El juez federal Daniel Rafecas, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, e integrantes de las querellas de la causa AMIA -APEMIA, Memoria Activa y el Centro de Estudios Legales y Sociales- fueron recibidos el miércoles 6 de septiembre en la sede del Palacio Barolo por el fiscal federal cotitular de la Unidad Fiscal AMIA, Sebastián Basso, y el fiscal general a cargo del Área de Análisis de la Documentación de inteligencia desclasificada de esa unidad fiscal, Pablo Ouviña, en el marco de la inspección judicial dispuesta para constatar el traslado de los archivos de la exSIDE desclasificados por el Poder Ejecutivo Nacional para la investigación del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina.

La documentación trasladada, cuya gestión está a cargo del Ministerio Público Fiscal de la Nación, se encuentra en diversos soportes y formatos -cintas de audio y video VHS, DVD, CD y cajas que contienen documentos en papel- y ocupa dos subsuelos del histórico edificio situado en avenida de Mayo 1366 de la ciudad de Buenos Aires. Ambos subsuelos cuentan en total con más de 1200 estantes, a lo cual se suma un espacio del primer subsuelo destinado a la guarda de documentación en unidades contenedoras de grandes dimensiones, donde se emplazaron mesas de trabajo para la recepción, clasificación y, de ser necesaria, la intervención previa a la ubicación final de la documentación.

El volumen de la documentación trasladada asciende a 7634 cajas y 30 módulos metálicos con cajones que contienen cassettes. El personal de archivo calcula que un 90 por ciento corresponde a cassettes de audio. Para su gestión, este equipo de trabajo se organiza en tres grupos: uno realiza el registro e inventariado del contenido; otro la conservación, dedicado al acondicionamiento del material; y finalmente hay un grupo realiza la digitalización.

Los archivos contienen la investigación de la exSecretaría de Inteligencia del Estado desde el mismo día del atentado, cuando el entonces juez Juan José Galeano solicitó la colaboración del organismo en el caso. El contenido está compuesto por trabajos operacionales propios, reciprocidades y solicitudes de cooperación en materia de información con el resto de la comunidad internacional, y toda una serie de observaciones, informes, revisiones y exámenes confeccionados bajo el marco de reserva amparado por la actividad de inteligencia.

El traslado de la documentación de ambas "bases" al Palacio Barolo permitió reunir el material desclasificado en un mismo sitio, tarea que estaba pendiente hace más de siete años, para poder continuar con su acondicionamiento, análisis y digitalización.

La información alojada ahora en el Palacio Barolo proviene de tres depósitos de la central de inteligencia. Uno de ellos ya estaba en el mismo edificio histórico y está siendo procesado (acondicionado, inventariado, analizado y digitalizado) por el Área de Análisis (antes denominada GERAD) desde 2015. Los otros dos, recientemente trasladados, provienen de las "bases" del organismo situadas en las calles Salta, donde funcionó un depósito de la exDirección de Observaciones Judiciales, y Estados Unidos, sede de la exDirección de Contrainteligencia, y fueron traslados en julio y agosto pasado, respectivamente. En esta última, el personal del MPF no pudo realizar un trabajo previo de acondicionamiento, ordenamiento e inventariado como el que había realizado en el primero, por razones de seguridad explicitadas por la actual Agencia Federal de Inteligencia, que requirió restringir al máximo la permanencia de personal externo en el lugar. El traslado de la documentación de la denominada "base" Estados Unidos se dividió en dos, uno por cada depósito de esa sede, y se extendió durante dos y cinco días respectivamente, durante agosto pasado.

De esta manera, el Área de Análisis de la Documentación de la UFI AMIA estableció las pautas que debía seguir el personal que manipule el material, con el fin de asegurar la integridad y el respeto al orden original de los documentos. Las pautas fueron divididas por depósito, dado que el estado de guarda variaba considerablemente, y obligó a adoptar criterios distintos para cada caso, que permitieran conservar la cadena de custodia y la disposición original de la información, alojada tanto en ficheros, como muebles metálicos, cajas de cartón y polipropileno y bolsas. Ello incluyó la tarea de enumerar y fotografiar todo previamente para contar con un registro del estado del material en origen y la cantidad de unidades a trasladar. Las cajas y las bolsas fueron envueltas y selladas en papel film. En el nuevo destino previamente se trazaron marcas en el suelo para indicar los lugares donde serían apoyados los estantes y contenedores y, de esa manera, mantener su disposición original.

El traslado de la documentación que estaba resguardada en la denominada "base" Salta fue realizado en ocho viajes a principios de julio pasado. Gracias al trabajo de registro y acondicionamiento previo, el personal del MPF pudo elaborar protocolos de traslado detallados, los cuales establecieron el orden para la carga en los camiones, la cantidad de cajas apilables y el orden a seguir en la descarga. Además, se consideraron las pausas entre traslados para desarmar las estanterías vacías en las "bases" de la exSIDE y emplazarlas en el Palacio Barolo, para luego disponer la documentación en ellas. Para asegurar el proceso, se dividió el personal de archivo en dos equipos; uno en la base de la exSide encargado de dirigir y supervisar la carga de la documentación y otro en el Palacio Barolo, para coordinar la descarga y la ubicación de cada caja en el espacio previamente asignado.

Tanto en la "base Salta" como en la "base EEUU" cada camión fue cargado siguiendo las indicaciones del equipo de archivo. Una vez completo se cerró y aseguró mediante precintos numerados y fajas de seguridad.

De esta forma, el traslado de la documentación de ambas "bases" al Palacio Barolo permitió reunir el material desclasificado en un mismo sitio, tarea que estaba pendiente hace más de siete años, para poder continuar con su acondicionamiento, análisis y digitalización. Esa es una circunstancia que ha sido expresamente resaltada por sucesivos pronunciamientos judiciales de los magistrados a cargo de la investigación que indicaron, ante pedidos de sobreseimientos de imputados en la causa, su imposibilidad de resolverlos por no haberse agotado el análisis de la prueba. Es la tarea que ahora tiene en ciernes la Unidad Fiscal AMIA.

A través de los decretos 398/2003, 786/2003, 787/2003, 395/2015, 229/2017 y 213/2020, el Poder Ejecutivo desclasificó la documentación reservada en la entonces SIDE que poseía vinculación con la investigación del atentado a la sede de la AMIA.

Archivos desclasificados

El Poder Ejecutivo Nacional, a través de los decretos 398/2003, 786/2003, 787/2003, 395/2015, 229/2017 y 213/2020 tomó la decisión de desclasificar la documentación reservada en la entonces SIDE que poseía vinculación con la investigación del atentado a la sede de la AMIA y ponerla a disposición del sistema de administración de justicia y de las víctimas del ataque constituidas en partes querellantes, a efectos de posibilitar su relevamiento, selección y análisis.

En 2015, la Procuración General, a través de la Resolución PGN 1872/2015, dispuso la creación y puesta en funcionamiento en el ámbito de UFI AMIA de un Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental (GERAD). Este grupo tuvo la misión de ordenar la documentación desclasificada o que esté afectada a la investigación del atentado en los distintos expedientes en trámite, confeccionar las herramientas de descripción archivística útiles para la gestión documental (tales como inventarios, catálogos o índices), contribuir con los fiscales titulares en la identificación de la documentación relevante tanto para la investigación como para el esclarecimiento de los hechos desde el punto de vista histórico, adoptar los mecanismos pertinentes a fin de asegurar la adecuada custodia y guarda de la documentación objeto de revisión, sugerir la adopción de medidas tendientes a preservar la documentación y digitalizar documentos seleccionados.

En abril pasado, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, adoptó la Resolución PGN 13/2023 por la cual creó el Área de Análisis de la Documentación en el marco de la UFI AMIA y puso a su cargo al fiscal Ouviña. Tomó en consideración "la preocupación reiteradamente sostenida por las querellas en el sentido del impedimento de facto para acceder a información vinculada al atentado" y puso de relieve las consideraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe a la Corte IDH del 25 de marzo de 2021, por el cual el organismo internacional marcó que "el Estado Argentino no ha cumplido hasta la fecha con su obligación de garantizar a la parte peticionaria la accesibilidad a los archivos estatales donde se encuentran almacenada dicha información".

Casal repasó las obligaciones emanadas de la Ley N°27.372, de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos; la Ley 27.275, de Acceso a la Información Pública; y los tratados internacionales suscriptos por la Argentina. "Resulta adecuado, para que el derecho de las víctimas se encuentre efectivamente satisfecho y con el objetivo de contribuir a esclarecer lo sucedido y procurar efectivizar el derecho a la verdad, fortalecer, profundizar, jerarquizar y culminar el proceso de análisis de la documentación de inteligencia puesta a disposición de la Unidad Fiscal AMIA por el Poder Ejecutivo Nacional", indicó el titular del MPF.