Cada semestre la UFI AMIA presenta un informe sobre la labor realizada con la finalidad de ofrecer una descripción documentada de la marcha de la investigación del atentado, del juicio que se está desarrollando ante el TOF2 por las irregularidades en la pesquisa y de los otros procesos donde se investiga la participación en esa maniobra.

Entre los avances registrados en este período, se destaca la conclusión del examen genético sobre las muestras reunidas, realizado por el Cuerpo Médico Forense de la justicia nacional, el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Laboratorio de Huellas Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Este estudio meses atrás había permitido identificar a Augusto Daniel Jesús, la víctima N° 85. Recientemente, el trabajo reveló además que uno de los perfiles de las muestras reservadas en la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina no correspondía a ninguna de las víctimas registradas y motivó la adopción de una serie de medidas en el ámbito de la cooperación internacional en procura de un cotejo entre esta información genética y la correspondiente a familiares del individuo sospechado de perpetrar el ataque.

Durante este semestre, también se dictó el sobreseimiento de los imputados Alí Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani e Imad Fayez Moughnieh, tras corroborar a través de distintas fuentes su fallecimiento y se elevó a juicio el proceso seguido al ex comisario inspector Luis Vicat y a la abogada Marta Parascándolo, acusados de ejercer presión y amenazar a los ex policías de la provincia de Buenos Aires Alberto y Diego Barreda, Bautista Huici, Claudio Araya y Juan Roberto Maisú para que declaren en contra del ex comisario Ribelli y otros imputados en la investigación por el atentado contra la sede de la AMIA, mientras se encontraban detenidos por orden del ex juez federal Galeano. La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, por otro lado, instó al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 a resolver la situación procesal de los ex secretarios de Galeano.

La UFI AMIA insistió también con sus pedidos de desclasificación y cooperación internacional dirigidos a acceder a toda la documentación de utilidad para la investigación en poder de agencias estatales y servicios colaterales de inteligencia. Durante este semestre, la UFI AMIA acordó un protocolo de trabajo para acceder a los fondos documentales en poder de la PFA y consiguió así instrumentar una consulta que había sido habilitada 14 años atrás. En este período se dictó además el decreto 229/17 que desclasificó documentos reservados en la UFI AMIA y autorizó a las partes en los procesos conexos a acceder a esta información aunque instruyó a la UEI para intervenir en el proceso con un alcance que ha sido cuestionado judicialmente y que ha ocasionado demoras operativas.

Finalmente, el informe ofrece una reseña de algunas jornadas del juicio en trámite ante el TOF2, de las acciones implementadas para ordenar y regularizar el inventario de pruebas y normalizar las bases de datos y optimizar los sistemas de consulta y manejo de la información disponible, del trabajo realizado en relación a las capturas internacionales y el sostenimiento de las notificaciones rojas de Interpol y los pedidos de cooperación internacional pendientes y de los avances en la tarea del GERAD sobre los archivos y documentos desclasificados.