26 de noviembre de 2021
26 de noviembre de 2021 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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En el marco de la investigación por el cobro irregular del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)
Salta: imputaron a la titular de la filial local del PAMI y a un asesor de la ANSeS por peculado, concusión y malversación de caudales
Así lo dispuso la responsable del Juzgado Federal N°2, Mariela Giménez, al hacer lugar a la imputación provisoria efectuada por el fiscal Ricardo Toranzos, de la Unidad Fiscal Federal Salta. En un juicio, ex gerentes habían denunciado que los obligaban a entregar parte de sus sueldos en compensación de sus designaciones.

En el marco de la investigación seguida por las irregularidades en el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el titular del Área de investigación y litigación de casos complejos de la Unidad Fiscal Federal Salta, Ricardo Toranzos, imputó a la titular de la filial local del PAMI, Verónica Molina, y al asesor de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Marcos Vera, por los delitos de concusión agravada, malversación de caudales y peculado. Así, en la audiencia de formalización de la investigación, celebrada ayer, la responsable del Juzgado Federal N°2 de dicha jurisdicción, Mariela Giménez, hizo lugar a la imputación fiscal provisoria.

Cabe destacar que Vera es también investigado, junto a otros funcionarios públicos, por intentar cobrar el IFE, cuando no le correspondía.

La investigación

El 26 de marzo pasado, un testigo que pidió reserva de su identidad, denunció que los funcionarios imputados obligaban a los jefes de distintas agencias del PAMI, en Salta, a entregar el 20% de su sueldo, en supuesta compensación por sus designaciones, las cuales eran promovidas por la organización política “La Cámpora”, tal como surgió de las declaraciones brindadas en un juicio seguido a tres ex gerentes del PAMI, por el cobro irregular del IFE.

Por otra parte, de la presentación de audios, artículos periodísticos y otras pruebas técnicas, se logró establecer que el dinero recaudado a los funcionarios era redirigido a la filial salteña de la organización política, de la cual Vera era secretario general y desarrollaba tareas en el área de adoctrinamiento.

En su imputación, el fiscal Toranzos explicó que los imputados recibirían el dinero a través de un sistema interno de remisión de documentación, por lo cual se habrían valido de un mecanismo solventado por el Estado Nacional para concretar la maniobra delictiva. Agregó, que entre las pruebas recabadas hay un reciente informe remitido por el Banco de la Nación Argentina, del cual surge la existencia de numerosas transferencias recibidas por Vera, como así también otras operaciones, que serán analizadas en un peritaje contable.

Asimismo, el representante del MPFN, les imputó el delito de peculado, por la presunta entrega, a través del PAMI, de electrodomésticos donados por la Dirección General de Aduanas (DGA) para beneficio de 1.500 afiliados en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, de diversos artículos periodísticos surge que esos bienes eran distribuidos en actos de campaña del candidato a concejal de la capital salteña por el Frente de Todos, Fernando Duarte, quien también tendría lazos con “La Cámpora”.

En tal sentido, y más allá de revelar que las actuaciones se iniciaron por “noticia criminis”, el fiscal resaltó que consultaron con distintas personas que recibieron los electrodomésticos, las cuales corroboraron que se trató de “regalos” en el marco de la campaña electoral.

En un extensa presentación digital, el fiscal Toranzos solicitó un plazo de investigación de 90 días, dada la complejidad del caso, al tiempo que se abstuvo de solicitar medidas de coerción contra los acusados, en vista del comportamiento procesal demostrados hasta el momento. Remarcó que la investigación está en su etapa inicial y no descartó ampliar la imputación o variar la calificación legal.

Por su parte, las defensas de los acusados informaron que, por el momento, sus defendidos no declararían. Tampoco formularon planteos contra la acusación penal.

Finalmente, la jueza Giménez coincidió con la fiscalía, respecto a la etapa incipiente de la investigación, aunque afirmó que las pruebas expuestas permiten formalizar la investigación penal en los términos expuestos por el representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación.