A principios de abril de este año Julián Raimundo Mario López grabó un llamado desesperado por Twitter solicitando ayuda del Estado Nacional, ya que se encontraba en una situación familiar y económica muy acuciante. Había perdido su trabajo, que era el único ingreso familiar, y no recibía ninguna ayuda social. Tampoco había podido cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH) de sus cuatro hijos menores, ya que pese a que contaban con la documentación respectiva para acceder a ella, la pareja de Julián y madre de ellos, Olga Elizabeth Argañaraz (25) tampoco había sido inscripta en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y por ende nunca tuvo DNI, aunque desde hacía siete años que estaba tramitando judicialmente la inscripción tardía de su nacimiento.

El caso fue derivado a la Dirección General de Acceso a la Justicia del MPFN e intervino la dependencia de ATAJO en Moreno, ya que el hombre vive en el partido de San Miguel, en el conurbano bonaerense. Personal de dicha agencia se contactó con el hombre, se le requirió documentación de sus hijos y se confeccionó un informe de actuación que daba cuenta de la situación de vulnerabilidad del grupo familiar. El informe se remitió por oficio a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), para que tomara conocimiento de las circunstancias referenciadas por el señor López, junto a la solicitud de que se arbitraran medidas tendientes a remover los obstáculos burocráticos que le impedían cobrar la AUH de sus hijos.

Al mismo tiempo se confeccionó otro informe, a fin de dar cuenta a ANSeS, el Consejo de Políticas Sociales y el RENAPER de situaciones similares y los múltiples inconvenientes para el acceso a derechos que los distintos ATAJOs habían registrado en consultas como las descripta. Allí también se sugirió una serie de medidas tendientes a regularizar la situación de las personas indocumentadas.

Desde ATAJO, encabezada por Julián Axat, señalaron que hay un gran número de personas -de entre el 0,5 y el 2% de la población- cuyo nacimiento no fue oportunamente inscripto y en consecuencia carecen de documento de identidad. Esa situación dificulta el pleno ejercicio de derechos, el acceso a beneficios sociales y ocasiona múltiples inconvenientes a las personas indocumentadas. La Dirección General consideró que la circunstancia se agrava aún más en el aislamiento social obligatorio, ya que impide a quienes carecen de documentos a actuar como sujetos de derechos, quedando en una situación equiparable a la “muerte civil, ya que no hay peor violación de derechos humanos que obstaculizar el acceso al derecho de la identidad”.

La solución anunciada por el PEN a partir de los casos recibidos por ATAJO

La solución para el caso de Julián Raimundo Mario López y Olga Elizabeth Argañaraz, tanto respecto del cobro de asignación de sus hijos, como respecto a su situación documental, fue anunciada por el Poder Ejecutivo Nacional el jueves pasado, jornada en la que se conmemoró el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Se anunció la creación del Certificado de Pre-identificación (CPI), un instrumento para garantizar el derecho a la identidad de personas no inscriptas en el RENAPER y facilitar la identificación y emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El certificado -reseñó ATAJO- no acredita identidad y los datos consignados allí tienen carácter de declaración jurada. Además, tiene una validez de seis meses y luego de dicho período, en caso de que el solicitante aún no contare con su DNI, deberá exponer los motivos de la demora, a fin de que el RENAPER evalúe la prórroga, por única vez y por el mismo lapso de tiempo.