tiroteo en una escuela “llena de niños”, sin precisar el establecimiento. También se aludía a posibles actos preparatorios, como la adquisición de armas y prácticas de tiro.

Incluso, los interlocutores hicieron referencia por su nombre de pila a dos jóvenes estadounidenses responsables de un tiroteo escolar ocurrido en 1999. El reporte también dio cuenta de expresiones discriminatorias dirigidas contra distintos grupos sociales, raciales y religiosos.

A partir de esa información, la UFECI inició una investigación preliminar, con intervención de la DUIA, que permitió identificar direcciones IP y zonas de conexión. De ese análisis surgió que al menos dos de las personas que participaron de los intercambios eran menores de edad. Asimismo, se detectó la posible participación de al menos una persona más que operaría desde otro país de Sudamérica, situación que fue puesta en conocimiento de las autoridades de ese Estado.

Audiencia, allanamientos y resguardo de derechos

Dada la particularidad del caso, centrada en la edad de los adolescentes involucrados, previo a los procedimientos, se realizó el 28 de enero último una audiencia unilateral multipropósito, en la que la fiscal Mazzaferri solicitó, ante el juez de Garantías Santiago Inchausti, la autorización para llevar a cabo registros domiciliarios y, en forma paralela, requirió la inmediata intervención de la Asesoría de Menores con el objetivo de garantizar la protección integral de los derechos y garantías constitucionales de los jóvenes y hacer efectivo su derecho a ser oídos en su condición de menores de edad en cualquier momento del proceso.

El juez Inchausti hizo lugar a ambos pedidos y dispuso mantener en reserva las medidas autorizadas. En consecuencia, la Asesoría de Menores tomó intervención previa a la realización de los allanamientos y fue informada del desarrollo y de los resultados preliminares de las diligencias.

Según la hipótesis planteada por la representante del MPF, los adolescentes podrían haber sido captados por personas mayores de edad que habrían iniciado un proceso de radicalización progresiva, con el propósito de instrumentalizarlos para la eventual comisión de hechos graves que, en escenarios extremos, podrían poner en serio riesgo la seguridad pública.

Encuadre legal y líneas de investigación

En esta etapa inicial, y conforme se expuso en la audiencia celebrada el pasado 28 de enero, los hechos investigados podrían encuadrar en el artículo 213 bis del Código Penal, que reprime conductas vinculadas a delitos contra el orden público mediante la imposición de ideas por la fuerza o el temor, así como en el artículo 3 de la ley 23.592 sobre actos discriminatorios, en su forma agravada.

Más allá de este encuadre preliminar, el MPF también planteó la necesidad de profundizar la investigación en una posible arista patrimonial, vinculada al eventual financiamiento de este tipo de actividades, conforme lo previsto en el artículo 306 del Código Penal.

Para la fiscal Mazzaferri, el caso reviste una particular complejidad por el riesgo potencial para la seguridad pública. En ese marco, se arbitraron de manera inmediata las medidas necesarias tanto para investigar los hechos denunciados como para prevenir cualquier suceso que pudiera encontrarse en curso y evitar la eventual concreción de los hechos anunciados, así como interrumpir cualquier fase de radicalización en la que pudieran estar inmersos los jóvenes mencionados.