El informe de la UFI AMIA sistematiza y describe las medidas que a lo largo de más de dos décadas fueron facilitando el acceso a la información sobre el atentado y su encubrimiento y marcaron un necesario y progresivo viraje desde el secreto hacia la apertura. Del mismo modo, enuncia algunos de los desafíos pendientes y señala los problemas particulares de un proceso que, a pesar de las sucesivas gestiones emprendidas, se encuentra todavía inconcluso.
La indagación y análisis sobre fondos documentales antes reservados colabora a contextualizar el modo en que la información de inteligencia se produjo a lo largo de la investigación y puede contribuir a distinguir aquella producida con la intención de desviar la pesquisa —o que no fue puesta en conocimiento de las autoridades por la misma razón— de aquella certera y confiable. La reciente sanción de la Ley 27.275 sobre acceso a la información pública establece la obligación de proveer información en casos de graves violaciones de derechos humanos, sin excepciones, y podría abrir nuevas posibilidades para la concreción de este proceso.
Avances en la digitalización
Junto a la presentación del informe, los fiscales de la UFI AMIA también anunciaron la conclusión de la digitalización completa por parte del Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental (GERAD) de las 2047 carpetas de documentación de la ex SIDE remitidas a la UFI AMIA en 2005.
Con ello se cierra una etapa de casi un año de trabajo del equipo del GERAD durante la cual se escanearon y registraron más de 400 mil páginas de documentos de la Secretaría de Inteligencia sobre el atentado. Este material había sido enviado a la Unidad en 2005 pero su condición de información clasificada en los términos de la ley de inteligencia se había mantenido, lo que impedía que pudieran consultarlo las partes del proceso —por ejemplo, los representantes de las víctimas y sus familiares—.
El secreto persistió hasta marzo de 2015, cuando, a solicitud de la UFI AMIA se ordenó la desclasificación de la totalidad de estas carpetas y se puso a disposición, además, la documentación de otros tres depósitos identificados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre los que continúa el trabajo actualmente.
La tarea del GERAD, además de contribuir a la mejor preservación del material, permite acelerar el procesamiento de la información disponible y facilita el proceso de toma de decisiones sobre medidas de prueba aún viables. También potencia el acceso a la información y permite que los documentos sean consultados por las partes en este nuevo formato, o que incluso puedan ser empleados por el Estado para otros fines.